La factura energética de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia se va a ver incrementada en más de un 80% en los próximos dos años. Es la repercusión del aumento del megavatio hora que se ha producido desde 2019 -y en especial en el primer tramo de 2022-, en el coste del suministro. Hasta la fecha no había tenido el mismo impacto en la facturación de los 133 municipios, consorcios y empresas públicas -como el Consorcio de Bomberos, el de Aguas de la Marina Baja o el ADDA- adheridos al acuerdo marco de la Central de Contratación de la Diputación, que en ámbitos como el consumo doméstico. Pero desde el próximo mes de octubre deben entran en vigor los nuevos contratos donde, pese a los esfuerzos del gobierno provincial para mitigar el incremento, esa subida va a tener una importante repercusión en las cuentas municipales, y lo que es más importante, en el capítulo irrenunciable de gasto corriente que ha de cubrirse obligatoriamente.
Si Alicante, Elche, Orihuela, Elda, Torrevieja, Benidorm o Dénia, están pagando a 41 euros por megavatio hora en estos momentos, con el nuevo acuerdo deberán abonar 140,77, más del triple. El acuerdo marco fue anunciado hace unos días por la Diputación pero el detalle de su repercusión económica recogido en el mismo da una dimensión del nuevo lastre que va a suponer para los presupuestos municipales el consumo energético.
El amparo de esa central de compras ha permitido hasta ahora a la mayoría de los principales municipios de la provincia -el único de entidad que está fuera del acuerdo marco es Alcoy-, ahorrar 15 millones de euros en la factura y capear el temporal sin verse afectados por la descontrolada escalada de precios experimentado en los últimos meses. Un alza que alcanzó tarifas medias de más de 400 euros por megavatio hora y puntas de hasta 700 a principios del pasado mes de marzo, aunque rebajada en las últimas semanas por la excepción ibérica negociado por España y Portugal ante la Unión Europea.
El impacto de este incremento en el capítulo de gasto corriente de las cuentas municipales de cada municipio dependerá mucho de las medidas de ahorro energético que adopten, según señala el diputado provincial del área de Contratación Juan de Dios Navarro, que matiza que también estará condicionado por el número de municipios que secunden este acuerdo marco en esta ocasión, si bien muchos de ellos ya han expresado su voluntad de acogerse al contrato centralizado desde el gobierno provincial.
Cuantos más se adhieran mayor margen de mejora de los precios se podrá obtener. Navarro recuerda que el acuerdo marco exige al suministrador garantía 100 por 100 renovable de la energía que va a suministrar. Dentro de los gastos de suministro de los municipios el principal corresponde al alumbrado público, seguido del que tienen que dotar para los edificios municipales, no solo por iluminación, también por equipos de climatización, ordenadores y otros equipamientos eléctricos. Pese a que la adjudicación tiene un efecto de contención y control en la escalada del precio de la energía eléctrica, la subida va a tener un impacto inmediato en las cuentas municipales con respecto a la que ha supuesto en los dos últimos años.
Como ejemplo, la ciudad de Alicante tendría que consignar casi 23 millones de euros en coste energético en los próximos dos años frente a los 13 que ha gastado en estos dos últimos. Elche pasaría de siete a catorce millones, y Orihuela -la tercera ciudad con mayor gasto de energía de la provincia derivado de su extenso término municipal, por delante de Torrevieja, Benidorm, o Elda-, se estima que pase de los cinco que ha empleado en 2020/2021 a diez millones.
La subida en la factura de la luz municipal podría haber sido sin embargo mucho peor. El proceso para adjudicar la nueva prestación del suministro reeditando el acuerdo marco no ha sido sencillo. Al concurso abierto por la Diputación en febrero se presentó una única plica de Iberdrola. El plazo de presentación se agotaba a principios de marzo, justo cuando el precio del megavatio hora estaba disparado tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Los técnicos de la central de Contratación consideraron esa oferta como «inaceptable»: la multinacional registró una propuesta económica que suponía una repercusión de 293 millones de euros en los dos años de vigencia de la prestación. Superaba en un 82% el precio de licitación del gobierno provincial de 160 millones, y en más de un 240% el que han pagado los municipios hasta ahora, según un informe de un ingeniero de la Agencia Provincial de la Energía.
La mesa de Contratación declaró el concurso desierto e impulsó un nuevo procedimiento. Entre medias se produjo el acuerdo de España y Portugal que ponía tope al megavatio hora en ambos países, momento en el que la Diputación lanzó un concurso negociado sin publicidad al que solo podía invitar a la misma empresa que se había presentado al concurso abierto, Iberdrola. En esta ocasión sin embargo la Diputación modificó los pliegos para rebajar el coste de los 293 iniciales a 160 millones. A última hora, Endesa quiso participar en esta fase del concurso, pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazó su recurso y la mesa ha adjudicado finalmente a Iberdrola con esas nuevas condiciones.
