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El promotor de Cala Mosca pide una prórroga de la declaración ambiental

El constructor solicita a la Conselleria de Transición Ecológica ampliar el plazo de vigencia dos años, y justifica su necesidad por "las dificultades" en la tramitación del expediente a causa de la "dilación" de las administraciones y del covid

Playa de Cala Mosca, donde está prevista la construcción de 2.200 viviendas. L. Mármol

El promotor del sector Cala Mosca, el último kilómetro de la costa de Orihuela sin urbanizar, donde pretende construir 2.200 viviendas, ha solicitado a la Conselleria de Transición Ecológica una prórroga de dos años adicionales de la Declaración de Impacto Ambiental que la Dirección de Medio Natural y Evaluación Ambiental otorgó el 9 de mayo de 2018 y cuya vigencia es de cuatro años. El escrito expone tres motivos por los que debería alargarse ese plazo. 

En primer lugar, hace referencia a la «paralización del proyecto por causas imputables a la Administración estatal», en referencia a los informes desfavorables que emitió. En concreto, insiste en que «durante la tramitación del expediente se han sucedido circunstancias que han dificultado sobremanera la aprobación de la modificación puntual del plan parcial» hasta el punto de afirmar que «se ha visto gravemente afectado por la actuación de la administración competente en materia de carreteras y la dilación en la emisión de informes por parte otras administraciones sectoriales». 

Además, hace referencia a «diversos intentos de entendimiento y solicitudes de citas con la administración estatal a efectos de llegar a una solución viable». Incluso, advierte de que el informe de julio de 2021, emitido por la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Transportes, «pretende dar respuesta, impropia y parcial» a los informes de la Dirección General de Urbanismo. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento le consultó a este organismo, que determinó que los informes de Carreteras no eran preceptivos, algo que contradijo el Gobierno central en reiteradas ocasiones hasta que presentó un recurso contencioso administrativo, que aún está por resolverse, y «todo ello en el contexto de un presunto expediente de preguntas parlamentarias cuyo contenido todavía se desconoce», apunta la solicitud del agente urbanizador que insiste en una «situación de bloqueo», con «graves perjuicios», puesto que «la dilación» de las distintas administraciones en emitir sus informes ha hecho que resulte «imposible la aprobación de la modificación puntual, la continuación de la tramitación del expediente y la consiguiente posibilidad de iniciar las obras de urbanización proyectadas». En este punto cabe decir, que la constructora ha manifestado su intención de retomar las obras, paralizadas en 2007, antes de que acabe el año. Con todo, el Pativel da un plazo para iniciar las obras antes de marzo del año que viene; de lo contrario, el sector se incorporaría a la infraestructura verde.

En segundo lugar, el escrito apela a «la grave paralización de todo el expediente por causa de la crisis sanitaria provocada por el covid». Por último, señala que «no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental». Prueba de ello, añade, es que «tras la oportuna tramitación, aportación de documentación subsanatoria y la emisión de diversos informes, en julio se ha dictado resolución complementaria». Así, reitera que «las modificaciones se han centrado en adaptar la ordenación a la conservación y protección de la especie protegida». En concreto, en «adoptar las medidas para evitar el acceso de vehículos y personas a la zona afectada a fin de no perjudicar su pervivencia».

Asimismo, el promotor ha remitido un escrito al Ayuntamiento que da cuenta de su solicitud a Conselleria, a lo que el director de Urbanismo, Juan Ramón Mancheño, contestó el pasado día 11 incorporando la petición al expediente.

Actos y firmas en contra de la urbanización del último kilómetro 

El proyecto urbanístico en Cala Mosca, que implica la construcción de 2.200 viviendas en el último kilómetro virgen de la costa oriolana, en un litoral ya de por sí saturado, ha encontrado una férrea oposición por parte de la ciudadanía, que se ha concentrado en torno a la Asociación Salvemos Cala Mosca, y partidos como Claro y Cambiemos, que ha supeditado su apoyo a la investidura de la socialista Carolina Gracia como alcaldesa tras la moción de censura el pasado 25 de abril que desbancó al PP del poder. Hasta el punto de que la formación ha advertido al equipo de gobierno (PSOE-Ciudadanos) de que es una línea roja que supone la ruptura del pacto.

Por su parte, la Asociación Salvemos Cala Mosca está intensificando sus esfuerzos para impedir que se construya en un entorno con especies protegidas de flora y fauna, pese a que el promotor ha asegurado que las preservará en un espacio cerrado -pero insuficiente para usuarios de este espacio natural-. Así, han mantenido una reunión con Gracia, que a posteriori hizo lo propio con el agente urbanizador. Ya han recogido más de 800 firmas en contra y han organizado un acto el próximo día 21, con música, puestos artesanales y pasacalles, en una jornada reivindicativa.

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