Una empresa ha pujado 4,3 millones de euros por hacerse con la propiedad de catorce solares residenciales del plan urbanístico «fantasma» del SUS-A Los Invernaderos, en San Miguel de Salinas. Sobre ese suelo embargado el Ayuntamiento impulsó la subasta para responder a las deudas contraídas con acreedores desde hace casi quince años, y vinculadas al fiasco del desarrollo de ese plan urbanístico, abandonado sin terminar en 2009.
Del total de la puja el municipio le corresponde el 20%. En torno a 800.000 euros que se destinarán a inversiones en el presupuesto municipal, según indicó a preguntas de INFORMACIÓN el concejal Raúl Moreno. Los 114.000 metros cuadrados adscritos a Fincas Altabix -92.000 residenciales y 16.000 comerciales-, estaban tasados en 8,1 millones de euros.
La oferta supera algo más del 50% de ese valor para garantizarse la adjudicación y convierte este comprador en el principal propietario de suelo del sector y la primera interesada en que se invierta en resolver el grave deterioro del sector.
El municipio retiró a SUMA las competencias para llevar a cabo este proceso porque en caso de haberlas mantenido ese 20% de apremio hubiera acabado en las arcas del organismo autónomo y no en el Ayuntamiento, según Moreno. Una vez resuelta esta subasta el municipio quiere adjudicar la condición de agente urbanizador. Una de las dificultades para confirmar el proceso es que el banco «malo» SAREB es propietario de suelo y no está claro que vaya a aceptar la subasta. La firma que acaba de hacerse con esas 14 parcelas tiene todas las papeletas.
El municipio, explica el concejal, carece de capacidad para gestionar directamente las obras que faltan-. Moreno indicó que hay que darle una solución a un abandono de 15 años que solo da problemas al Consistorio y que la reactivación del sector generará ingresos por impuestos de construcción, IBI y empleo.
Reclasificación y quiebra
El del SUS-A es ejemplo del impacto de la especulación inmobiliaria en la Vega Baja. El proyecto se impulsó a mediados de los años 2000. En pleno boom. La promotora tramitó y obtuvo del Ayuntamiento y la Generalitat, la reclasificación de 700.000 metros cuadrados rústicos de bancales de almendros para 2.000 viviendas junto al casco urbano. El promotor logró privatizar, con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica, la rambla de La Escribana que atraviesa el plan y obtener 30.000 metros cuadrados más -ubicando la zona verde en esa superficie para ganar más suelo residencial-. El Ayuntamiento, en aquel momento gobernado por el PP, firmó un convenio a cambio de la tramitación del plan por el que recibía 4 millones de euros.
En 2009, en plena crisis del ladrillo las empresas de Salvador Ramón quebraron. A día de hoy sigue adeudando 41 millones de euros solo a la Agencia Tributaria.
Desde entonces todo el planeamiento está abandonado y los equipamientos desvencijados. Las lluvias torrenciales han arrasado en varias ocasiones la zona verde porque el colector subterráneo para encauzar la rambla "privada" es insuficiente. El municipio logró asumir la condición de urbanizador que ahora quiere ceder a otra promotora.
