El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado que se somete a exposición pública la reparcelación forzosa de la unidad de ejecución "B" del sector I-2 Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Orihuela, un proyecto que ha presentado la mercantil Marcos y Bañuls SL como paso previo a la urbanización de uno de los escasos espacios que queda libre de edificaciones en el entorno de la N-332, justo al otro lado del vial en donde se sitúa el también polémico proyecto D-1 Alameda del Mar, más conocido como Cala Mosca, donde está prevista la construcción de 2.200 viviendas.
En concreto, este desarrollo urbanístico responde a un plan parcial de 1997 que se modificó en 2007 para "ubicar de forma coherente las previsiones terciarias a la vez que se centralizan las dotaciones y equipamientos públicos y se reserva en una tercera línea la edificación residencial", según recoge el PGOU, que contempla 244 viviendas sobre una superficie de 17.542 metros cuadrados en la parte superior con tipología de bloque residencial abierto plurifamiliar, además de una reserva deportiva y una dotación pública para zona verde y equipamiento, y con uso comercial en la parte inferior en edificio de una planta de altura (6.896 metros cuadrados). En total, 24.438 metros cuadrados de edificabilidad en la unidad de ejecución.
Ahora, hay un plazo de un mes para presentar alegaciones al proyecto de reparcelación forzosa -distribución del suelo-, que la mercantil ha justificado ante el rechazo de reparcelación voluntaria por parte de alguno de los propietarios del terreno. En concreto, son tres. Uno de ellos es Germán Sánchez, gerente de Go-Karts Orihuela Costa, que dispone de 17.000 metros cuadrados, un 33% del total. Su oposición se debe a que el promotor urbanístico contempla una indemnización de 300.000 euros. "Con eso no pagan ni el asfalto", manifiesta Sánchez, que calcula que el valor de las instalaciones más el cese de actividad -lo que deja de ganar por un negocio rentable- equivale a unos 5 millones de euros. Al mismo tiempo, lamenta que se pueda "perder un servicio de ocio y deporte, que supone un aliciente en niños, en una zona donde solo se ofrece playa y casas".
Con todo, aboga por una reparcelación en la que encaje la pista de karting. De lo contrario, llevará el asunto al juzgado. Antes, presentará alegaciones al proyecto y solicitará a Conselleria la nulidad del plan. De momento, ha dirigido un escrito a la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, para que "ordene, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso de ejecución" al haber comprobado que "carecen de autorización urbanística y de título alguno habilitante", en referencia a la demolición que está realizando el agente urbanizador de la edificación que de uso hostelero hay en la parcela (el antiguo restaurante El Sarmiento).
Según Sánchez, se está procediendo a "iniciar las obras de urbanización -sin resolución expresa del Ayuntamiento para la demolición-", antes de que se apruebe la reparcelación, ahora en exposición pública. Asimismo, señala que esto, en pleno agosto, "está ocasionando un perjuicio evidente a mi negocio al ocasionar molestias a mis clientes, lo que está suponiendo una pérdida económica considerable".
También solicita a la administración local que se proceda a la tramitación previa de la modificación el proyecto de urbanización con "las garantías de publicidad y audiencia establecidas legalmente", ya que está teniendo dificultades para acceder al expediente. En este sentido, sostiene que "cuando las solicitudes no provienen del urbanizador, o de los propietarios que siguen su misma línea, hemos tenido la callada por respuesta a pesar de la contundencia de nuestros argumentos", afeando la actitud del Ayuntamiento.
Por último, el escrito insiste en que "carece de justificación y es totalmente innecesario que se proceda a realizar tareas de demolición de inmuebles con carácter previo a la aprobación definitiva de la reparcelación".
Se trata de uno de los proyectos urbanísticos que se están acelerando en Orihuela Costa, como la urbanización de Cala Mosca, el último kilómetro virgen del litoral oriolano, donde el constructor ya ha manifestado su intención de reiniciar las obras antes de que finalice el año. Con todo, Cambiemos ha advertido al equipo de gobierno que es una línea roja que pone en peligro el pacto que dio lugar a la moción de censura y su apoyo con tres concejales que tienen la llave para sacar adelante cuestiones tan importantes como los presupuestos, prorrogados desde 2018, ya que el equipo de gobierno suma 11 ediles (6 PSOE y 5 Ciudadanos), frente a los 9 de PP y los 2 de Vox.
Otro ejemplo es que el Ayuntamiento planea una modificación puntual del PGOU, a petición de un promotor, para cambiar suelo dotacional -hasta ahora reservado a uso deportivo, administrativo, sanitario y cultural- a residencial para construir 58 viviendas en Playa Flamenca.
No en vano, en junio la Concejalía de Urbanismo desatascó 574 licencias urbanísticas en un mes y medio, sobre todo de viviendas turísticas en la costa.
