El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución por la que se inicia el proceso de adjudicación excepcional de 22 viviendas públicas en Callosa de Segura que se destinarán a alquiler. Este proceso está impulsado por la vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, que compró el pasado 4 abril al Sareb el edificio Nieves con 22 pisos para formar parte de su patrimonio público de vivienda en Callosa. En este caso, la declaración de excepcionalidad busca fomentar una mayor "heterogeneidad social en el municipio con el objetivo de contrarrestar las dinámicas de segregación urbana, guetización y concentración de la pobreza, favoreciendo medidas orientadas a promover un mayor equilibrio de población", según la nota de prensa de la Generalitat.

La Generalitat mantiene su compromiso de alquiler a colectivos en precario después del rechazo a la iniciativa por parte de los vecinos de la zona en la que está enclavado el edificio -con la recogida de 5.000 firmas en un municipio de apenas 19.000 vecinos-, que han contado con el respaldo de un acuerdo del pleno y el alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) en el que se reclamaba que se adquirieran viviendas dispersas en el casco urbano. Primer edil que está haciendo de la presencia de migrantes sin regularizar-en especial de menores sin acompañamiento- o de la supuesta ocupación de viviendas -la mayoría abandonadas por los bancos- temas centrales de su agenda de gestión en el Ayuntamiento. Los vecinos «temen» que el acceso a vivienda pública «degrade el entorno y provoque conflictos» porque el edificio en la calle Cervantes, en el centro del caso urbano, está «junto a un colegio de 600 alumnos» y el mercado de Abastos.

El procedimiento de adjudicación de la Generalitat indica en su artículo 35 esta «una modalidad excepcional de adjudicación de viviendas protegidas para atender circunstancias extraordinarias o a especiales necesidades de colectivos determinados». Podrán optar a estas viviendas las unidades de convivencia inscritas en el Registro de Demanda de vivienda que cumplan los requisitos para ser adjudicatarias y con las siguientes condiciones adicionales: estar empadronado como mínimo un año en algún municipio de la provincia de Alicante; ingresos iguales o superiores a 1,5 veces el IPREM que provengan de las rentas del trabajo; y pertenecer a alguno de determinados colectivos.

Concretamente, siete viviendas se destinarán a jóvenes menores de 35 años, tres a mayores de 60 años, tres a familias monoparentales, dos a mujeres víctimas de violencia de género y tres viviendas a personas con diversidad funcional en cualquier miembro de la unidad de convivencia. Las cuatro viviendas restantes serán adjudicadas por la modalidad de adjudicación ordinaria. El procedimiento de baremación de solicitudes comenzará un mes después desde la publicación en el DOGV.