El pleno de Orihuela, que se celebrará el próximo jueves, debatirá una moción que ha presentado Cambiemos para "la restauración de la legalidad sobre los terrenos irregularmente ocupados por el Obispado", en referencia a las parcelas municipales que el colegio Santo Domingo usa como patio y pistas deportivas desde hace dos décadas.
El pasado día 15, cuando terminaba el plazo para desalojar los terrenos, el Ayuntamiento paralizó el proceso con el objetivo de negociar con la Diócesis un contrato de alquiler hasta que se consiguiera una permuta.
Ahora, la formación municipal, que considera que su "uso y disfrute continúa privatizado sin amparo legal", lo que supone "un ataque contra el patrimonio del municipio" por parte de un centro educativo concertado, eleva al pleno esta propuesta para instar al gobierno local a "proceder, por los medios que estimen necesarios, a tomar posesión material y fehaciente de las parcelas situadas en el entorno de El Palmeral", propiciando "alternativas que no menoscaben una transición adecuada a la nueva realidad del colegio, que no podrá continuar aprovechando estos terrenos de forma exclusiva y privada".
Así, la moción propone un régimen de arriendo, con "un precio que tenga en consideración valores de mercado", que contemple el usufructo de las instalaciones únicamente en horario lectivo y no prolongarse más allá del tiempo necesario para que el colegio episcopal readapte su proyecto educativo a la nueva realidad de sus infraestructuras disponibles. Además, de salir adelante la medida en el pleno, se insta al Ayuntamiento a iniciar los trámites oportunos para elevar "una denuncia por daños y perjuicios contra la Diócesis de Orihuela-Alicante como consecuencia de la ocupación fraudulenta de suelos públicos municipales".
El debate obligará al PSOE a pronunciarse, ya que hasta ahora por parte del bipartito solo ha hecho el vicealcalde, José Aix (Ciudadanos). Cambiemos, que incluyó "la recuperación de los solares ocupados ilegalmente" en el acuerdo que alcanzó con el grupo socialista para apoyar la moción de censura, señala en la moción que el equipo de gobierno, constituido como consecuencia del cambio en la Alcaldía el pasado 25 de abril, "debe adoptar actuaciones concretas que defiendan el interés general del municipio", corrigiendo "radicalmente el rumbo" que habían marcado PP y Ciudadanos en la anterior etapa.
En este sentido, recuerda que "entre 2015 y 2022 los gobiernos de PP-C's no dieron muestras claras y abiertas de querer abordar y resolver" este asunto de "un modo adecuado a la riqueza pública". Más bien al contrario: "Liderados (formalmente) por [Emilio] Bascuñana [PP], parecían más decididos a anteponer los intereses privados del Obispado aunque estos supusieran un ataque al municipio". Prueba de ello, sostiene, es el fallido intento de permuta de 2019, en el que el PP trató de "regalar" al Obispado estas parcelas a cambio de un templo degradado por la propia Diócesis y que requiere para su restauración una gran inversión a cuenta de las arcas públicas.
Todo ello, además, con una gestión por parte de los populares y la formación naranja de "supuestas negociaciones con la Diócesis" que se llevaron a cabo con "total opacidad" y "pasividad política". Ya el pleno de diciembre debatió otra moción de Cambiemos para la recuperación pública de las parcelas de 2.600 metros cuadrados, que obtuvo el respaldo del PSOE y el rechazo de PP, Cs y Vox.
No obstante, a juicio de la formación, esto provocó que el entonces concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, remitiera un oficio a la Diócesis recordando la extinción del derecho de superficie, algo que, según Cambiemos, no fue más que "una coartada para justificar algún tipo de actuación ante una irregularidad tolerada y amparada durante años".
Asimismo, la Agencia Valenciana Antifraude también instaba al Ayuntamiento a recuperar los terrenos públicos al tiempo que alertaba sobre la inacción municipal en esta cuestión.
Por último, critica los intentos de permuta por parte del Obispado, propuestas que tacha como "un claro y nítido intento de estafa al Ayuntamiento".
Con todo, Cambiemos insiste en que el proceso se realice con un calendario previsto para "evitar un estrés innecesario a una comunidad educativa que no tiene por qué sufrir las consecuencias de la enésima especulación llevada a cabo por el Obispado con la complicidad histórica del Ayuntamiento".
La condena al boato moro se queda fuera del pleno
Finalmente, Cambiemos ha retirado la moción que registró días atrás sobre la condena y rechazo al boato de la Embajada Mora en las fiestas de la Reconquista. Según la formación, ha presentado tres mociones y solo puede elevar dos, por lo que descarta esta para elevar otra de medidas sobre la adquisición y mejora de vivienda con fines sociales. En este sentido, la anterior concejala de Festividades, Mariola Rocamora (PP), ha manifestado que "no es más que la recreación de un hecho histórico puesto en escena en las calles de Orihuela", por lo que ha lamentado que "el trabajo para que los Moros y Cristianos de Orihuela sea Declarada Fiesta de el Interés turístico Internacional se vea ensombrecido por calificaciones partidistas y nada bien intencionadas", en referencia a las críticas de Cambiemos, que tachó de racista el hecho de que el embajador moro apareciera sobre una carroza a hombros de 48 personas negras. Con la retirada de la propuesta, según el concejal popular Rafael Almagro, la formación ha pretendido "esconder" a la alcaldesa Carolina Gracia y evitar su posicionamiento, aunque ya calificó el desfile como "desafortunado", y que Ciudadanos tenga que pronunciarse -hasta ahora se ha mantenido de perfil ante la polémica- para sortear "el desgaste del tripartito, que se ha visto seriamente dañado ante la opinión popular", ha concluido Almagro.
