La concejala María José Costa Medrano (Ciudadanos) presentó una moción en el último pleno por la que se solicitaba que el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas devolviera las competencias recaudatorias a Suma Gestión Tributaria y un pleno monográfico para tratar del expediente por el que el municipio está intentando liquidar las deudas del Plan Parcial Sus A Los Invernaderos.
El equipo de gobierno socialista y la concejala independiente de Adelante votaron en contra. Votó a favor de la moción los ediles del PP, Clemente Hurtado, Soledad Soto y Sheila Vegara, y la proponente de la moción, Maria Jose Costa Medrano y la concejal de IU Bienvenida Campillo, exsocia de gobierno del Partido Socialista. El concejal portavoz del PP y abogado urbanista Sergio Correas no acudió al pleno.
El plan SUS A Invernaderos fue promovido bajo gobiernos del PP local con un convenio para la reclasificación de 700.000 metros de suelo y la construcción de 1.800 viviendas.
El municipio llegó a recibir tres millones de compensación. Cuando la urbanización del proyecto estaba casi terminada en 2009 la promotora liderada por el empresario Ramón Salvador entró en concurso de acreedores dejando una deuda multimillonaria a proveedores y la superficie del plan con avenidas y zonas verdes totalmente abandonada desde entonces como tarjeta de presentación del municipio desde su acceso por la CV-95.
La liquidación de deudas que está realizando el Ayuntamiento se deriva del hecho de que tuvo que asumir la gestión del plan -ninguna empresa quiso hacerse con la condición de urbanizador- y por lo tanto responder con los bienes del plan a los acreedores.
A juicio de Costa Medrano que el Ayuntamiento se haga cargo de este expediente, que intenta gestionar las deudas que dejó el urbanizador del macroproyecto de urbanización hace más de una década "será provocar la ruina económica de San Miguel ya que no se cobrará ni un céntimo".
El alcalde concejal de Urbanismo, Juan de Dios Fresneda "no sabe cómo tramitar la recaudación, ha tenido que solicitar un informe externo para conocer cómo tramitar el cobro, no tiene ni idea de cómo recaudar y aun así sigue con la gestión", dice Medrano.
Grave error
“Fue un grave error retirar las competencias a Suma y ahora es una temeridad incomprensible que el Alcalde se obstine en no devolverlas", asegura Maria José Costa.
La retirada de competencias recaudatorias en Suma se aprobó el pleno de 25 de noviembre pasado. El gobierno local alegó que "era mejor que se gestionara por el Ayuntamiento por razones de celeridad de este expediente y que técnicos y funcionarios de este Ayuntamiento llevarían a cabo esta tramitación, nunca nos dijo que sería llevado a cabo a golpe de talonario para pagar informes externos solo para que digan como se debe tramitar", según recuerda la edil.
Pero la primera actuación desde la avocación de competencias se produjo en el mes de mayo de 2022, por lo que la celeridad a la que "se aludía por parte del Alcalde no se ha dado". Además, según mantiene la concejal, se ha iniciado un procedimiento de recaudación sin contar medios técnicos y humanos para llevarlo a cabo, "con un departamento de intervención que en el mes de agosto ha estado una semana sin personal, nadie, cerrado a cal y canto".
Sin funcionarios
La misma alcaldía reconocía en un decreto posterior que el Ayuntamiento sólo tiene un funcionario con tiene conocimientos técnicos de esta materia en económica, y por la especialidad de dichos estudios, además del volumen de trabajo de los asuntos ordinarios del Ayuntamiento en que deben intervenir. Y se encarga con ese decreto el trabajo a una empresa externa.
En julio de se ha tenido que solicitar otra ampliación de informe a la misma empresa de asesoramiento ya que no saben legalmente cómo actuar. "Fue un grave error retirar las competencias a Suma y ahora es una temeridad no devolverlas. El gobierno municipal en noviembre nos mintió para arrancarnos el voto, y ahora vuelve a mentir al solicitarle explicaciones".
La edil lamentada que el alcalde se limitada en el pleno de julio "a leer un papelito" que calificó de informe jurídico sin hacer entrega del documento asegurando que "es un borrador, y que ni siquiera esta en el expediente de recaudación".
