El Ayuntamiento de Callosa de Segura continúa con su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, una línea de actuación que el actual alcalde, Manuel Martínez, se propuso en 2019. Así, el Ayuntamiento presenta hoy la aplicación «Alerta okupa», con la que afirma «liderar esta lucha en la Comunidad Valenciana», para que los vecinos puedan comunicar al Consistorio estos hechos. En este momento, según sus estimaciones, en la localidad hay 43 inmuebles ocupados. Con todo, el objetivo es realizar «un censo» gracias a esta herramienta.

Nicolás Pons, responsable del desarrollo de la aplicación, explica que se ha desarrollado un proyecto piloto en Vera (Almería), un municipio con 16.000 habitantes y 200 viviendas ocupadas que, tras poner en marcha la aplicación, la ocupación se redujo un 50% en dos meses.

En el caso de Callosa, se ha introducido también la opción de denunciar la sobreocupación, los conocidos como pisos patera. En este sentido, Martínez manifiesta que la pretensión es acabar con los precios abusivos, el realquiler, el malestar que genera en el entorno vecinal y las redes de trata que favorece esta práctica. Precisamente, a principios de septiembre caía una red que traficaba con menores extranjeros no acompañados cuyos cabecillas residían en Callosa, Crevillent y Lorca.

Para la efectividad de la aplicación, apunta Pons, es necesario que la administración tenga establecido un protocolo de actuación. De esta forma, los vecinos, a través de la aplicación, a la que se accede escaneando un código QR, alertan de forma anónima y confidencial y se genera un expediente que se transfiere a las áreas de la administración competentes en esta materia (Urbanismo, Policía, Servicios Sociales y Obras). Además, se puede aportar contenido multimedia como fotos, vídeos y audios que quedarán sellados en el tiempo, por lo que se podrán usar incluso como prueba en los juzgados.

A su vez, Pons hace hincapié en la importancia de que intervenga Servicios Sociales para que quienes ocupan ilegalmente puedan optar a una vivienda social. En este sentido, Martínez insiste en demandar a la Generalitat inversión en un parque público de vivienda, ahora escaso, al mismo tiempo que muestra su disconformidad con que el Consell haya concentrado estos recursos en un mismo edificio, algo que "va en contra de la propia ley".