Las fincas para plantas solares ya se cotizan a 2.000 euros por hectárea al año en la Vega Baja

Las peticiones para instalar plantas fotovoltaicas en la Vega Baja se acumulan en las administraciones -ya sea Ministerio o Conselleria, dependiendo de su potencia y magnitud-. En este momento, hay 12 proyectos pendientes de autorización que ocuparían 900 hectáreas -en su mayoría terrenos agrícolas-. Mientras, ofrecen suculentos precontratos que suponen una tentación económica para los propietarios del suelo, en muchos casos maltrechos agricultores abocados a "plantar" placas solares en vez de cítricos y hortalizas.

La principal motivación que les lleva a firmar un acuerdo de cesión de sus terrenos es la de optar a unos ingresos fijos sin tener que estar a expensas de la incertidumbre por la temporalidad, los bajos precios en origen, la escalada de costes, las constantes amenazas de la falta de agua, la entrada de productos de terceros países y un largo etcétera. A todo ello se suma la falta de relevo generacional.

"Prometen rentabilidad", asegura José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, que manifiesta que los arrendamientos que se están haciendo son de entre 1.200 y 2.000 por hectárea al año durante unos 30 años. Con todo, advierte de que "son contratos que no obligan a las empresas y sí al propietario".

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Por ejemplo, una de las últimas plantas está proyectada sobre dos fincas, de unas 70 hectáreas cada una, que ya han firmado preacuerdos de alquiler. La que está entre Los Montesinos y Algorfa la compró una asociación de constructores con la intención de hacer una urbanización con campo de golf. Como el plan se truncó, continuó con la explotación de los naranjos y limoneros que datan de hace más de 40 años. En este caso, Andreu señala que para que sea competitiva tendría que renovar los frutales.

Sin embargo, la que se encuentra en San Miguel de Salinas es "una tierra maravillosa y sin problemas de abastecimiento de agua, puesto que la tiene garantizada con las depuradoras de Torrevieja y Orihuela Costa y también con la procedente del trasvase". En este sentido, insiste en que "con la calidad de sus naranjos y limoneros ecológicos, es mucho más rentable explotarla agronómicamente que con las placas".

Así, hace hincapié en que "desde Asaja nos oponemos a que terrenos de calidad y propicios para la agricultura se dediquen a plantas fotovoltaicas, ya que supone una pérdida de patrimonio agrícola para la comarca, donde el campo se entremezcla con una huerta histórica flanqueada por azarbes y drenajes".

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Andreu también cita los proyectos que hay previstos en Torremendo y que amenazan el entorno de Sierra Escalona. No en vano, las megaplantas, a diferencia del autoconsumo o de las cooperativas eléctricas, son grandes consumidoras de suelo -barato y con muchas horas de sol- que amenazan los cultivos y usos tradicionales, suponiendo un fuerte impacto sobre "terrenos de gran valor paisajístico y cultural", prosigue, el medio ambiente y la biodiversidad.

A su juicio, "un nuevo maná ha llegado al campo". El representante de los jóvenes agricultores lamenta que se pueda producir "un avance silencioso de un mar de espejos", e incide en que "si los huertos solares se extienden como una mancha de aceite, es una vuelta a la especulación". Así, insiste en que "la obsesión de hace 20 años con que todo era urbanizable regresa ahora con los campos fotovoltaicos: es el pelotazo energético".

Ahora bien, aclara que Asaja no se opone a la instalación de plantas, pero "dentro de un orden", con "control, planificación y orientación de este tipo de instalaciones en zonas de nulo impacto agrícola". Zonas en donde, por otro lado, se han realizado grandes inversiones en maquinaria, modernización de regadíos, sistemas eficientes de fertilización, riego por goteo, balsas, bombeos...

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El valor de los contratos varía en función de la proximidad de la finca a una subestación eléctrica; es decir, el punto en el que se debe verter la energía que producen las placas para distribuirla en la red general. Porque a las hectáreas ocupadas por las instalaciones se suma el despliegue de redes kilométricas de alta tensión, a veces con expropiación forzosa, que al igual que los parques fotovoltaicos suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan.

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