La Concejalía de Infraestructuras ha remitido una resolución a la empresa concesionaria del mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa, la mercantil Construcciones Zaplana Caselles, que presta el servicio desde hace dos años por un importe total de 766.136 euros anuales durante cuatro años. El escrito notifica la incoación de expediente para determinar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato.
En base a los informes del técnico supervisor, requiere a la adjudicataria que proceda «de forma inmediata a la corrección o subsanación voluntaria de las incidencias en la ejecución del contrato (posibles incumplimientos)». En concreto, en lo referente a las instalaciones fijas y jornada laboral del personal adscrito al servicio, comunicando expresamente al órgano de contratación las medidas adoptadas.
La empresa, por su parte, denuncia que el Ayuntamiento le debe más de 500.000 euros (330.000 correspondientes a las mensualidades pendientes desde marzo y el resto la deuda por unas obras ya realizadas en Espeñetas). Además, fuentes de la mercantil subrayan que la resolución es una maniobra de Infraestructuras, que desde el comienzo del contrato se ha opuesto al abono de las facturas de este servicio, y que desde la moción de censura tiene potestad en la materia, desde que estas competencias, antes de la junta de gobierno, pasaron a las concejalías. De seguir así, a finales de mes presentarán un escrito para rescindir el contrato, la tercera vez que ocurre en dos años.
El ingeniero municipal concluía el pasado mes de noviembre que «las instalaciones fijas dispuestas por la mercantil no coinciden con las que propuso en su oferta». Precisamente, fue una mejora con respecto al mínimo que se requería en los pliegos, por lo que fue uno de los aspectos que la llevaron ganar la licitación. En este sentido, el técnico propone detraer una cantidad del pago mensual por el incumplimiento en este punto, algo que, señala, supone «una pérdida de calidad en el servicio», ya que los vehículos y maquinaria se depositan en una parcela a la intemperie, en un ambiente agresivo dada la proximidad de la brisa marina, lo que provoca que «su deterioro sea mucho mayor que si estuvieran guardados en un establecimiento cerrado y techado (nave industrial), sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el contrato pasarán a ser de titularidad municipal». También implica «un riesgo potencial de averías, lo que repercute en un peor funcionamiento del servicio diario», añade. A renglón seguido, indica que tampoco tiene sistemas de seguridad adecuados.
Por tanto, determinaba que había que cuantificar económicamente, mediante la tasación de un perito, lo que suponen las deficiencias en el servicio, sin olvidar las «penalidades por incumplimiento». El supervisor, en un informe de mayo, también analizaba la asistencia de los trabajadores desde agosto hasta marzo, requiriendo a la empresa que se cumpliera con el horario en determinados puestos de trabajo.
A su vez, la empresa ha remitido una recusación; es decir, un escrito que argumenta que quien resuelve, en este caso el concejal Ángel Noguera (Ciudadanos), «no es imparcial ni objetivo», basándose en que «viene reteniendo y rechazando» el pago de las facturas desde el inicio de la ejecución del contrato con «la finalidad de llevar a la asfixia económica a la mercantil». Todo ello, añade, pese a la aprobación del pago por parte del técnico competente y del área de Intervención del Ayuntamiento, concluyendo que «no existe otro motivo que la animadversión que tiene [Noguera] frente a esta empresa». El mismo escrito incide en que el concejal ha acosado al técnico responsable, ha designado a otros afines y no ha facilitado el material adecuado y suficiente para desempeñar el correcto desempeño del servicio. Fuentes de la mercantil señalan que este escrito es una advertencia y un paso previo a otras medidas legales que emprenderán si la administración local sigue sin abonar la deuda.
El estado de los viales es uno de los asuntos que acaparan más quejas por parte de la ciudadanía. La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas, dentro de su propuesta con 88 actuaciones para "combatir la grave situación en la que se encuentra Orihuela Costa", demanda la renovación de asfaltado y acerado de los viales en peor estado, con actuaciones completas, que no se limiten únicamente a parchear, con una bolsa específica presupuestaria en torno a 2 millones de euros. Ahora bien, desde la asociación señalan que son conscientes de que "para que Orihuela Costa salga del marasmo en el que se encuentra es necesaria una inversión media de 2 millones al año durante cuatro o cinco ejercicios". De hecho, han localizado hasta 40 puntos donde hay baches peligrosos en más de 15 urbanizaciones. Se trata, además, de una reivindicación histórica. Incluso, a principios de mes pusieron en marcha una campaña para reclamar al Ayuntamiento por daños en sus vehículos ante el mal estado de los viales.
Ante "la limitación de recursos humanos y materiales", según reconoció el vicealcalde de Orihuela, José Aix (Ciudadanos), "se va a elaborar un contrato de asfaltado con cargo a los remanentes", aunque no especificó un montante.
Cambios a raíz de la moción de censura
Desde el comienzo, incluso desde la licitación, fue un contrato problemático. La empresa adjudicataria ha sostenido desde principios de 2020, cuando empezó a prestar el servicio, que el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, obstaculiza y hasta boicotea el contrato. En este sentido, fuentes de la mercantil recuerdan que poco después de la moción de censura se delegaron las competencias de la junta de gobierno en materia de Contratación a las concejalías. «Fue entonces cuando Noguera inicia el procedimiento de incumplimiento», indican. El pago de estas facturas fue uno de los motivos de enfrentamiento ente los anteriores socios de gobierno: el PP votando a favor del pago y Cs en contra.
