Cambiemos Orihuela ha denunciado que "la Concejalía de Urbanismo está ralentizando los trámites y planteando regalarle dinero público al Obispado con un posible arrendamiento provisional al precio mínimo exigido por ley" sobre los terrenos públicos que ocupa el Colegio Diocesano Santo Domingo desde hace dos décadas.

Después de recordar que la fecha que dictaba la sentencia para la desocupación efectiva de las parcelas era el pasado 15 de julio y que la Agencia Valenciana Antifraude señaló en abril la inacción del gobierno del PP y Ciudadanos, María Sandoval, concejala de la formación, ha destacado que desde entonces el grupo municipal está trabajando para que el área de Urbanismo obligue a desocupar los terrenos. Sin embargo, "hasta la fecha no se ha avanzado más que en un decreto que dicta que se comiencen los trámites tanto para realizar un contrato de arrendamiento como para estudiar la viabilidad y condiciones de una posible permuta", ha continuado, al mismo tiempo que ha revelado que "ambas decisiones se han tomado unilateralmente por el concejal responsable, José Aix", y que todo apunta a que incluso "esas gestiones están siendo bloqueadas deliberadamente por la Concejalía que ostenta".

Ante la posibilidad de establecer un 6% el canon de arrendamiento, Cambiemos considera que es insuficiente: "Teniendo en cuenta que la Diócesis lleva años beneficiándose ilegal e intencionadamente de unas parcelas que son propiedad del pueblo de Orihuela, el mínimo que la ley establece nos parece muy bajo. Estimamos que, al menos, el arrendamiento debería estipularse en un 10% del valor de mercado de los terrenos. Sin embargo, todavía estamos pendientes de la tasación, pues desde la dirección política de Urbanismo no constatamos ninguna voluntad de mover un dedo y hacer cumplir la legalidad". 

Cambiemos llevó a pleno el pasado mes de julio, por segunda vez, una moción en la que se exigía llevar a cabo la recuperación de los terrenos que la Diócesis de Orihuela-Alicante lleva ocupando desde 1999. En la propuesta, instaba al gobierno a que tomara posesión de las parcelas públicas y llegara a un acuerdo de un arriendo temporal mientras se llevaban a cabo los trámites para poder finalizar el curso escolar sin causar molestias a la comunidad educativa. Además, solicitaba cursar una denuncia por daños y perjuicios tras los más de 20 años que la Iglesia lleva haciendo uso de los terrenos propiedad municipal sin cumplir el acuerdo para el que fueron cedidos.

Fue entonces cuando se constató las diferencias de criterio entre los socios de gobierno, ya que Ciudadanos votó en contra mientras que el PSOE apoyó la moción de Cambiemos, que finalmente salió adelante con la abstención del PP. En esa ocasión, además, Cambiemos advirtió al bipartito de que se estaba aproximando a ciertas líneas rojas que impuso para apoyar la moción de censura.

Así, Sandoval ha apoyado la propuesta que ha registrado Pro-Campus en el Ayuntamiento. Su portavoz, José Antonio Muñoz Grau, ha solicitado este martes al gobierno local que actúe acorde a la legalidad y no retrase más la toma de posesión de los terrenos, así como la recuperación de la universidad histórica, que fue lo que se acordó en 1999. Una petición a la que solo unas horas más tarde la propia alcaldesa respondía negando que se estuviera anulando una sentencia y acusando a Muñoz Grau de "actuar de mala fe", a la vez que aseguraba que se exigirían daños y perjuicios.

En este sentido, Sandoval ha lamentado que los terrenos "llevan siendo usurpados y robados al municipio demasiados años con la permisividad y complicidad de los sucesivos gobiernos del PP", que "se conchaba con la Iglesia y da la espalda a la gestión de lo público y del bien común, poniendo por delante intereses privados". Por ello, ha añadido, "compartimos la propuesta de Pro-Campus para abrir una mesa de diálogo en la que se decida el uso de estos terrenos para dotarlos de la mayor utilidad de manera participativa y democrática".