La promotora Bogey Mediterráneo ha solicitado al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas hacerse con la condición de agente urbanizador del sector SUS-A Los Invernaderos, uno de los ejemplos más ilustrativos de urbanización fantasma que dejó la crisis del ladrillo de los años 2000. Son setecientos mil metros cuadrados de avenidas y calles desiertas, zonas verdes y equipamientos sin mantenimiento, abandonados y vandalizados durante los últimos 14 años. El urbanizador inicial Mira Llevant, encabezado por el ilicitano Ramón Salvador junto a otros dos socios, quebró en 2008 cuando enfilaba la última fase de las obras de urbanización, y tal como quedó ha estado estos años.
De las casi 1.800 viviendas en bloques de cuatro alturas previstas apenas se han levantado cuatro edificios, los más cercanos al casco urbano, pese a que las obras de urbanización no estaban terminadas. El Ayuntamiento recibió a cambio de la reclasificación tres millones de euros a través de un convenio urbanístico que sirvió para levantar el nuevo edificio de la Casa Consistorial y realizar una rotonda de la variante del casco urbano y en 2015, tras una larga tramitación, el municipio logró rescatar la condición de urbanizador.
Sin impacto ambiental
Pero ahora la promotora de los empresarios oriolanos de Molins, José y Cristian Aguilar Vera, pide ser agente urbanizador porque cuenta con más del 51% de la propiedad del suelo. Registró la solicitud el pasado 30 de septiembre y además pone condiciones: que la alternativa técnica que presente para terminarlo no sea sometida a evaluación de impacto ambiental. Unos días antes, el 22 de septiembre, esta misma mercantil se había adjudicado por 4,3 millones de euros catorce de las principales parcelas residenciales y de uso comercial del sector a través de una subasta impulsada por el Ayuntamiento por la vía de apremio. Los 113.000 metros cuadrados estaban tasados en más de 8 millones de euros, pero la adquisición ha sido mucho más ventajosa para la mercantil. Se las ha quedado por algo más de la mitad: 4,3 millones.
La misma empresa había adquirido previamente la deuda crediticia que recaía sobre esas y otras parcelas del mismo sector al Sareb, el banco "malo" que lo había "heredado" del desaparecido Banco de Valencia, la entidad que avaló las compras de suelo en su día. De manera que los Aguilar Vera, socios de la urbanizadora inicial del plan a través de la empresa Anse integrados en Mirador de Llevant, vuelven al punto de partida y quieren recuperar la condición de urbanizador, ahora al completo, que en su día compartieron con otros dos socios.
Sin energía eléctrica
El proceso para relanzar el proyecto no va a ser nada sencillo. La empresa debe aportar garantías de que puede ejecutar las obras necesarias. Un aval que puede ser multimillonario. Solo las obras para garantizar el suministro eléctrico suponen un mínimo de un millón y medio de euros ya que el sector carece de tendido de conexión de energía en estos momentos. El suelo, en origen bancales de secano plantados de almendros, se reclasificó con el impulso del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y el visto bueno de la Generalitat poco antes de que estallase la crisis del ladrillo. Para llevar a cabo el plan urbanístico la CHS validó incluso un deslinde de la rambla que atraviesa el sector, La Escribana, para considerarla privada y que fuera soterrada con un colector. Con esta operación el plan ganó así en torno a 70.000 metros más residenciales al poder ubicar la zona verde sobre el barranco. El Ayuntamiento todavía conserva un aval de 1,4 millones del anterior urbanizador que puede ayudar en ese proceso.
El "matiz" de que la infraestructura de energía que dota al casco urbano era insuficiente para abastecer el nuevo desarrollo urbanístico que se preveía en la zona vino después. La urbanizadora deberá construir un tendido desde la subestación de Iberdrola en La Marquesa hasta el SUS-A. Además se está llevando a cabo la liquidación "provisional" de las deudas de urbanización de los propietarios, que se remontan a 2008. Un aspecto polémico por dos razones: los propietarios de suelo más pequeños solo pueden "pagar" con terrenos urbanos al carecer de liquidez -con lo que se quedaran prácticamente sin nada- y no está claro desde el punto de vista jurídico que el municipio, a través de la urbanizadora, pueda exigir esos pagos sin que la obra de urbanización esté terminada. Y sin conocer todavía cuánto va a costar.
Va para largo
El concejal Raúl Moreno (PSOE) explicó que la idea del Ayuntamiento era otorgar la condición de urbanizadora a una empresa porque considera que el municipio carece de medios para afrontar la finalización de las obras directamente. También indicó que el rescate del plan parcial será positivo por la actividad asociada a la construcción con generación de empleo y la posterior recaudación prevista por licencias, impuesto de construcción y el IBI. Y sobre todo por acabar con el estado de abandono y "ruina" actual, evidente para cualquiera desde el acceso principal a San Miguel de Salinas desde la CV-95. El edil señaló que el rescate del plan no va a ser inmediato, puede ir "va para largo".
El sector está ubicado junto al casco urbano sanmiguelero en una zona donde los suelos edificables escasean y existe una gran demanda incluso de primera vivienda -no solo para pisos turísticos-, sobre todo para la conurbación de Torrevieja y Orihuela.
Proyectos
Los empresarios que han hecho la solicitud están ligados a las inmobiliarias Santamar de la Vega y Costa Santamar, impulsores de proyectos urbanísticos en Torrevieja como los rascacielos de Los Náufragos, todavía en planeamiento, y numerosos desarrollos turístico residenciales ya en marcha y terminados en la Torre del Pilar de la Horadada y Orihuela Costa. También son los promotores de los cuatro bloques terminados en el SUS-A.
En el caso del proyecto de torres en Los Náufragos el firmante del proyecto como abogado urbanista es quien fuera concejal de Urbanismo durante ocho años y hasta 2019, Sergio Correas, y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento.
El concejal indicó a este diario que trabaja para alguno de los propietarios de suelo en el SUS-A, pero no para la empresa compradora y que quiere urbanizar. El concejal se abstuvo en el debate plenario en el que el Ayuntamiento retiró las competencias de SUMA para liquidar las deudas del sector, decisión que permitió impulsar la subasta en un único lote. Según el acta de la sesión justificó su abstención porque era "parte interesada en el procedimiento", aunque no se ausentó y participó de las deliberaciones.
