El Tribunal de Cuentas ha eximido de cualquier responsabilidad contable al exedil de Hacienda del Ayuntamiento de Torrevieja, José Hurtado Paredes, sobre la recuperación para las arcas municipales de una subvención concedida a una delegación de padres de alumnos. La sentencia archiva el procedimiento que se seguía contra exedil y un funcionario del área de Educación, y cuestiona que la interventora de entonces y una empresa auditora externa reclamaran el reintegro de la subvención sin justificarlo suficientemente.
El Tribunal de Cuentas, una jurisdicción especial no penal, abrió el procedimiento de reintegro por alcance que pretendía averiguar un eventual perjuicio a los fondos públicos del Ayuntamiento derivado de supuestas irregularidades en la justificación de la subvención otorgada en 2014 por el alcalde Eduardo Dolón (PP) a la delegación en Torrevieja de la Federación de Padres de Alumnos Gabriel Miró. El impulsor de las subvenciones fue ese gobierno popular y los receptores del dinero público la delegación de padres y madres.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal y el Tribunal de Cuentas señalaron como presuntos responsables al exedil de Hacienda de Los Verdes entre 2015 y 2019, José Hurtado -que se limitó a seguir el expediente abierto por la habilitada nacional-, y al principal funcionario gestor del área de Educación. Ambos son a los que ahora se exime de cualquier responsabilidad. La sentencia no ha sido recurrida por lo que ya es firme.
El Ministerio Público pedía que los demandados fueran declarados como responsables contables directos del supuesto perjuicio causado a los fondos públicos municipales cifrados en 5.846,80 euros. El fallo cuestiona la actuación de la interventora en aquel momento -2014/2018- que impulsó el procedimiento de recuperación de la subvención, pese a haberle dado visto bueno en su fiscalización previa, y de la auditoria externa que detectó las supuestas irregularidades dos años y medio después y que no validó con datos suficientes que los padres no hubieran hecho buen uso del dinero público.
Perjuicio real evaluable
Para el Tribunal no cabe deducir que se haya ocasionado un perjuicio real «evaluable» ya que no ha resultado acreditada «una ausencia de justificación de la aplicación de los fondos objeto de la subvención» concedida a la delegación de APA. Por su parte la delegación de padres justificó la ausencia de algunos de los archivos contables en un traslado forzoso de su sede ordenado por el Ayuntamiento y que denunciaron en la Guardia Civil. Sí que pudieron avalar pagos a la seguridad social y varias nóminas.
La causa tiene su origen en el plan periódico de auditoría de la Intervención del Ayuntamiento de 2017. Entre otras irregularidades detectadas en la justificación de subvenciones de mandatos anteriores, ese informe realizado por Global & Local Audit. SL destacaba la supuesta falta de justificación de «los gastos de personal subvencionados» para la gestión de la prestación del servicio de transporte escolar en Torrevieja, por 5.846 euros. En el mismo procedimiento también se cuestionaba la falta de justificación de 271.000 euros destinados a la misma delegación de la FAPA para cubrir el coste del transporte escolar, aunque el Tribunal se centró en el montante menor. Fue el anterior alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), antes de dejar el cargo, quien remitió el asunto al Tribunal de Cuentas al comprobar que la maquinaria administrativa local no había avanzado en la tramitación de un expediente que había ordenado una habilitada nacional.
Cuando el Tribunal se dirigió al municipio este mandato para interesarse por la denuncia que había recibido, el interventor accidental en ese momento y actual asesor jurídico del Ayuntamiento aseguró que el expediente había prescrito porque habían transcurrido cuatro años desde la concesión de la subvención por lo que habría que pedir responsabilidad al anterior gobierno municipal: al exconcejal Hurtado y al funcionario.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), que ha ironizado en varios plenos durante este mandato sobre el hecho de que el exconcejal fuera el que finalmente se viera envuelto en esta investigación, ordenó por decreto que el Ayuntamiento se personara como demandante en el Tribunal. Como ha ocurrido en otras ocasiones , a la dirección de los servicios jurídicos municipales se le pasó el plazo de presentación y el gobierno local no pudo intervenir en la fase de enjuiciamiento.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha tenido que indemnizar con un millón de euros a la empresa la Inmaculada por la paralización por parte de la interventora de los pagos a la empresa por el transporte escolar de 2014/2015, motivados por la auditoria. Abono que tiene su origen en la idea del primer edil en su primer mandato de delegar en grupos de padres asociados la gestión económica de los contratos del transporte, al impedir la legislación, por los recortes de gasto público en aquel momento, que fuera el municipio el que lo pagara.
