Suscríbete

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Belmonte pide a Diputación y Generalitat que se abstengan en su revocación al frente del Consorcio

La presidenta de la entidad que gestiona los residuos de la Vega Baja apela a la neutralidad de las administraciones para que sea la propia comarca la que decida su futuro - Niega que haya "inacción" por su parte y advierte de que cualquier error en estos momentos "hipotecará a la comarca durante 25 años"

Teresa Belmonte (en el centro) junto con otros representantes de los municipios en el Consorcio

Primero, el lunes, el Consell amenazó con retirar las competencias al Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible "si mantiene la dejadez deliberada" en la recogida de basuras de la comarca. La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, sostenía que la "inacción" de la presidenta de la entidad pública, Teresa Belmonte, podría "conducir al colapso" en la gestión de los residuos de los 27 municipios y "tensionar el sistema en otras áreas de la provincia".

Solo un día después, 15 municipios (13 del PSOE, uno de Compromís y otro de Alternativa por Catral) firmaban una moción para echar a Belmonte, también alcaldesa de Bigastro (PP) ante la "pasividad" a la hora de activar soluciones en la gestión de los residuos en los últimos tres años, y postulaban en su lugar a Joaquín Hernández, alcalde de Dolores y secretario general del PSOE comarcal. Una "jugada" que se producía después de que Orihuela nombrara al concejal socialista Guillermo Cánovas como representante del municipio en el Consorcio, lo que daba una nueva mayoría que hasta ahora recaía en los populares.

Ahora, Belmonte ha pedido a la Diputación y a la Generalitat que se abstengan en el pleno de su revocación al frente del Consorcio, ya que el poder de decisión en el órgano consorciado se divide entre el Consell, con un 25%, la Diputación (un 15%) y los municipios (un 60%). En este sentido, ha solicitado a las administraciones supramunicipales que dejen que sea la propia comarca la que decida el devenir. Es más, "deben mostrar neutralidad en cuanto al aspecto político", ya que su labor se enmarca en vigilar que los proyectos se lleven a cabo conforme a la legalidad, ha insistido.

Hernández, por su parte, señaló en su comparecencia que el Consell es partidario del cambio de presidencia. No obstante, de producirse el apoyo, han indicado desde la presidencia, sería la primera vez que la Generalitat rompe el consenso en una comarca.

Belmonte, arropada por alcaldes y concejales de Formentera del Segura, Callosa de Segura, Almoradí, Albatera, Cox y Redován, ha calificado la maniobra como un "rifirrafe politiquero, que tanto les gusta a nuestros vecinos socialistas de la Vega Baja", al mismo tiempo que ha afirmado que "es lamentable cómo se está politizando un servicio tan esencial como es la gestión de los residuos". "El Consorcio debe ser un espacio de colaboración y consenso", ha continuado.

Además, ha querido "desmentir" las acusaciones de "inacción": "No puedo consentir que se ponga en duda el trabajo incansable de los técnicos desde hace tres años". En esta línea ha manifestado que "es solo una excusa para justificar su ansia de acaparar el control de la gestión de las basuras de la comarca por intereses que, aunque intuimos, desconocemos".

Por ello, ha exigido "cautela, responsabilidad y rigor" en un momento que ha considerado clave. Además de ser la recta final del mandato, se está negociando con la empresa adjudicataria una revisión de precios.

"Estamos tratando de que las ventajas económicas se sigan manteniendo", ha añadido Belmonte, en referencia a que la concesionaria ganó el concurso porque presentó la mejor oferta, pero es en base a un contrato de 2013 y una licitación de 2018, por lo que ha quedado "obsoleto". A esto se suma, que hay una sentencia del Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana, que hace 18 meses obligó a ponerlo en marcha. El contrato trata más de 6.250 millones de kilos de residuos: "Cada céntimo que consigamos ahorrar es ventajoso para la comarca".

La presidenta también ha subrayado que se siente "orgullosa" de haber conseguido que se desestimen dos procedimientos judiciales que reclamaban más de 9 millones de euros al Consorcio y, por tanto, "a todos los habitantes de la Vega Baja".

De esta forma, ha insistido en que cuando se presente el contrato, que se está ultimando, "evitaremos indemnizaciones". Por eso, ha lanzado un mensaje: "Midan lo que hacen", porque "puede ocasionar perjuicios y volver de nuevo a los juzgados si la empresa ve perjudicados sus intereses", en cuanto a la posibilidad de que Vaersa, la empresa pública de la Generalitat, se haga con la gestión imponiendo un canon por tonelada, visto que la negociación con la concesionaria, que se vio salpicada por la operación Brugal y todavía no ha desplegado el contrato, se basa en una actualización de precios que se remonta a más de una década.

"Cometer errores en estos momentos de las negociaciones con la contratista, por un ansia de poder injustificada con intereses poco claros, generará importantes perjuicios a los vecinos de los 27 municipios e hipotecará a la comarca durante 25 años", ha insistido.

Después se ha preguntado sobre quién es el verdadero responsable de que la planta de transferencia de Dolores, terminada desde finales del año pasado, aún no esté en funcionamiento. En este punto ha recordado que Vaersa la entregó con seis meses de retraso, además de que "aún no dispone de licencia de actividad, que la tiene que otorgar el Ayuntamiento de Dolores". A renglón seguido, ha hecho hincapié en que "quien está poniendo palos en las ruedas son los que tienen que conceder las licencias", que, además, están inmersas en procesos judiciales.

"Creo en la lealtad institucional, y no la estoy percibiendo", ha agregado, a la vez que ha cuestionado "el verdadero interés de Hernández para hacerse con el control en la recta final", porque "la inacción está demostrada que no es la motivación". Así, ha recordado que Dolores ingresará 240.000 euros al año cuando se ponga en marcha la planta.

El plazo para tramitar la moción es de cinco días desde que la petición entra en el registro, por lo que "mañana se convocará", ha avanzado. Después habrá que esperar 15 días hábiles para que se lleve a cabo. Estas son sus últimas declaraciones, ha remarcado, al menos, sobre esta cuestión.

Líneas de actuación

Teresa Belmonte ha detallado los cambios más significativos en la gobernanza, así como los proyectos y expedientes tramitados durante su mandato. En el capítulo de inversiones ha destacado la construcción de la planta de transferencia, en la que Vaersa -la empresa pública de la Generalitat- ha invertido 2,6 millones de euros, así como la elaboración del Plan Director de Biorresiduos y su Proyecto de Gestión. En cuanto a servicios, ha subrayado los ecoparques móviles, las campañas de educación ambiental y la asistencia técnica a los municipios para la mejora de la recogida de las fracciones valorizables, además del acceso a subvenciones para la implementación de la recogida selectiva de la basura orgánica.

A continuación ha remarcado que se ha desarrollado un modelo de gobierno basado en la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con los ayuntamientos. Por ejemplo, con la creación del Consejo de Participación Ciudadana para dar voz y participación a los vecinos de la comarca. "Es el segundo consorcio en toda la comunidad autónoma que tiene creado este órgano de transparencia y participación ciudadana", ha asegurado.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats