Víctor Valverde y Dámaso Aparicio, concejales del PP, han presentado en los juzgados de Orihuela una denuncia para que se investigue a los concejales Antonio Sánchez y Ángel Noguera, ambos de Ciudadanos, por unos hechos que podrían ser constitutivos de infracción penal. En 2018, se renovaron los nueve chiringuitos de las playas, en base al pliego de la adjudicación, por lo que las antiguas casetas pasaron a ser propiedad municipal, depositándose en el solar de acopio que el Ayuntamiento tiene en el litoral, que está gestionado por la empresa Construcciones Zaplana Caselles.
El texto de la denuncia, al que ha tenido acceso este periódico, indica que por advertencias de algunos vecinos los concejales han tenido conocimiento de que, al menos, dos de ellos salieron de manera «cuanto menos irregular» de su depósito. Tras dos preguntas sobre el destino de los mismos en los plenos de septiembre y octubre, solicitaron los expedientes, a lo que el concejal de Playas, Antonio Sánchez, y el de Infraestructuras, Ángel Noguera, contestaron que «no consta la tramitación de ningún expediente».
Así, los ediles populares constataron después que, previa autorización de los concejales, uno de los chiringuitos fue retirado el 17 de agosto, siendo trasladada a una finca privada, en donde continúa. La otra caseta, también con autorización previa, se llevó al recinto ferial de La Aparecida, donde la asociación de fiestas la usó como kiosco bar entre el 9 y el 29 de septiembre, sin que se sepa su ubicación actual.
En ambos casos, señala el escrito, no consta que se haya procedido a una cesión gratuita o arrendamiento de un bien municipal para usos privativos.
En este sentido, el texto insiste en que se trata de bienes patrimoniales de la administración sin que conste un expediente que autorice su uso particular, por lo que los populares consideran que Sánchez y Noguera, «con la evidente intención de beneficiar de forma ilícita a terceros», podrían haber incurrido en un presunto delito de malversación y prevaricación, que supone una pena de inhabilitación para empleo o cargo público entre nueve y 15 años. Por todo ello, solicita que se cite a los concejales como investigados, así como requerir documentación a Zaplana Caselles y a la empresa que se encargó del transporte.
Cesión temporal
Por su parte, Sánchez explica que la caseta que se encuentra en una parcela privada en el Camino de Enmedio se cedió "temporalmente y en precario, pudiendo ser revocado en cualquier momento, y sin generar ningún gasto a la administración". Según un escrito que consta en el registro del Ayuntamiento el 18 de agosto, esta cesión se produjo de acuerdo al derecho que tienen los vecinos de ser atendidos por la administración en caso de catástrofe.
En concreto, el día 9 de ese mismo mes un incendio afectó al negocio de este propietario dedicado a la extracción de la miel y la reproducción de abejas, por lo que la Concejalía de Playas cedió esta caseta para "atender la urgencia" y "servir de refugio de animales debido al calor extremo de esta época del año y de almacén de las colmenas hasta que pueda por sus propios medios volver a dotarse de las instalaciones adecuadas".
En este sentido, el edil destaca que los costes del traslado hasta la parcela los asumió el propietario, al igual que hicieron dos comisiones de fiestas -sin ánimo de lucro- de la pedanía de La Aparecida.
