El Ayuntamiento de Torrevieja quiere invertir 16.111.150 euros (IVA incluido) en la compra de una nueva flota de autobuses para poner en marcha el nuevo servicio de bus urbano, que mejora la líneas, elimina su gratuidad y regulariza una prestación que se hace sin contrato desde 2014. Pese a ese importe millonario que supone uno de los concursos más importantes del sector en España este año solo una empresa, Solaris Bus Ibérica, se ha interesado por el contrato, según la información pública del procedimiento administrativo. Se trata de una firma suministradora muy habitual de Avanza, la multinacional que realiza la prestación en Torrevieja.
Con esta adjudicación multimillonario el municipio pretende adquirir 28 unidades híbridas y 4 eléctricas. La empresa que se haga con el servicio de transporte, en un concurso al que probablemente se presente Avanza, no deberá asumir el coste de la renovación de la flota. El Ayuntamiento quiere sufragar una parte de la compra de la flota con 3,4 millones de fondos europeos.
El equipo de gobierno tuvo que repetir todo el procedimiento administrativo para impulsar el nuevo contrato después de que los técnicos advirtieran de que no podía lanzar el contrato de suministro de autobuses y otros procedimientos sin haber aprobado en el pleno el modelo de gestión. Finalmente, hace unas semanas el PP hizo valer su mayoría para escoger, como estaba previsto, la gestión indirecta por la que entregará a una empresa la prestación. La mayoría de la oposición pedía la municipalización.
La prestación tendrá un coste para las arcas municipales de 8 millones de euros anuales, -pese a no tener que amortizar la flota-. Ampliará líneas, frecuencias, reducirá y contará con servicios búho en verano, además de dos intercambiadores -uno en las inmediaciones de la actual plaza de Castelar y otro en la zona comercial de Habaneras.
Y sobre todo acabará con una anomalía un servicio público de este tipo: los usuarios pagarán billete. Algo esencial para sostener el servicio pero que en Torrevieja no hacen el 70% de los usuarios en invierno y el 50% en verano a los que se les exime el abono sin son empadronados. La prestación en precario, y que se paga mes a mes con los informes en contra de Intervención, cuesta algo más de tres millones de euros anuales. Con la gestión indirecta será más del doble.
