Cambiemos lleva a pleno la adhesión de Orihuela a la agencia que sanciona las ilegalidades urbanísticas

Cambiemos ha registrado una proposición para que el Ayuntamiento de Orihuela se adhiera a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para aumentar la persecución de infracciones urbanísticas, lo que permitiría sancionar las actuaciones graves que se lleven a cabo. La iniciativa, antes de debatirse en el pleno de diciembre, deberá pasar una serie de informes técnicos y jurídicos, ya que si el plenario la aprueba tiene carácter vinculante -es decir, de obligado cumplimiento-.

Los principales municipios de la Vega Baja no se han sumado a este organismo autónomo de la Generalitat para frenar la construcción ilegal, que tiene su sede en Elche desde el pasado mes de marzo. Desde su creación en 2019, se han adherido más de 200 ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana para delegar sus competencias en inspección y vigilancia urbanística sobre suelo no urbanizable, común o protegido. Sin embargo, solo lo han hecho 11 de los 27 municipios, un 40% de la comarca, pese a que las infracciones urbanísticas abultan numerosos expedientes, tanto en el litoral como en el interior: Albatera, Algorfa, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Rafal y San Miguel de Salinas. Todos ellos gobernados por el PSOE, con la excepción de Albatera (PP).

Los principales municipios de la Vega Baja rechazan sumarse a la agencia contra la construcción ilegal

Además, la agencia tiene potestad para adoptar las medidas cautelares previstas en la legislación urbanística, en especial las de suspensión de los actos de edificación y uso del suelo, así como para iniciar y resolver las sanciones y el restablecimiento de la legalidad urbanística y la denuncia penal de los hechos que, según las actuaciones practicadas, se consideren constitutivos de delito. También realiza labores de asesoramiento y asistencia en esta materia a los municipios adheridos.

Así, la propuesta que se lleva a pleno, de aprobarse, afectaría a todas las edificaciones que se empiecen a construir a partir del acuerdo. Asimismo, para las infracciones graves que se hayan producido antes, de no haberse iniciado ningún procedimiento municipal, se delega a la agencia la competencia exclusiva de realizar el procedimiento sancionador y de restauración de la legalidad.

Precisamente, hace unos días ha salido a exposición pública, abriéndose un plazo de alegaciones, el proyecto para reducir el impacto ambiental de 20 chalés construidos ilegalmente en pleno corazón de la huerta oriolana, en la pedanía de El Mudamiento. En concreto, los propietarios de las viviendas en la finca Los Mazones, que compraron las casas construidas sobre suelo no urbanizable hace dos décadas, han presentado al Ayuntamiento un estudio ambiental para poder regularizarlas, al mismo tiempo que asumirían el coste de 330.000 euros -16.500 por vecino- para acometer nuevas infraestructuras -como depuradoras individuales, recogida regular de residuos sólidos y suministro de agua potable, entre otras- con las que regularizar su situación.

Esta veintena de casas unifamiliares y dispersas, que ocupan una superficie de 85.937 metros cuadrados -de los que 4.682 están construidos-, es un ejemplo del desarrollo turístico del prelitoral alicantino, lo que ha propiciado la proliferación de grandes extensiones de asentamientos y urbanizaciones de baja densidad en suelos no urbanizables -debido a sus valores paisajísticos, ambientales y culturales- de la huerta del Bajo Segura.  

Sin disciplina urbanística en Orihuela

Cambiemos ha señalado que ni PP ni Ciudadanos iniciaron la adhesión a la agencia valenciana porque, a su juicio, "prefieren que haya poca disciplina urbanística en Orihuela". En palabras del concejal Carlos Bernabé, el anterior equipo de gobierno "ha alentado el caos y la depredación urbanística, por lo que nunca ha querido fortalecer los instrumentos de vigilancia y sanción en este ámbito".

En este sentido, ha destacado que "el Ayuntamiento carece de medios suficientes para identificar y, en su caso, tramitar muchas sanciones urbanísticas", así que la adhesión a esta agencia "aumentaría los recursos para incrementar el orden urbanístico y la vigilancia de incumplimientos".

Sin embargo, el edil ha advertido de que "Ciudadanos tratará de boicotear" esta medida, a juzgar por su política urbanística, que es la de "subordinar el interés público a grandes apellidos e intereses privados".

Por último, ha concluido que "es evidente que una parte del nefasto e insostenible modelo urbanístico de Orihuela descansa sobre la debilidad de la administración pública y la nula voluntad política de proteger el interés general, algo que hizo el PP y lo sigue haciendo Ciudadanos".