Suscríbete

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Síndic de Greuges denuncia la falta de atención a usuarios con diversidad funcional desplazados por la DANA de 2019

La institución señala "pasividad, falta de coordinación y constantes demoras" de la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela, a los que urge a corregir las "deficiencias y carencias" que padecen los residentes del centro Oriol, en instalaciones provisionales desde hace tres años

Manifestación de padres y usuarios del centro Oriol en Orihuela, en junio del año pasado Tony Sevilla

Han transcurrido 34 meses desde que las lluvias torrenciales de la DANA de septiembre de 2019 dañaron las instalaciones en El Palmeral de Orihuela donde se encontraban el centro ocupacional y residencia Oriol y el Centro de Rehabilitación e Integración Social. Desde entonces, sus 65 usuarios con diversidad funcional -y familiares- se encuentran en una situación provisional que reduce sus programas de actividades y talleres que necesitan para su integración social y laboral, a lo que se añade la afectación en su desarrollo cognitivo y estabilidad emocional, perjudicando sus capacidades, calidad de vida y oportunidades de plena inclusión.

Es lo que concluye el Síndic de Greuges en un informe ante una queja de la asociación AMPA Oriol por la falta de recursos y servicios tras la DANA. Porque cuando después del verano se produzca el tercer aniversario de las graves inundaciones que asolaron la comarca "deberemos recordar, sin duda, no solo las infraestructuras no recuperadas, sino especialmente la merma de atención y protección que padecen los usuarios" de estos recursos sociales, prosigue la resolución, que también señala "la pasividad administrativa" y "falta de coordinación entre diferentes consellerias, como la de Igualdad y Hacienda, y el Ayuntamiento de Orihuela". Más aún, la institución alude a "constantes demoras y vaivenes en la acción de las administraciones", incluso "pudiendo no ser la actuación lo suficientemente respetuosa con los derechos de las personas afectadas".

Instalaciones del centro Oriol en El Palmeral abandonadas tras la DANA de 2019 TONY SEVILLA

A tenor de la documentación recabada por ambas consellerias y la administración local, la institución se pregunta hasta cuándo. Así, determina que "la descripción que realiza Hacienda sobre la compra de uno de los inmuebles refleja la falta de diligencia y eficiencia de los distintos departamentos de la Generalitat para atender unas necesidades que todos los implicados califican de imperiosas y de imprescindible atención", en referencia a la adquisición del antiguo asilo, un anuncio que se realizó hace justo un año -sin que haya avanzado- para reubicar unos servicios que ahora están desperdigados.

Mientras que Igualdad afirma que su objetivo es "situar definitivamente todos los recursos de Oriol en el antiguo asilo", el trámite, que requiere una inversión de 4 millones de euros, está pendiente de Hacienda. A su vez, este departamento dice estar a la espera de un informe de Cultura, dado que el edificio se encuentra catalogado con tercer grado de protección, incluido en el catálogo con valor artístico, tradicional o ambiental del PGOU de Orihuela. Después tendrá que someterse a la Abogacía General de la Generalitat y a la fiscalización del interventor.

"La situación actual que padecemos es inaceptable para ciudadanos de pleno derecho que somos, con el agravante de que nuestra discapacidad nos hace más vulnerables", subraya la queja, al estar en instalaciones provisionales, con recursos materiales y humanos muy limitados, exigiendo soluciones que no llegan.

En este sentido, la resolución insta a la Conselleria de Igualdad al "impulso definitivo" de la compra del antiguo asilo para "proceder de inmediato a la rehabilitación y reforma, adecuando el espacio a las necesidades reclamadas reiteradamente" -y también constatadas-, al mismo tiempo que le solicita que se indique qué recursos y qué número de plazas se ubicarán en el nuevo inmueble.

