La empresa promotora que ha solicitado hacerse con la condición de urbanizadora del sector SUS-A Los Invernaderos en San Miguel de Salinas tiene previsto invertir algo más de cinco millones de euros en rehabilitar los servicios básicos, vandalizados durante los quince años en los que ha estado abandonado el sector, y comenzar a levantar viviendas.
Suelo a desarrollar
El plan de 700.000 metros cuadrados y con capacidad para construir 2.000 casas está abandonado desde 2008. Solo se ha construido una manzana de edificios de cuatro plantas, que será la tipología mayoritaria en todo el plan, orientado como prolongación del casco urbano a la venta de primera vivienda en una zona cercana al entorno urbano de Torrevieja y Orihuela. Pero también a la promoción turístico residencial, en segunda línea de playa.
Vandalismo
Los hermanos Aguilar, empresarios de Molins (Orihuela) que han solicitado la condición de agente urbanizador a través de la sociedad Bogey Mediterráneo, tienen todas las opciones para lograrlo porque cuentan con el 80% de la propiedad del suelo.
Si la operación se confirma sería el final de una pesadilla para la gestión municipal -que fue por otra parte la que amparó esta ambiciosa reclasificación de suelo agrícola en pleno boom inmobiliario- tras el pufo que dejó el empresario ilicitano Ramón Salvador: primer agente urbanizador del plan, que abandonó el sector con la quiebra de sus empresas durante la crisis del ladrillo.
Entre otras actuaciones hay que reinstalar las dotación de los transformadores, saqueados, y recuperar todos los puntos de alumbrado público con una nueva instalación de tecnología led de ahorro energético.
La constructora quiere llevar a cabo una poda en profundidad de todo el arbolado -las avenidas están jalonadas por grandes ejemplares de palmera washingtonia sin tratamiento desde que se plantaron-. Otra parte de la vegetación deberá retirarse y sustituirse porque la ausencia de conservación ha provocado que las raíces levanten la calzada y las aceras.
Línea eléctrica
La principal carencia del plan Los Invernaderos en estos momentos es la ausencia de conexión directa al suministro de energía. El que dota al casco urbano es insuficiente para abastecer al crecimiento previsto, equivalente a más de 4.000 nuevos residentes. -San Miguel de Salinas tiene ahora 6.500-.
Rematar la urbanización requiere una línea independiente de la que suministra al casco urbano con un presupuesto de 1,7 millones de euros.
El anterior agente urbanizador, Ramón Salvador, depositó un aval por 1,4 millones de euros para llevar a cabo esta obra. Aval que se conserva y que será empleado para sufragar la mayor parte del trazado que unirá la subestación de La Marquesa con San Miguel de Salinas.
Para llevar a cabo esta estimación presupuestaria la firma ha comprobado también el estado de las instalaciones del depósito de abastecimiento de agua potable, situado en la zona más alta del sector, y de la red de alcantarillado. Ambas infraestructuras presentan condiciones óptimas sin requerir intervenciones de entidad.
Ronda a la CV-952 y Las Filipinas
Otra de las condiciones que el Ayuntamiento solicita al urbanizador es que la principal avenida exterior del plan, que cuenta con cuatro carriles y que conecta la rotonda de la CV-95 con el casco urbano, se convierta en un tramo de la ronda que permita conectar esta carretera conectar directamente con la carretera de Rebate-Pilar de la Horadada CV-952, y sobre todo con Orihuela Costa: Campoamor por la CV-941 y por el camino de Las Balsas- Las Filipinas, evitando el casco urbano.
Año electoral
El equipo de gobierno socialista ha informado de todo el proceso de subasta y de la posibilidad de que esta empresa se haga con la condición de urbanizadora en el pleno y en su comunicación con el resto de la oposición, pero apenas la ha difundido en sus redes sociales y a través de medios de comunicación.
El gobierno local ha acelerado esta operación en la antesala de la campaña electoral de 2023. La construcción de primera vivienda y vivienda turística es sinónimo de la generación eventual de empleo sobre el terreno, de recaudación por el impuesto de construcciones y la posterior por el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Como contrapartida el municipio tendrá que hacer frente desde el momento en el que el sector comience a habitarse a la dotación y pago de servicios públicos con un coste muy elevado, en especial el de aseo urbano y recogida de basuras, alumbrado público y conservación de parques y jardines -que la recaudación por impuestos no suele compensar-.
Suelo sellado
Existe otra razón de peso para que el municipio intente reflotar el macroplan. Desde el punto de vista de la legislación urbanística los 700.000 metros cuadrados del sector -que incluye la privatización del cauce de la rambla de La Escribana ahora enterrada bajo un colector- son suelo urbanizable no "sellado".
Eso significa que la administración autonómica no puede autorizar la transformación de más superficie de suelo urbano dentro de su estrategia territorial hasta que este plan no esté consolidado.
El planeamiento de San Miguel de Salinas se rige por Normas Subsidiarias de hace más de 30 años tras el fiasco de la tramitación municipal de un Plan General de Ordenación Urbana anulado por los tribunales por realizarse sin evaluación de impacto ambiental y en el que se contemplaba liberar suelo para 40.000 viviendas.
