El Ayuntamiento de Orihuela tramita una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar un suelo no urbanizable en urbanizable, el sector E-3 "El Barranco" en Orihuela Costa, que somete a información pública durante 45 días, a través de su sede electrónica, para que se puedan presentar alegaciones.
Se trata de una superficie de 33.304 metros cuadrados que el promotor pretende que se destine a un uso terciario en el entorno del centro comercial de La Zenia. En concreto, el proyecto, con una edificabilidad con dos plantas de altura, se sitúa entre las calles Pimienta y Clavo, la carretera de Villamartín y la urbanización Los Dolses.
La modificación, que deberá ser sometida a pleno y luego obtener la aprobación definitiva de la Conselleria de Urbanismo, explica que esta propuesta está enfocada a "subsanar el importante déficit" en este tipo de actividades que hay en el entorno "dada la cantidad de suelo de uso residencial y los pocos servicios", de forma que un 49% de la superficie se destina a uso comercial, reservando, a petición del área de Urbanismo a los propietarios, un 51% a suelo terciario especial para la implantación de actividades sociales, incluyendo un 5% para equipamientos públicos y un 10% para zonas verdes.
De esta forma, se justifica por "la necesidad de usos comerciales en la costa debido a la alta densidad de población", por lo que "posibilitaría una zona donde no se haga necesaria el desplazamiento de los vecinos para atender a sus demandas".
En este sentido, el documento insiste en que el turismo es "la actividad fundamental, el principal motor de desarrollo y fuente de riqueza" de Orihuela Costa, por lo que "debe apostar por un modelo de desarrollo turístico residencial, de ocio y comercial".
Esta tramitación urbanística llega después de la solicitud en junio de 2020 por parte de las mercantiles Estación de Servicio Ciudad Quesada y Espiral de Inversiones y una vez aprobada la evaluación ambiental con procedimiento simplificado a petición de las empresas promotoras. El pasado mes de mayo la Conselleria emitió un informe favorable por considerar que "no tiene efectos significativos en el medio ambiente". Así, no consta que haya jarilla cabeza de gato ni afecta a la Red Natura 2000 y a reservas de fauna.
Con todo, indica nueve condicionantes, entre ellos que dada "la escasez de agua debe incluir un certificado de la empresa suministradora", que concluye que en cuanto la suficiencia de recursos hídricos para el abastecimiento de la parcela "no existe inconveniente para satisfacer la demanda prevista de 3.285 metros cúbicos anuales". En cualquier caso, deberán incorporarse informes de seguimiento sobre la disponibilidad de estos recursos.
En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, la propuesta es viable, según la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, pero ha de cumplir 16 requisitos. No en vano, la entidad explica que la depuradora de Orihuela Costa está diseñada para tratar 12.000 metros cúbicos al día y 6.000 adicionales que en la actualidad asciende a 8.454. El proyecto generará un incremento en el caudal de agua residual de 33,30 metros cúbicos al día.
También requiere un estudio de integración paisajística, que se realizará en la ordenación pormenorizada, así como una evaluación acústica, cuyo dictamen es "conforme", aunque el informe de la Conselleria insta a que se realice un control periódico de la contaminación acústica.
Además, se solicita un análisis del suelo urbano que hay vacante en el municipio destinado a actividades económicas para que con las nuevas propuestas de crecimiento se ajuste al límite máximo que establece la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
Incluso, sostiene que "ya se supera", añadiendo que para que el sector El Barranco sea viable deberá producirse una desclasificación previa en el planeamiento vigente. No obstante, el plan afirma que hay un margen de crecimiento de 889.312 metros cuadrados, ya que la superficie total permitida es de 1.553.912 y se han desarrollado de 664.600.
A su vez, subraya que, de aprobarse el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, que está en fase de tramitación, ha de tenerse en cuenta. En este punto, la propuesta de modificación especifica que en cualquier caso "se tomarán como referencia determinados parámetros del PAT que no están definidos en el PGOU, que data de1989, como el concepto de infraestructura verde".
Por último, a unos 50 metros de la "Cañada de las Estacas", un informe de la CHS señala que el sector, aunque no afecta al dominio público ni a su zona de servidumbre, se encuentra parcialmente en su zona de policía.
Sostenibilidad económica
El expediente también recoge un informe de sostenibilidad económica que determina que el proyecto generará un incremento de los ingresos en las arcas públicas a razón de los impuestos y tasas municipales, teniendo "un impacto positivo en la hacienda municipal". En total, se prevé que el Ayuntamiento tenga unos gastos de 35.000 euros al año (12.328 euros por el mantenimiento de infraestructuras viarias, 13.303 por las zonas verdes y 9.428 en alumbrado público), mientras que el total de los ingresos superará los 58.000 euros al año, a lo que se suma un ingreso en una sola vez del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (960.000 euros).
