La alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha solicitado a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat que emita "el informe técnico-jurídico preceptivo que establezca de forma taxativa cuáles son los requisitos legales que debe reunir la persona que ostente el cargo de titular de la asesoría jurídica". Todo ello, prosigue el escrito, "teniendo en consideración las discrepancias surgidas en esta administración local en cuanto a la interpretación del artículo 24 del reglamento que establece los niveles esenciales del Ayuntamiento".
Esta petición fue su justificación para retirar el reglamento del orden del día del pleno de junio, que se celebró el pasado jueves, lo que a su vez provocó que el PP abandonara la sesión.
En concreto, esas "discrepancias" que expone la regidora se refieren a la alegación que presentó Luis Ruiz Rodríguez, gerente de Orihuela Cultural, para modificar el punto que hace referencia a la asesoría jurídica. El cambio que propone es que su titular "será nombrado por la junta de gobierno local", y deberá ser licenciado en Derecho u ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Cuando el texto original solo expone que deberá ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.
Es decir, el cambio propuesto amplía los requisitos y otorga a la junta de gobierno el poder de realizar el nombramiento. Hay que recordar que la formación naranja ostenta la mayoría en este órgano. Precisamente, el exacalde Emilio Bascuñana, tras abandonar la sesión plenaria, recordó que Ruiz Rodríguez "trabaja para Ciudadanos", acusando a Gracia de "ceder a los chantajes y presiones" de quienes "quieren hacerse con la asesoría jurídica para influir en las contrataciones, los pliegos y a quiénes se asignan", en referencia al partido que encabeza José Aix.
La asesoría jurídica, tal y como describe el reglamento, asesora a los órganos municipales y en materia de contratación realiza el informe preceptivo de los pliegos y asiste como vocal a las mesas de contratación, además de poder ostentar otras funciones que le encomiende el alcalde o la junta de gobierno.
El reglamento de niveles esenciales, el organigrama del Ayuntamiento, define la organización de las áreas, sus funciones y responsabilidades, además de ser el paso previo a crear la Relación de Puestos de Trabajo, la herramienta con la que las administraciones locales diseñan su estructura de personal.
El texto inicial, sin esa modificación propuesta para darle potestad a la junta de gobierno, se aprobó primero en una junta en enero y después en el pleno de febrero, con los votos a favor de todos los grupos menos de Ciudadanos, que lo consideró "un atentado y una intromisión" hacia sus competencias en Recursos Humanos, evidenciando de nuevo las discrepancias y el cruce de acusaciones entre los socios de gobierno de entonces, poco antes de que se presentara la moción de censura por parte del PSOE y Ciudadanos con el apoyo de Cambiemos.
No fue hasta unos minutos antes de que comenzara el pleno cuando Gracia comunicó su intención de retirarlo del orden del día, puesto que había solicitado el informe a la dirección general en Valencia, aunque, según el registro del Ayuntamiento, esta petición se realizó a las 10.15 horas, una vez iniciada la sesión.
Solo tres días antes, en la comisión informativa previa donde se definen los asuntos que se elevarán al pleno, el PP llevó una proposición para forzar la aprobación definitiva del reglamento. Sin embargo, Gracia, como ella misma afirmó, pidió a los populares que la retiraran con el compromiso de ser ella misma la que llevara el reglamento. Después, explicó a los medios de comunicación que el informe que ha solicitado es para "esclarecer cuestiones en la tramitación del expediente", dudas que el mismo PSOE tiene, indicó, aunque en el pleno de febrero votó a favor y quiso llevar el texto al pleno de junio.
Además, se produce más de dos meses después de que Ruiz Rodríguez presentara la alegación a principios de abril, cuando aún no se había producido la moción de censura.
Gracia insistió el jueves en que acudir a la dirección general es "algo normal". Con esta decisión "no estamos faltando el respeto a la secretaría ni obedeciendo a intereses de nadie, sino que es una manera diferente de afrontar un conflicto heredado", puntualizó, al mismo tiempo que sostuvo: "No me debo a nadie ni estoy atada de manos", después de que Bascuñana advirtiera de que "la alcaldesa está vendiendo y sirviendo a Orihuela en bandeja de plata". O dicho de otro modo: "La regidora está cediendo para poner en cargos tan importantes como la asesoría jurídica a personas manipulables que les permitan seguir con sus chanchullos para beneficiarse, exprimiendo y sangrando al municipio", concluyó el exalcalde.
