El pleno del Ayuntamiento de Orihuela ha evidenciado que el equipo de gobierno, conformado por PSOE y Ciudadanos, se está aproximando a ciertas líneas rojas que impuso Cambiemos para apoyar la moción de censura. En este sentido, Cambiemos ha lanzado una advertencia al bipartito en cuanto a los pasos que se están dando para sacar adelante el proyecto urbanístico en Cala Mosca, que supone la construcción de 2.200 viviendas en el último kilómetro sin urbanizar en la costa oriolana.
El concejal Carlos Bernabé ha preguntado si se están agilizando trámites en ese sentido a José Aix (Cs), edil de Urbanismo, que ha contestado que se limitan a seguir con el procedimiento administrativo. Bernabé ha manifestado a este periódico que "si avanzan en el proyecto de urbanización es porque hay voluntad política desde Urbanismo, y eso lo interpretamos como una declaración de guerra contra el acuerdo y responderemos en consecuencia", porque "eso cambia radicalmente nuestro rol".
Cambiemos ha afirmado que el constructor está realizando movimientos de cara a pedir la licencia de obras y que "hay serias dudas, que se están estudiando, sobre el cumplimiento de los requisitos que le impuso el pleno municipal".
En este sentido, ha recordado a Gracia que "esa lógica atenta frontalmente contra el acuerdo de investidura", que incluye "poner en marcha todas las posibles acciones legales, de intermediación y negociación para la paralización del proyecto", así como "la inclusión de su protección en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja", tal y como han pedido grupos vecinales y ecologistas para que se desclasifique el sector.
A todo ello se une que esta misma semana se ha conocido que la Generalitat ha dado luz verde a la declaración ambiental, el paso previo a la aprobación definitiva. De hecho, el promotor ha manifestado que su intención es retomar las obras, paralizadas en 2007, antes de que acabe el año.
Además, hay contencioso administrativo abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. "Seguiremos agotando todas las vías judiciales y políticas para frenar este atentado medioambiental", han asegurado desde Cambiemos.
Otra línea roja es la recuperación de los terrenos públicos que ocupa el Colegio Diocesano Santo Domingo desde 20 años. Cambiemos ha llevado al pleno una moción para instar al gobierno a dar un plazo de un año para desalojar las parcelas que el centro usa como pistas deportivas. Mientras, ha propuesto un alquiler y pedir al Obispado daños y perjuicios. En este punto, el PSOE se ha alineado con la propuesta, votando a favor. Sin embargo, su socio de gobierno, Ciudadanos, se ha opuesto, al igual que Vox, mientras que el PP se ha abstenido, por lo que ha salido adelante.
En este punto, Aix ha avanzado que iba a proceder a la firma del decreto que articula el arrendamiento. "No estoy dispuesto a agredir al colegio Santo Domingo, cuya identidad está relacionada con nuestra historia", ha subrayado. Ahora bien, el objetivo también es "exprimir al máximo el acuerdo, siendo muy exigentes con la Diócesis". De hecho, ha indicado, el punto seis del decreto indica que el Ayuntamiento no renuncia a exigir daños y perjuicios. Además, como ha solicitado Cambiemos, se va a realizar una valoración técnica de los terrenos para fijar el canon que el Obispado deberá abonar en concepto de alquiler.
Todo ello, ha explicado Aix, hasta que se negocie la permuta, un punto con el que no comulga Cambiemos ni tampoco Gracia. Según ha afirmado la alcaldesa, "no es la única alternativa que hay sobre la mesa". También ha reconocido que ha sido un caballo de batalla del PSOE, al mismo tiempo que ha culpado al PP de haber llegado a esta situación.
PSOE y Ciudadanos han votado en contra de la construcción de un segundo centro de salud en Orihuela Costa y un servicio de SAMU 24 horas -ahora se presta durante 12-, dos reivindicaciones históricas de vecinos y visitantes. El PP ha llevado al pleno del Ayuntamiento una moción para exigir a la Conselleria de Sanidad estas dos cuestiones, una iniciativa que ha salido adelante con el apoyo de Cambiemos y Vox.
El concejal de Emergencias, Guillermo Cánovas (PSOE), ha explicado que no hay suficientes tarjetas sanitarias que justifiquen que haya que tener un segundo centro, alineándose con las últimas declaraciones de la Generalitat, que opta por la ampliación del actual consultorio.
En Orihuela Costa hay censados unos 23.000 residentes, población que se triplica en verano. Solo hay un único centro de salud, en Campoamor, que resulta "a todas luces insuficiente, vulnerando la ratio fijada por la propia Conselleria, que se pondera en un médico por cada 1.500 residentes y un pediatra por cada 900 niños, habiéndose establecido que dicho núcleo poblacional requiere, al menos, de 16 médicos y 5 pediatras", expone la moción. En este sentido, el PP recuerda que en varias ocasiones ha propuesto al Consell la cesión gratuita de una parcela de 10.693 metros cuadrados, sin obtener respuesta.
En cuanto al SAMU 24 horas, Cánovas ha anunciado que se va a recuperar "este servicio esencial que se vio afectado por los recortes más duros en educación y sanidad, entre 2012 y 2013". Así, ha afirmado que la puesta en marcha se realizará en cuanto esté aprobado el contrato de transporte sanitario de la Conselleria, que se encuentra en fase de licitación. "Si el 31 de diciembre no está activo el SAMU 24 horas, dimito", ha aseverado.
Asimismo, el edil ha recalcado que dispondrá de "todo el personal que requiere el equipo; es decir, un médico, un enfermero y un conductor".
