El Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura, que administra 4.500 tahúllas -503 hectáreas- pretende ser Tribunal Consuetudinario, como ya lo es el de Orihuela, después de que el Congreso de los Diputados lo aprobara hace un año. Tal y como venían reivindicando los agricultores de esta secular organización agraria, fue entonces cuando llegó el reconocimiento, por su contribución -durante siglos- a la resolución de los conflictos en temas relacionados con el agua y el riego, en un acto que fue aplaudido por toda la Vega Baja, cuyos representantes arroparon a la institución en la declaración definitiva el pasado mes de diciembre en la Cámara Baja.
De esta forma, las resoluciones del Juzgado de Aguas de Guardamar en conflictos entre regantes también tendrían plena naturaleza jurisdiccional, como las sentencias de un juez. Hasta la consideración del Juzgado de Orihuela el año pasado, cuando a través de una enmienda en el Senado también se incluyó al Tribunal del Comuner del Rollet de Gracia d'Aldaia, solo el de las Aguas de València y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia contaban con este estatus especial, a los que además la Constitución los considera medios de participación ciudadana en la administración de Justicia.
José Luis Sáenz, juez de Aguas y alcalde de Guardamar, explica a este diario que se trata del inicio del expediente. Por el momento, solo es el primer paso de un trámite que necesita la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 19, para introducir esta consideración. Así, la institución de Guardamar elevará a su junta general, cuya convocatoria ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia, una propuesta para que sea declarado Tribunal Consuetudinario.
El orden del día de la reunión, que se celebrará el próximo día 30, incluye además una modificación del estatuto de usos y costumbres del Juzgado de Aguas de Guardamar que ha impuesto la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura para adaptarlo a los principios constitucionales de representatividad y estructura democrática, según lo que marca la normativa de Aguas.
En este sentido, Sáenz aclara que esta necesidad responde precisamente a la antigüedad de estos juzgados, que se remonta a siglos atrás, por lo que es preciso modernizar los estatutos en cuestiones como la de elegir al juez por votación entre uno de los comuneros para acabar con "la imposición o mandato divino" de que sea automáticamente el alcalde del municipio, como ocurre ahora. Otro de los cambios previstos es adaptar el sistema de órganos gestores a los nuevos tiempos.
Además, en la junta general los síndicos darán cuenta de los gastos e ingresos en cada uno de sus acueductos, la modernización de riegos y demás actuaciones acometidas en los ejercicios 2020 y 2021, que hasta ahora no se habían podido discutir debido a la irrupción del covid. También se actualizarán las derramas; es decir, la cuota que cada uno de los 700 propietarios tendrán que abonar por tahúlla, en función del saldo del que se dispone y los proyectos que se pretenden llevar a cabo.