Mientras tanto, sugiere al Consell que resuelva "las deficiencias y carencias de la residencia de Torrevieja", que alojó provisionalmente -desde julio de 2020- a 25 usuarios. "Los recursos materiales son insuficientes, con muchos fallos en el mantenimiento y problemas en los ascensores, calefacción, falta de mobiliario y limpieza, entre otros, que no se resuelven a pesar de las quejas interpuestas", describe el escrito de la AMPA. A esto se añade que los monitores y cuidadores se tienen que desplazar, diariamente, desde Orihuela a Torrevieja, asumiendo riesgos y costes que implican desmotivación. Con todo, Conselleria sostiene que ha realizado una inversión de 199.017 euros y que las obras de adecuación están en licitación por un importe de más de un millón.

Residencia en Torrevieja a la que se derivaron los usuarios del centro Oriol TONY SEVILLA

Mientras, los 35 usuarios del centro ocupacional están, desde septiembre de 2020, en el centro cívico de La Aparecida, lo que implica tener que compartir las instalaciones con otros colectivos sociales de la localidad. La AMPA detalla que no hay servicio de comedor, falta espacio y otras carencias materiales. Al igual que en el centro de Torrevieja, la asociación señala deficiencias en recursos humanos, ya que "las bajas no se cubren con la celeridad exigible (o sencillamente no se cubren)".

Asimismo, la resolución del síndic exige al Ayuntamiento que contribuya, dentro de sus competencias y con sus medios, a restablecer y mejorar la atención, así como a destinar los importes recibidos por las entidades aseguradoras -565.434 euros- por los daños ocasionados en el centro de El Palmeral a la rehabilitación de inmuebles con el mismo fin, y proceda a realizar las modificaciones de crédito presupuestario que fuesen necesarias para recuperar recursos y prestaciones sociales.

Todo ello con el objetivo de que las personas con discapacidad funcional afectadas vean satisfechas sus "justas reivindicaciones", recalca la resolución, que no son otras que las de disponer cuanto antes de unas instalaciones próximas a su domicilio y definitivas, con una atención y una plantilla profesional estable.

Así, el Síndic de Greuges acordó, el pasado día 15, que ambas administraciones le remita en el plazo máximo de un mes el preceptivo informe con las medidas a adoptar para su cumplimiento. Ya en julio de 2020 la AMPA presentó otra queja que se resolvió el noviembre de ese año, obteniendo "promesas de solución a los problemas planteados" -recuerda- por parte tanto de Conselleria como del Ayuntamiento.

Entretanto, Generalitat y Ayuntamiento constituyeron esta misma semana un órgano mixto para agilizar la compra del asilo.

En suma, concluye la AMPA Oriol, "las administraciones autonómica y local justifican sus respectivas actuaciones pero, una vez más, no se ponen de acuerdo en las soluciones que necesitamos ante la precariedad que injustamente estamos padeciendo desde la DANA de 2019", en un interminable proceso, aún sin resolver, para disponer de unas instalaciones agrupadas, dignas y definitivas en Orihuela.  

Promesas incumplidas

La Conselleria de Igualdad informó en julio del año pasado que se estaba ultimando la compra del antiguo asilo de Orihuela para ubicar la residencia, el centro ocupacional y el CRIS. Tras la inminente adquisición, se iniciaría por trámite de urgencia el proceso de redacción del proyecto y licitación de las obras de su reforma para que en el menor plazo posible -no menos de tres años- se hiciera efectivo el traslado de los usuarios. Aún no se ha materializado. Las antiguas instalaciones del centro ocupacional de El Palmeral, propiedad del Ayuntamiento, tras ser destruidas por la DANA están abandonadas, con un importante deterioro por actos vandálicos, robo, el paso del tiempo y la falta de vigilancia. En julio de 2020, la administración local transmitió a la AMPA Oriol que se iba a acometer un proyecto de recuperación del centro, aunque nada se ha hecho. La "Casa de Hurchillo", que alquiló el Ayuntamiento en diciembre del 2019 para futura residencia, está abandonada desde hace meses y sus obras paralizadas, salvo el alquiler -unos 3.000 euros al mes- que seguía pagándose hasta que a principios de este mes Alcaldía dio la orden al área de Contratación para resolver este contrato en el que habrá que llegar a un acuerdo con el propietario.  

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats