El Ayuntamiento de Orihuela, a través de una propuesta al pleno ordinario que se celebra este jueves, aprobará una modificación de crédito extraordinaria, con cargo a remanentes -o superávit-, de 164.812 euros con el objetivo de solventar los graves desequilibrios económicos y financieros que atraviesa la empresa municipal Uryula Histórica, que se han generado en los años 2020 y 2021.
Esta aportación permitirá solventar los pagos, sobre todo de nóminas y deudas con proveedores, de los servicios municipales que gestiona la mercantil como la guardería de La Murada y el Centro de Atención Temprana.
En palabras de la concejala de Educación, María García, cuando han llegado al gobierno, tras la moción de censura del 25 de abril que desalojó al PP del poder, "como en otras cuestiones, nos hemos encontrado un desequilibrio económico heredado de la gestión anterior que pone en peligro, incluso, la posibilidad de pagar el salario de los trabajadores de estos dos centros", con el añadido de que se trata de unos servicios que se prestan a un segmento vulnerable como es la infancia.
"La mala gestión del anterior equipo de gobierno", ha insistido, "llegó hasta el punto de que los informes aportados distaban mucho con las necesidades reales". En este sentido, ha apuntado que cuando finalizó en 2019 el contrato con la concesionaria de la guardería se hizo una encomienda a Uryula Histórica, "una temporalidad que se ha hecho perenne". Desde entonces, ha agregado, la falta de previsión ha hecho que se gestionara a través de una póliza de crédito de 80.000 euros, sin memoria económica justificativa, a todas luces insuficiente. "Se actuó por la vía rápida, lo que nos parece además una irresponsabilidad", ha manifestado.
Así, la edil ha asegurado que en estos primeros tres meses del nuevo bipartito, conformado por PSOE y Ciudadanos, "nos hemos dedicado en gran parte a solucionar estos problemas, poniendo orden en las cuentas". A partir de ahí se van a estudiar las encomiendas de gestión a través de memorias económicas que actualicen las necesidades y en base a eso establecer la aportación económica suficiente, sin seguir actuando a golpe de crédito o modificación presupuestaria.
En suma, tres meses en los que "nos hemos tenido que dedicar, en parte, a desbloquear y solucionar entuertos de quienes ahora quieren dar lecciones al nuevo equipo de gobierno", ha concluido.
El Ayuntamiento tiene cuatro empresas municipales. Además de Uryula Histórica, Fomento Orihuela, ILDO y Orihuela Cultural. A los pocos días de la moción de censura, el concejal y vicealcalde José Aix manifestó a este periódico que se estaba realizando un trabajo de fiscalización: "En las próximas semanas daremos cumplida información. Lo vamos a contar todo: cómo han dejado las arcas municipales y cómo están las sociedades municipales. Hay deudas acumuladas. Es importante que Bascuñana y [Rafael] Almagro den explicaciones", y citaba el caso concreto de Uryula Histórica.
A finales de junio, el concejal popular Víctor Valverde, que también es vocal en el consejo de administración de ILDO, que se encarga de la gestión de la zona azul y del mantenimiento de las zonas verdes de las pedanías, en este último caso con una cuantía de 350.000 euros, advirtió de que ese presupuesto que no se renueva desde 2018, por lo que reclamó que se incremente en un 20% para adaptarse a los gastos actuales, entre otras cuestiones, por la subida de precios en materiales y gasolina.
En cuanto a Orihuela Cultural, la empresa municipal que con un presupuesto anual de 950.000 euros gestiona la actividad cultural, los museos de la ciudad y 16 dependencias culturales, ya su propio gerente advirtió de que, en base a un informe de auditoría para aprobar las cuentas del ejercicio 2021, la sociedad incurrió el año pasado en pérdidas por un importe de casi 135.000 euros, que se ocasionaron por la reducción del presupuesto, de 260.000 a 140.000 euros, de transferencias correspondientes al cuarto trimestre mediante el acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 28 de diciembre. Además, el patrimonio era negativo en casi 32.000 euros, lo que suponía una causa de disolución según lo que marca la ley. Asimismo, el fondo de maniobra de la empresa municipal también daba unas pérdidas de casi 70.000 euros.
Esta fue, además, la justificación para mantener cerrados los museos durante la Semana Santa, lo que generó que el PP llevara al gerente a los tribunales por posible administración desleal.
