Un juez de Torrevieja lleva al banquillo al conocido gángster irlandés John Gilligan por tráfico de drogas y fármacos

El juicio estaba señalado este martes en el juzgado de lo Penal número dos de Orihuela, con sede en Torrevieja, pero tuvo que suspenderse debido a la ausencia de uno de los acusados, precisamente el hijo de Gilligan. Fuentes cercanas al caso indicaron que este acusado se encuentra en Irlanda y alega que no tiene dinero para venir a España. El juzgado va a tratar de citarle de nuevo, al tiempo que va a iniciar los trámites para declararle en rebeldía, de manera que pueda juzgar a los otros siete acusados. Todos están en libertad. La vista oral ha vuelto a ser señalada a partir del 17 de abril del año que viene y continuará durante otros dos días más.

Para Gilligan se reclaman penas que suman más de ocho años de prisión; mientras que para cada uno de los presuntos integrantes de la banda se piden cerca de siete años. La pena para Gilligan es superior porque a él se le imputa además un delito de tenencia ilícita de armas, dado que la Policía encontró durante la operación enterrada en el jardín de su casa en Torrevieja una pistola de aire comprimido capacitada para el disparo. El arma era de características similares a la utilizada en el asesinato de la periodista en Dublin en el año 1996, pero la policía irlandesa acabó descartando vinculación alguna de dicha pistola con el crimen.

Antes del juicio, la Fiscalía y las defensas estuvieron negociando los términos de una posible conformidad, en la que todos los acusados se declararían culpables a cambio de rebajas en las condenas. Sin embargo, no se llegó a acuerdo alguno. El principal escollo venía porque la Fiscalía sostenía unas penas que implicaría que tuvieran que ser encarcelados. El abogado Aitor Esteban Gallastegui representa a Gilligan y su esposa, así como al hijo que no compareció. Otras defensas son Enrique Giménez Aznar, Mariana Ivanova y Montserrat Angulo Donado.

John Gilligan, que tiene 70 años en la actualidad, fue arrestado en Torrevieja en octubre de 2020 por agentes del grupo Greco Levante de la Policía Nacional, especializado en asuntos de crimen organizado, tras una investigación que arrancó en julio de 2019. Las pesquisas arrancaron ante las sospechas de que la organización estaba enviando drogas y fármacos somníferos desde la Vega Baja a Irlanda, oculta en el interior de paquetes postales.

30.000 pastillas

Entre juguetes infantiles, chanclas de playa y toallas, iban escondidos cajas de medicamentos, cogollos de marihuana y tabletas de cannabis y remitidos a Irlanda a través de envíos postales o de empresas de paquetería. Los agentes estuvieron realizando seguimientos y vigilancias, así como escuchas telefónicas, a los presuntos miembros de la organización. Los alijos eran interceptados,, con la preceptiva orden judicial, una vez que los miembros de la banda se personaban en oficinas de Correos de distintos municipios de la Vega Baja. Otro de estos envíos fue incautado en el aeropuerto de Alicante.

El envío de los somníferos es el delito por el que se reclama la mayor pena a los acusados. Se les incautaron cerca de 30.000 pastillas. Aunque se trata de fármacos legalmente autorizados y que únicamente solo se pueden adquirir con receta médica, desde la Fiscalía se incide en que su dispensación corresponde en exclusiva a las farmacias por lo que el modo y las condiciones en que fueron aprehendidos suponen un serio atentado a la salud pública. Solo por este delito, la Fiscalía les reclama un total de cuatro años de prisión. En las negociaciones para una posible conformidad solo estaba dispuesta a bajar a tres años, penas que el resto de las defensas no aceptaron. Por las otras drogas aprehendidas se piden dos años de cárcel; y otros diez meses por un delito de pertenencia a grupo criminal. En cuanto a la pistola hallada en el domicilio de Gilligan, la fiscal le reclama año y medio de cárcel, únicamente a él.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que Gilligan era uno de los acusados dispuesto a llegar a una conformidad y, de hecho, durante todo el proceso ha asumido la responsabilidad de los hechos exculpando a su pareja y al resto de los acusados. Gilligan fue el único de los acusados que ingresó en su día en prisión preventiva por estos hechos, pero quedó en libertad dos meses después tras pagar una fianza de 12.000 euros. Tras la suspensión de este martes, el juzgado le ha devuelto el pasaporte y ha autorizado a viajar a Irlanda para llevar a su pareja a una operación médica.