Las relaciones entre el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Ayuntamiento continúan siendo complicadas, a pesar del cambio de gobierno. La institución acusó en febrero al equipo de gobierno, entonces conformado por PP y Cs, de ocupar un canal sin su permiso en las obras en la calle Espeñetas sobre el brazal de Bonanza. Además, tachó de «insoportable» la relación con la Administración y avanzó que revocaría las autorizaciones de obras y las cesiones de elementos hidráulicos.
Ahora, ha lamentado que el nuevo gobierno municipal (PSOE-Cs) no haya sentado «nuevas bases de relación entre ambas instituciones», sino que «los hechos están demostrando que no es más que un mero cambio de cromos, pero no de actitudes y de aptitudes», y ha avanzado que recurrirá a la vía judicial en defensa de los intereses de sus más de 11.200 herederos.
En concreto, es la advertencia que ha lanzado el Juzgado de Aguas en un recurso de reposición para que se anulen las obras en la red de saneamiento en el tramo desde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Santo Domingo, uno de sus elementos más importantes del municipio, hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales Orihuela Casco, que se encuentra en la zona de la Policía Local, junto al cauce del río Segura.
En concreto, con esta actuación, junto con las ya acometidas en las Espeñetas, Capuchinos, calle Luis Barcala, calle Limón y adyacentes se completa la renovación de la red de saneamiento de la margen izquierda del municipio, según ha explicado Ángel Noguera, concejal de Infraestructuras. Así, «solucionamos los problemas de inundaciones en la zona de Santo Domingo en episodios de fuertes lluvias al recoger la renovada red de alcantarillado las aguas de lluvia al no existir red de pluviales», ha añadido. Con un presupuesto de 819.543 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, se actúa en un total de 910 metros lineales de tubería.
Sin embargo, el Juzgado de Aguas recurre para anular la autorización concedida a la mercantil Hidraqua, concesionaria del servicio municipal de alcantarillado, por considerarlo «lesivo y gravemente perjudicial a los intereses del Juzgado». El Ayuntamiento, por su parte, justifica la necesidad «a la vista de las averías que se vienen produciendo en el colector de alcantarillado y que se repiten cada vez con más frecuencia», lo que plantea «una actuación integral de reposición».
Para ello, es necesario el cruce de la sección de la Acequia de Callosa y Acequia Vieja de Almoradí a su paso por las calles Pintor Agrasot y Cristo de Zalamea, por lo que la empresa solicitó autorización al Juzgado de Aguas de Orihuela, que no lo autorizó «sin motivación alguna», apunta la notificación del Ayuntamiento, que igualmente aclara que «no se considera necesaria, debiendo en todo caso comunicar su ejecución a la institución», pero solo para su conocimiento.
El Juzgado señala deficiencias técnicas del proyecto, como que las nuevas tuberías atraviesen a media altura los cauces de riego, ya que la actuación no es una mera reposición sino un nuevo trazado. Así, indica que «las obras cruzan instalaciones y terrenos propiedad de la Comunidad de Regantes, por lo que precisa de la pertinente autorización «salvo que, a modo del antiguo oeste, se piense que la concejalía de turno y el Ayuntamiento están por encima de la propiedad privada», indica el escrito. En este sentido, incide en que el Ayuntamiento se salta cualquier procedimiento reglado previsto legalmente «porque yo lo valgo», al mismo tiempo que señala «mil y un ejemplos» que precisan «su reversión».
Además de las obras realizadas en el Brazal de Bonanza, que "el Consistorio ha ejecutado lo que ha considerado conveniente, en contra incluso de las órdenes de paralización dadas por el Juzgado", señala la rehabilitación de las norias gemelas, en la que uno de los requisitos era obtener la declaración de Bien de Interés Cultural cuando el expediente ni siquiera se ha iniciado, motivo por el que procedería la revocación del acuerdo, indica el escrito. O el proyecto de reurbanización de la avenida Duque de Tamames, con el desvío de la acequia de los Huertos, donde el Ayuntamiento ha actuado fuera de plazo, según el Juzgado, así como la cesión para uso peatonal de la trasera del Hotel Tudemir tras la cubrición de la acequia vieja de Almoradí, permitiendo su uso en exclusiva por parte de una instalación hotelera para sus actos públicos y eventos.
Por último, recuerda «los reiterados, continuos y sucesivos incumplimientos del pago de las cantidades acordadas en diversos acuerdos alcanzados» entre ambas entidades, algo que ya denunció en febrero.
Una relación de 745 años
El PP de Orihuela ha denunciado "la actitud chulesca y dictatorial" que el actual equipo de gobierno ha adoptado con el Juzgado Privativo de Aguas. Como ejemplo cita las obras de reposición del colector de alcantarillado entre Santo Domingo y el acceso a Orihuela casco. En este sentido, ha considerado que el Juzgado de Aguas debe ser consultado y sus reclamaciones se deben tener en cuenta. Sin embargo, el Ayuntamiento, principalmente el área de Infraestructuras, que dirige Ángel Noguera, "hace oídos sordos" mientras que la alcaldesa, Carolina Gracia, y el concejal de Patrimonio, José Aix, "miran para otro lado". El portavoz del grupo popular, Rafael Almagro, ha lamentado que las buenas relaciones que siempre han existido entre el Ayuntamiento y el Juzgado desde hace 745 años se hayan dinamitado en tan solo tres meses, al mismo tiempo que teme que se ponga en peligro la declaración de la institución como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. "Este tipo de procesos, para el que el Juzgado lleva años trabajando, requiere de la unidad de todas las administraciones, de forma que a Orihuela le corresponde impulsar, promover, buscar apoyos y facilitar procedimientos", ha recalcado Almagro, que ha concluido que desde su concejalía se impulsaron las gestiones.
