El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado la resolución de la concesión de ayudas para los municipios de la Vega Baja para el fomento de la movilidad urbana sostenible. En total, 2,2 millones de euros que el Consell ha otorgado a 19 de los 27 ayuntamientos de una comarca que reivindica una mejor red de transporte público y carreteras que vertebren el territorio.
A la convocatoria se presentaron 21 solicitudes, de las que se excluyeron dos. La que realizó Torrevieja no se evaluó al registrarse un día después de que finalizara el plazo, mientras que San Fulgencio renunció a su plan de movilidad.
De los 19 que han obtenido las subvenciones, 14 recibirán 150.000 euros, la cuantía máxima que se podía alcanzar (Bigastro, Albatera, Formentera del Segura, Cox, Benejúzar, Catral, Almoradí, Los Montesinos, Granja de Rocamora, Algorfa, Guardamar del Segura, San Isidro, Benijófar y Dolores). Por su parte, Callosa de Segura recibirá 66.543 euros, Rafal 36.286, Benferri 12.826, Daya Nueva 8.349 y Daya Vieja 7.165.
Seis administraciones no las han solicitado: Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas, Rojales, Redován, Jacarilla y Orihuela, pese a que fue precisamente en esta última donde en julio, cuando se aprobaron las bases reguladoras, el Consell se reunió con los alcaldes para hacer hincapié en la importancia de acogerse a esta línea para realizar inversiones de mejora, peatonalización y carriles ciclopeatonales, en una jornada informativa que incluso estuvo presidida por la alcaldesa del municipio, Carolina Gracia, junto con Antoni Such, director general de la Administración Local, y María Pérez, secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible.
Estas subvenciones, que cuentan con una dotación presupuestaria de 3,4 millones de euros (2 para este año y 1,4 para 2023), van dirigidas al desarrollo de los planes de movilidad urbana o para su ejecución en el caso de aquellos municipios que ya los tengan elaborados.
Así, en las ayudas se incluye el coste de la redacción del proyecto, incluso el estudio geotécnico, arqueológico o estructural, excluyendo actuaciones sobre suelo no urbanizable, excepto vías ciclopeatonales que utilicen caminos existentes.
En cuanto a la ejecución, contempla los gastos de las obras de construcción, acondicionamiento y mejora del espacio público para el uso ciclista, como carriles bici, aceras bici, ciclo calles, pistas bici y sendas ciclables. También abarca la peatonalización de calles con espacio especialmente acondicionado para el tránsito seguro de bicicletas.
Por eso, han aclarado fuentes del equipo de gobierno de Orihuela, el municipio no podía optar, ya que Orihuela, tal y como marca la ley, que obliga a las localidades de más de 20.000 habitantes a tener un plan de movilidad urbana, tiene adjudicada la redacción del proyecto, sin que el anterior bipartito, conformado por los populares y Ciudadanos, avanzara en su aprobación. En este sentido, las mismas fuentes subrayan que "por la mala gestión del PP estamos perdiendo ayudas", además de insistir en que "ya se está elaborando". Es decir, el municipio quedaba fuera de la línea de subvención para redactar el plan (porque ya lo tenía adjudicado) y de la ayuda para su ejecución (porque lo tenía pendiente de elaboración).
Además, las administraciones locales podrán solicitar el abono anticipado de hasta un 30% de la subvención aprobada para el arranque de la actuación. Asimismo, disponen hasta el 31 de octubre de 2023 para ejecutar las obras, aunque podrá alargarse seis meses más previa solicitud justificada. En el caso de que no se finalicen las obras subvencionadas en este periodo, se iniciará un expediente de reintegro de la ayuda.
Según la convocatoria, esta medida parte de la necesidad de dar un impulso a las infraestructuras, uno de los objetivos del Plan Vega Renhace, la estrategia del Consell para destinar más recursos a la comarca después de la DANA de septiembre de 2019.
