De los 27 ayuntamientos de la Vega Baja, 18 acumulan una deuda de 54,8 millones de euros, según los datos que ha publicado el Ministerio de Hacienda del ejercicio 2021. Once de ellos están por encima del millón. Solo Bigastro suma 15,6 millones. Le siguen Orihuela (7,4), Pilar de la Horadada (6), Callosa de Segura (5,8), Torrevieja (5), Daya Vieja (2,7), Dolores y Guardamar del Segura (2,4), Cox (1,6) y Redován y Benijófar (1,3). Rozan el millón de euros Catral y Daya Nueva. Se encuentran más abajo en la tabla Almoradí (764.619 euros), Granja de Rocamora (373.953), Benferri (152.219), Rojales (50.000) y Rafal (47.000).
Nueve municipios cierran sin deuda, a pesar de la irrupción de la pandemia: Algorfa, Albatera, San Miguel de Salinas, Formentera del Segura, San Isidro, Jacarilla, San Fulgencio, Benejúzar y Los Montesinos.
En cuanto a los ayuntamientos más endeudados en función de su población, Daya Vieja encabeza el ranking. Cada uno de sus 707 vecinos, a cierre de 2021, debía 3.827 euros. En segundo lugar se sitúa Bigastro, con 2.230 euros de deuda por cada uno de sus 6.994 habitantes, seguido por Daya Nueva (521), Benijófar (390), Dolores (313), Callosa (300), Pilar de la Horadada (266), Cox (213), Redován (164), Guardamar (151), Granja de Rocamora (143), Catral (108), Orihuela (94), Benferri (78), Torrevieja (60), Almoradí (36), Rafal (10) y Rojales (3).
Bigastro, que años atrás llegó a estar en quiebra, mantiene su estela desde 2008 de ser uno de los pueblos más endeudados de España en proporción a su población. En 2011, el Ayuntamiento estuvo a punto de convertirse en el primero de la Comunidad Valenciana en ser intervenido ante una deuda de más de 31 millones de euros (5.000 euros por persona), que se desveló tras la salida del equipo de gobierno del PSOE y la entrada del PP en coalición con Unión Popular Liberal y Centrista, que tuvo que acometer recortes, incluidas las luces navideñas de aquel año, por la difícil situación financiera.
Con todo, la tendencia general es a la baja, sobre todo a raíz de que entrara en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera para forzar un ajuste y mejorar la salud de las cuentas municipales tras la crisis financiera de 2012. Incluso, la Unión Europea obligó a España a sanear sus números a través de medidas que impusieron un estricto control del gasto. No obstante, la llegada de la pandemia propició que el tope fijado como techo de gasto fuera más flexible.
Solo seis localidades han incrementado su deuda con respecto a 2020. La que más, Granja de Rocamora, con un aumento de 282.870 euros, lo que se traduce en 108 euros más de deuda por ciudadano. Luego, Redován, con 151.218 (16 euros más por habitante); Rojales, 43.166 (3); Daya Nueva, 21.137 (5); Bigastro, 19.434 (reduce en 25 euros la deuda per cápita), y Daya Vieja, con 9.465, pero 139 euros más por vecino, la mayor subida de todas en este rango.
Por contra, los que más la han reducido son Torrevieja (5 millones de euros menos que el año anterior), Orihuela (3,4 millones), Pilar de la Horadada (3 millones), Guardamar (674.656 euros), Albatera (474.006), Dolores (348.202), San Fulgencio (345.461), Callosa (310.551), Benijófar (284.155), Almoradí (276.312), Cox (226.020) y Benferri (101.479), mientras que en los nueve municipios restantes la reducción es menos significativa. A su vez, Pilar de la Horadada es el que ha logrado reducir más su deuda por habitante con respecto a 2020. En concreto, 141 euros menos por habitante.
La deuda total de los 8.131 municipios que hay en España alcanza los 17.324 millones de euros. La provincia de Alicante suma una deuda de 217 millones de euros dentro de los 1.218 millones de la Comunidad Valenciana, la tercera por detrás de Madrid y Cataluña.