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Agricultores exigen una auditoría al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

La institución convoca elecciones en noviembre y diciembre para el periodo 2023-2026 al mismo tiempo que un grupo de regantes requiere transparencia e información sobre las cuentas y demanda un cambio en la gestión

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, en unas pasadas elecciones TONY SEVILLA

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la convocatoria de elecciones del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela para cubrir los cargos de juez, teniente de juez y síndico general para los próximos cuatro años -desde 2023 a 2026-, que se realizará el próximo día 16 de diciembre, a las 10.00 horas. Las candidaturas se deben presentar en la secretaría del Juzgado desde hoy hasta el 16 de noviembre, a las 14.00 horas.

Para renovar a síndicos y representantes de los acueductos mayores para el mismo periodo, también se han convocado las juntas generales de los heredamientos, que se celebrarán del 7 al 11 de noviembre. El plazo de presentación de candidaturas comienza el próximo día 10 hasta las 14.00 horas del 28 de octubre.

Para poder optar a cualquiera de estos cargos se deberá encontrar inscrito en los padrones del acueducto correspondiente y estar al corriente en el pago de cualquier debito en el Juzgado de Aguas o a cualquiera de los heredamientos integrados, así como acreditar la identidad mediante DNI.

Entre los agricultores, hay una corriente cada vez más fuerte que discrepa con "las formas" y aboga por un proceso de modernización y un cambio en la gestión para acabar con el "hermetismo" y "aislamiento" que, en su opinión, sufre la institución. Todo ello en un momento crucial ante la subida de precios en los abonos, la electricidad y el agua. Por eso, afirman que es importante reforzar el Juzgado para que sea eficaz.

Asimismo, consideran que la transparencia en algunos asuntos es escasa, como en la información que se proporciona sobre los ingresos y gastos. Un grupo de regantes ha solicitado en tres ocasiones una auditoría, algo que nunca se ha hecho -manifiestan-. El último requerimiento lo realizaron el pasado día 26. Contra esa "opacidad", marcan un plazo de ocho días para contestar. De lo contrario, acudirán a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Sobre todo, insisten en el acceso a los justificantes de los gastos. En concreto, el escrito requiere la entrega de una copia del libro de derramas hasta la fecha. Según sus cálculos, el Juzgado, que administra unas 80.000 tahúllas -casi 9.000 hectáreas- ingresa un millón de euros al año en concepto de derrama, una cuota que paga cada regante de entre 12 y 14 euros por tahúlla.

Así, recalcan que la institución no les representa ni atiende sus intereses y peticiones. Como ejemplo, citan que no se han acometido obras de mejora y reparación tras los destrozos que causaron las lluvias torrenciales provocadas por la DANA de septiembre de 2019.

Además, las relaciones entre el Juzgado y el Ayuntamiento no pasan por el mejor momento. Ya en febrero, desveló deudas de la administración local que "asfixian" a los regantes, remitiendo un escrito que imponía condiciones para llegar a nuevos acuerdos tras los incumplimientos por parte del Consistorio.

Después, advirtió de que la reclamaría por la vía judicial y que revocaría las autorizaciones de obras y las cesiones de elementos hidráulicos, al mismo tiempo que calificaba de "insoportable" la relación.

La institución también tiene asperezas con la CHS, donde el Juzgado de Aguas de Orihuela es el que negocia el agua que llega a la Vega Baja.

Las raíces del Juzgado

La Diputación y el Ayuntamiento solicitaron su reconocimiento como Tribunal Tradicional y Consuetudinario y Pueblos de su Marco, algo que finalmente se aprobó a finales del pasado año en el Congreso de los Diputados. También opta a la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Como paso previo las Cortes han instado al Consell a que lo declare Bien de Interés Cultural (BIC).

Los antecedentes del Juzgado de Aguas, una entidad jurisdiccional y de gobierno que resuelve conflictos en temas relacionados con el agua y el riego, hunde sus raíces en la Orihuela Andalusí, aunque su forma más actual tiene su origen en el siglo XIII en un privilegio concedido por el Rey Alfonso X el Sabio al Concejo de Orihuela. Cuenta con más de 1.500 regantes y administra unas 9.000 hectáreas y centenares de kilómetros de canales que han contribuido al desarrollo, durante siglos, de Orihuela y sus pedanías.

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