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Ochenta personas viven en la indigencia sin techo en Torrevieja

El PP aprueba definitivamente la polémica ordenanza de convivencia y asegura que no se va a multar la indigencia de carácter social ni a quienes duerman o pidan en la calle/ La oposición de izquierdas acusa al gobierno de perseguir a los más vulnerables

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Protesta contra la ordenanza de convivencia en Torrevieja TONY SEVILLA

Ochenta personas viven sin techo en Torrevieja, según desvelaron ayer las ONG que trabajan con colectivos vulnerables en la ciudad. Este dato relevante se trasladó ayer a raíz de la polémica ordenanza municipal de Convivencia que sanciona "la mendicidad con actitudes coactivas o de acoso" con hasta 1.500 euros. El concejal de Seguridad de Torrevieja, Federico Alarcón (PP), se empleó a fondo en su intervención final del debate de este punto del orden del día para explicar qué sanciona o no la nueva ordenanza de Convivencia.

El pleno, convocado por la mañana de manera extraordinaria, aprobó definitivamente la sesión con los votos del equipo de gobierno, pero la Ordenanza ya ha sido bautizada como la "de la vergüenza" por los colectivos sociales que trabajan con personas vulnerables en la ciudad. Alarcón aseguró que no se va a multar a los indigentes que duerman en un banco o en la calle. Ni a los que pidan limosna. "Respecto a las personas sin techo la ordenanza en ningún caso persigue la sanción por dormir en la vía pública, o por ejercer la mendicidad, solo se persiguen las conductas que bajo la apariencia de mendicidad o de formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, o obstaculicen de forma intencionada el libre tránsito de personas o utilicen a menores como reclamo", señaló el concejal Alarcón citando a los técnicos. Y añadió además que los casos de mendicidad de raíz social serán abordados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Mientras la oposición de izquierdas del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja, destacaron la inutilidad de señalar a las víctimas de la precariedad, a los más vulnerables, con sanciones que pueden llegar a los 1.500 euros.

Ese era el ambiente dentro del salón de plenos. Pero desde la calle el equipo de gobierno tuvo que asumir ayer una de las escasas concentraciones convocadas durante este mandato para cuestionar su gestión. Algo más de medio centenar de personas protagonizaron desde fuera la sesión que había sido convocada de manera extraordinaria en un intento de salvar esta protesta. Y eso que la mayor parte de los manifestantes no pudieron acceder al salón de plenos porque el equipo de gobierno, pese a contar con sobrada mayoría absoluta para sacar adelante la iniciativa, se aseguró -como en otras sesiones- de que sus más disciplinados seguidores madrugaran para ocupar casi al completo el aforo del pleno y evitar que accediera el público afín a la protesta.

Se produjo un momento de tensión cuando un grupo de concentrados, encabezado por exconcejal y exteniente alcalde Víctor Ferrández, intentó acceder al Ayuntamiento. Justo cuando en el segundo intento entraba Ferrández, la puerta automática del edificio consistorial se cerró golpeándole en la cabeza. El concejal pidió la identificación de uno de los policías del interior, sin éxito, y tras reclamar conocer cuántas plazas quedaban vacantes en el salón de plenos pudieron entrar cinco manifestantes.

Al margen del texto de la ordenanza lo que sí reflejó la concentración es la existencia de una realidad social en la ciudad que no se está afrontando desde los  Servicios Sociales municipales. Más de ochenta personas pasan la noche al raso, en "pisos patera" o en obras sin terminar en Torrevieja, según la Asociación Adenis (Ayuda al colectivo de familias de exclusión social). De los que pasan y se marchan a otros lugares no queda constancia ni siquiera como dato. Muchos arrastran dramas personales, enfermedad mental y situaciones muy precarias sin que la administración local intervenga.  Tampoco está el Ayuntamiento por la labor de poner en marcha un albergue de transeúntes en una ciudad que tiene a 90.000 personas censadas y que triplica esa población en julio y agosto. Entre los colectivos que se sumaron a la iniciativa estaba Comisiones Obreras, la Red de Solidaridad Soledad Díaz o la Plataforma en defensa de las pensiones públicas de la Vega Baja.

El grupo municipal socialista explicó su falta de apoyo a la protesta en una votación en la ejecutiva de la que no informó a dos de sus cinco ediles en el grupo municipal. Señaló que la convocatoria de la concentración recogía que la ordenanza multa la prostitución y otros aspectos en la vía pública, equiparando la norma a la polémica que se ha aprobado en Alicante pero que realmente no aparecen en el texto.

El Ayuntamiento de Torrevieja cierra el acceso a los vecinos al pleno y la puerta automática golpea al exconcejal Víctor Ferrández

La puerta principal de acceso al Ayuntamiento de Torrevieja golpea al exedil Víctor Ferrández al activarse el cierre fijo a su paso cuando intentaba acceder al pleno D. Pamies

Ambiente cargado

La protesta tuvo además otro tipo de incidencias sobre el desarrollo del pleno. Efectos colaterales si, pero directos porque el alcalde, en su intento de silenciar la protesta, que en ese momento se escuchaba con claridad en el salón con lemas como "los peperos hacen rascacielos mientras los pobres duermen en el suelo", ordenó el cierre de las ventanas. Solo quedó abierta la puerta principal, pero con la sala llena de público invitado el equipo de medición de CO2 de la estancia en tiempo real se disparó hasta las 1.300 partes por millón. Un nivel muy elevado que da cuenta del flujo de aire que una persona puede respirar de otras que están en el mismo lugar. Algunos asistentes portaban mascarillas pero la mayoría, no.

Marcador en tiempo real de la carga de CO2 en el salón de plenos ayer mientras se desarrollaba la sesión TONY SEVILLA

Transporte urbano

Este debate eclipsó los otros puntos del orden del día que también eran de peso, en especial la elección del modelo de gestión del transporte urbano. Servicio que se realiza desde 2013 sin contrato y que arrastra enormes deficiencias pese a ser esencial para la movilidad de los vecinos entre urbanizaciones, el centro, zonas comerciales y sedes de servicios públicos como el hospital y los centros de salud. El gobierno local ha tenido que asumir el informe de la secretaria general del pleno para que se escogiese un modelo de gestión directa municipal o el de adjudicación a una empresa antes de realizar cualquier otra tramitación, como la adjudicación de la compra de la flota de autobuses por 16 millones de euros. Tampoco este punto dejó sorpresas. Como estaba previsto el PP validó el modelo externalizado por el que una empresa se hará con el servicio por ocho millones de euros anuales, y además no tendrá que amortizar la flota de nuevos vehículos, que pagará el Ayuntamiento. 

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