La Vega Baja acelera planes urbanísticos que el Consell prevé suprimir en el PAT

Deprisa, deprisa. Las previsiones de la primera versión del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja está provocando la aceleración de la tramitación por parte de ayuntamientos y promotores de los planes urbanísticos que podrían quedar en el aire. Uno de los objetivos del PAT es frenar este tipo de proyectos que a criterio de la Conselleria de Territorio, vuelven a insistir en el modelo expansivo de urbanización y son insostenibles desde el punto de vista ambiental y territorial para la Vega Baja. Y con ese objetivo el documento describe una serie de zonas que considera inviables, a suprimir y reclasificar de urbanizables a protegidas, y otras a las que deja solo un periodo transitorio para salir adelante si quieren evitar la desclasificación de los terrenos.

Algunos ayuntamientos, que no pueden concebir su economía local sin prescindir del sector de la construcción y promoción inmobiliaria, se han puesto manos a la obra por si acaso. Ocurre con el sector de Lo Romero del Pinar, en Pilar de la Horadada, donde según ha desvelado Amigos de Sierra Escalona (ASE), el gobierno local aprobó en el último pleno el texto refundido del proyecto de reurbanización que linda con el Paisaje Protegido de Sierra Escalona y en el mismo acto rechazó las alegaciones de los ecologistas. Sus 18 hectáreas sin urbanizar están dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de este espacio protegido, aunque pese a esa figura de protección aprobada en 2009, el plan parcial fue aprobado en 2011 con el visto bueno de la Generalitat.

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Miguel Ángel Pavón, presidente de ASE recuerda que es uno de los sectores que el PAT de la Vega Baja propone desclasificar e integrar en la infraestructura verde mediante la aplicación de su régimen transitorio. Pavón explica que en sus alegaciones denuncian que el expediente había «ignorado por completo la tramitación del PAT y la ficha que se dedica a este sector y pedimos que se dejara en suspenso la aprobación del texto refundido hasta que el PAT se aprobara de forma definitiva».

En pleno siglo XXI

ASE expuso en sus alegaciones afecciones ambientales y territoriales que «desaconsejan la urbanización». Para Pavón urbanizar «dentro de una ZEPA a estas alturas del siglo XXI no debería permitirse y la Generalitat debería intervenir dejando sin efecto la aprobación municipal para garantizar la viabilidad de las determinaciones iniciales del PAT». La misma fuente advierte que se trata de un caso comparable a la polémica urbanización dentro de la ZEPA del Embalse de Valdecañas, en Extremadura, denunciada en los tribunales, con sentencia del Supremo favorable a las tesis ecologistas y al derribo de la urbanización.

La aprobación del plan de urbanización, situado frente a la fase más moderna de Pinar de Campoverde, salió adelante con una llamativa unanimidad del grupo de gobierno del PP y la oposición mayoritaria del PSOE. Y la abstención de los dos ediles de Cs y la edil de Vecinos por el Pilar -17 votos a favor y tres abstenciones-.

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El concejal de Urbanismo de Pilar de la Horadada, Ángel Albaladejo, recordó que el plan está aprobado y adjudicado a un urbanizador desde 2011 y señaló además que ante las posibles afecciones ambientales, los promotores redujeron su propuesta inicial en más de 200.000 metros cuadrados en la zona más cercana al espacio protegido para que pasaran a ser propiedad municipal.

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Pilar no es el único. Otros municipios como Guardamar aceleran también tramitaciones, con un ayuntamiento socialista que fue más visceral en sus alegaciones contra el PAT que los propios promotores con el plan del Mirador; Los Montesinos, que ve peligrar la aprobación del Plan General tras más de una década de tramitación; o Dolores, empeñado en salvar el proyecto de campo de golf en plena huerta tradicional junto a un parque natural.

Grandes promotores de la Vega Baja y algunos de los ayuntamientos coinciden en que el PAT, tal y como está planteado ahora no saldrá adelante, y se da por hecho que quedará aparcado sin aprobarse definitivamente un documento que la Generalitat lleva tramitando desde 2018.