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El Pleno de Torrevieja valida el plan del nuevo transporte urbano con gestión privada

El alcalde mantiene que no habrá intercambiador junto a la plaza Castelar pero el documento sí lo recoge con un paso diario de más de 300 autobuses

Una de las principales paradas del transporte urbano en Torrevieja en la calle Ramón Gallud

Una de las principales paradas del transporte urbano en Torrevieja en la calle Ramón Gallud / TONY SEVILLA

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D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El equipo de gobierno del Partido Popular aprobó ayer la toma en consideración de la memoria de asesoramiento para la puesta en marcha de un nuevo servicio de bus urbano en Torrevieja. El alcalde Eduardo Dolón se centró en destacar que las mejoras en eficiencia y ambientales que contempla esa memoria para el nuevo servicio según este documento, avanzado por INFORMACIÓN el pasado mes de marzo. Entre ellas las tres rutas nocturnas "búho" para los barrios más alejados del centro, la nueva línea circular y las ocho de conexión del centro con los barrios y urbanizaciones.

En total serán 32 autobuses con tecnología híbrida los que cubrirán el servicio de movilidad del municipio con el objetivo de mejorar frecuencias de paso actuales, con reducciones de tiempo de espera del 50% de media en todos los trayectos con el aumento de las frecuencias de paso, principal carencia del servicio actual.

Las calles Ramón Gallud, Apolo y San Policarpo serán viales de tráfico preferente de bus, que será de pago, aunque con hasta siete variantes de bonos -entre ellos los gratuitos para los pensionistas-.

Dolón no quiso abundar en los motivos por los que la opción de la gestión indirecta es la más favorable para el municipio, aunque la memoria cita sobre todo el ahorro en los costes laborales y de combustible. El texto se somete ahora a información pública con un periodo de alegaciones. Será después de su aprobación definitiva cuando el pleno determine la forma de gestión del servicio público de transporte urbano.

El PSOE, Los Verdes, Sueña Torrevieja y la edil no adscrita Fanny Serrano insistieron en que toda la memoria, elaborada por un ingeniero externo, aunque supervisada por una comisión formada por políticos y directores generales está orientada, en su opinión, a que el modelo de gestión que se escoja sea el indirecto frente a la gestión pública por razones económicas.

Estas formaciones se preguntaron por qué el Ayuntamiento se convierte en el comprador de 32 autobuses con -valorados en 17 millones de euros- para luego entregárselos a la mercantil que luego vaya a realizar el servicio -que se ahorra la inversión y se limita a la gestión del servicio-.

Los portavoces Andrés Navarro, Israel Muñoz y Pablo Samper se preguntaron por el motivo por el que el Ayuntamiento va a realizar la inversión para luego entregárselos a una empresa privada.

Pablo Samper preguntó en varias ocasiones si el intercambiador que esa memoria ubica entre la plaza de Capdepont y plaza Castelar finalmente se va a llevar a cabo en esa ubicación y recordó que, en caso de llevarse a cabo concentraría el paso de más de 300 autobuses diarios, 21 a la hora, en temporada alta.

El alcalde, solo al final de su intervención, aseguró que se ubicaría una parada, no el intercambiador. Y de paso, mantuvo que 300 autobuses son equivalentes a 10.000 vehículos menos. Lo que por otra parte, obliga a modificar la memoria en las alegaciones o a no respetar sus determinaciones. Buena parte del grueso de la memoria se base en el Plan de Movilidad aprobado por el Ayuntamiento en 2016, con algunas modificaciones en 2018 y cambios durante el actual.

Belén

Por otra parte, el PP aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos, como ya avanzó este diario, para pagar 26.000 euros (más IVA) en la compra de figuras para el belén municipal en la Navidad de 2019. La factura entró en el sistema de gestión municipal a finales de 2021.

Según denunciaron los ediles Ana Pérez (PSOE), Muñoz, Sampere y Serrano, el técnico que la conforma solo cita que el municipio ha recepcionado solo tres figuras de la docena que figura en el encargo y el gasto. Y después la firma la edil del área Concha Sala, que ayer no intervino para dar explicaciones aunque el edil de Hacienda Domingo Paredes atribuyó este gasto del actual mandato a la mala gestión del anterior gobierno.

El concejal socialista Andrés Antón justificó su ausencia por encontrarse indispuesto con lo que le grupo socialista -formado a principios de mandato por 5 ediles ayer contó con dos-.

COMILONA, INAUGURACIÓN Y FALTA DE INFORMACIÓN

Entre los decretos de los que dio cuenta ayer el pleno figura una factura 840 euros pagada por el erario es uno de los restaurantes más conocidos -y caros- de Torrevieja para agasajar a una comisión de la ciudad italiana de Faleria. A 60 euros el cubierto. Algo que afeó al equipo de gobierno del PP la concejala no adscrita Fanny Serrano o el edil portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper.  

La inauguración de un monolito en el parque Cabo Verde costó más de mil euros para la contratación de jaimas, sillas y mesas para el acto, en torno a 500 las jaimas y casi 600 la sonorización, según señaló el concejal portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz. 

El Ayuntamiento también abona al mes más de 3.105 euros en un servicio de visualización de calidad del aire en dependencias municipales. Una de las características de esta prestación es que cualquier vecino puede consultar en la web municipal la calidad del aire de casi 40 dependencias municipales, entre ellos la alcaldía, el despacho del gabinete de prensa, tesorería, intervención o secretaria general del pleno.

La edil Serrano contrastó esta transparencia con los vecinos con el hecho de que los concejales de la oposición hayan perdido, como denunció el concejal Rodolfo Carmona, esta misma semana su derecho a acceso directo y sin permiso expreso del alcalde al registro municipal y su soporte documental. El alcalde Eduardo Dolón no ha ofrecido aclaraciones sobre este bloqueo ni cuando se denunció ni en el pleno.

Entre las resoluciones de los concejales con firma delegada en el equipo de gobierno Andrés Navarro destacó el pago de cuotas de comunidades de propietarios de numerosas propiedades municipales -algunas pendientes desde 2017- en edificios del casco urbano y se preguntó si esos inmuebles se han puesto a disposición de las necesidades de vivienda pública.

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