La Vega Baja sigue sin saber dónde meter la basura que generan sus 27 municipios, unos más que otros. El total ronda las 200.000 toneladas anuales y este verano pinta peor que nunca. Los consorcios de residuos de la provincia no quieren seguir recibiendo aportaciones extra de residuos del sur -que no cuenta con planta de eliminación propia- porque ya no dan abasto para asumir los de sus propias comarcas. Ante el problema que se avecina la supuesta "inactividad y pasividad" de la presidencia del PP del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible es el principal argumento que explica que 15 de los 27 municipios de la comarca, la mayoría bajo gobierno local socialista, hayan firmado una moción de censura registrada este martes para desalojar a la alcaldesa de Bigastro y presidenta de la entidad pública, Teresa Belmonte, de su cargo.
En rueda de prensa el alcalde de Dolores y secretario general del PSOE comarcal, Joaquín Hernández, que se postula a la presidencia, ha explicado el motivo de esta moción que, como avanzó INFORMACIÓN, es posible tras el cambio de gobierno en Orihuela ya que permite que el voto socialista ponderado entre los 27 municipios sea ahora a favor del PSOE. A ello se une el apoyo de la Conselleria de Transición Ecológica, que cuenta con el 25% del poder de decisión en el órgano consorciado, frente al 15% de la Diputación y el 60% de los municipios. El plazo de tramitación de la moción es de quince días hábiles por lo que el pleno en el que se producirá el relevo no se producirá hasta la segunda mitad de julio.
Para Hernández, muy crítico con la presidenta Belmonte durante los últimos meses, la gestión del consorcio está bloqueada y no ha avanzado en tres años en unas prioridades que pasan en primer lugar por la apertura de la planta de transferencia de Dolores, terminada desde finales de 2021 tras una inversión de 2,6 millones de euros por parte de la empresa pública de la Generalitat, Vaersa. Tampoco se ha establecido un canon unificado por tonelada de basura transportada y eliminada para los 27 municipios de la comarca. "Se mantienen los precios de forma individual por cada municipio, lo que beneficia a determinados municipios como es el caso de Bigastro", ha asegurado Hernández. "La carga administrativa del consorcio en estos tres años ha sido bajísima, ni siquiera se ha desarrollado la renovación del ecoparque de Torrevieja, donde gobierna el PP, que sí estaba contemplado, o el despliegue de los dos ecoparques móviles previstos. Tampoco se ha aprobado el plan de gestión comarcal", ha indicado, a lo que se suma la renuncia de funcionarios como el interventora del Consorcio. La fijación del canon se encuentra empantanada en la negociación entre el Consorcio y la empresa concesionaria UTE Vega Baja, la heredera de la Cespa-Ortiz de los procesos del Brugal que pese a su protagonismo en los sumarios judiciales mantiene, vía sentencia en firme, el contrato del servicio de recogida de residuos.
En una comparecencia a las puertas de la planta en la que han estado presentes responsables de la mayoría de los quince municipios, Hernández ha insistido en esa supuesta inoperancia del consorcio incluso a la hora de poner en marcha instalaciones fijas de separación de biorresiduos -la fracción de basura más convencional-, algo que ya incumple de forma sobrada la ley de residuos valenciana, estatal y europea y que puede limitar o bloquear el acceso de fondos europeos de reconstrucción en materia de gestión de residuos. Y eso que la Vega Baja cuenta con un articulado específico en el plan de residuos de la Comunidad Valenciana por su singularidad, ya que junto al Consorcio V5 de Gandia y Xàtiva son las únicas carecen de planta de valorización y eliminación de residuos en el territorio valenciano.
La rueda de prensa de hoy explica las declaraciones realizadas ayer por la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que un tono mucho más contundente de lo habitual amenazaba al Consorcio, donde la Diputación de Carlos Mazón cuenta con un 15% y aporta sus técnicos a su funcionamiento, con retirarle las competencias ante el "abandono" de la gestión. Era un mensaje de visto bueno a la presentación de una moción de censura, muy poco habitual en el seno de los consorcios de basura de la Comunidad, más a un solo año vista de finalizar el mandato.
Sobre la falta de puesta en marcha de la planta de transferencia la presidencia actual ha señalado las dudas jurídicas que plantea porque existe un recurso contencioso contra la licencia de apertura. Pero este martes el alcalde de Dolores ha dicho que Vaersa está dispuesta a hacerse con la gestión y que los informes de los servicios jurídicos son favorables a la apertura porque no se han aceptado las medidas cautelares solicitadas por el demandante, un propietario de suelo adyacente a la planta. Vaersa se haría con la gestión imponiendo un canon por tonelada, visto que la negociación con la concesionaria, que ganó el concurso en 2008, se vio salpicada por la operación Brugal y todavía no ha desplegado el contrato y debe negociar una actualización de precios que se remonta a más de una década. Está previsto que los técnicos de Vaersa visiten la planta mañana mismo en el marco de la tramitación para hacerse con el control de la instalación.
La Vega Baja arrastra un enorme problema de gestión de los residuos, en especial los orgánicos pero también de fracciones como las podas vegetales y voluminosos, porque carece de planta de eliminación y valorización -vertedero autorizado-. El problema se agravó con el cierre de la planta ilegal de Proambiente en Abanilla-La Murada en 2012, que facturaba la mitad de coste que el resto de plantas autorizadas por eliminación de tonelada a costa de enterrar una parte bajo bancales agrícolas y en condiciones muy precarias dentro de su recinto. Ese vertedero fue clausurado por Murcia y Alicante y ha costado más de 8 millones de dinero público abordar su restauración ambiental. Ahora la basura de más de 350.000 vecinos de los 27 municipios de la comarca es derivada a las plantas de otros consorcios: Elche, Xixona (Piedra Negra), Villena y Alicante (Fontcalent). Todos los veranos la conselleria debe hacer encaje de bolillos para distribuir las basuras generadas por la ocupación del turismo residencial en las zonas costeras. En especial Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Guardamar. El cambio de presidencia no va a resolver ese problema principal de falta de planta de eliminación. Sí asegura Hernández que permitiría comenzar a racionalizar la gestión con la planta de transferencia que permitiría abaratar costes de transporte y mantenimiento de los camiones de recolectores que ahora realizan directamente los recorridos a planta.
La moción ha sido firmada por los representantes en el Consorcio de Orihuela, Rojales, Guardamar del Segura, San Fulgencio, Catral, Dolores, San Miguel de Salinas, Rafal, Los Montesinos, Jacarilla, Algorfa, Daya Nueva, Benferri, San Isidro y Daya Vieja. Todos del PSOE a excepción de Catral (APOR) y Daya Vieja (Compromís).
LOS DATOS
Los 27 municipios generan ahora 196.000 toneladas anuales de basuras. Casi el 25% tienen su origen en Torrevieja - 46.000 toneladas-, al que le sigue muy de cerca Orihuela con 45.000; Pilar de la Horadada con 13.000; Almoradí con 10.100; y Guardamar, Rojales y Callosa de Segura con algo más de 9.000 . El resto de municipios del Bajo Segura recogen anualmente menos de cinco mil toneladas anuales. El 45% del total de las basuras que genera la Vega Baja termina tratada, reciclada y en parte enterrada en el paraje Piedra Negra de Xixona, a 87 kilómetros de Torrevieja o 77 de Orihuela Ciudad. Son 89.000 toneladas de las 196.000 que se recogen en la comarca al año. El resto se distribuye entre Alicante (51.000 toneladas), Elche, la más cercana para la mayor parte de poblaciones (41.000) y Villena (11.000).
