Una paciente que agredió a un médico de familia en un centro de salud de Orihuela ha sido condenada a una orden de alejamiento y prohibición de comunicación de un año, por lo que tendrá que cambiar de ambulatorio, y a cuatro meses de prisión, aunque esto último queda en suspenso durante dos años con la condición de que la agresora no vuelva a delinquir en este periodo de tiempo.
Los hechos se remontan al pasado 26 de agosto cuando la paciente pidió a su facultativo que le tramitara una nueva receta, ya que la que tenía era errónea. Tras la negativa del médico, la acusada "entró en un estado de agresividad, comenzando a insultar al profesional, para después arrojarle una pantalla de protección sobre él y un tensiómetro que no llegó a impactarle por haberse cubierto con la pantalla de protección anterior", recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela.
El médico agredido denunció los hechos ante la Policía Nacional y se puso en contacto con el Colegio de Médicos de Alicante (COMA), que ha asistido jurídicamente a la víctima a través de su asesoría jurídica, un servicio gratuito que ofrece a los colegiados.
Tras la celebración de un juicio rápido, la pena inicial de seis meses de prisión por un delito de atentado se ha reducido a cuatro meses por conformidad de la acusada al aceptar las peticiones del fiscal y de la acusación particular. La paciente tampoco podrá aproximarse al médico a una distancia no inferior a 300 metros a su lugar de trabajo, domicilio o cualquier otro frecuentado por el especialista, ni mantener ningún tipo de comunicación por un periodo de un año.
"Hay que visibilizar el problema y concienciar a la población e incluso a los propios médicos para luchar contra las agresiones; no podemos consentir que se agreda y que no tenga ninguna consecuencia, cada agresión debe reflejarse en una denuncia", ha manifestado el secretario general del COMA, José Manuel Peris, que insta a los compañeros a que se pongan en contacto con el Colegio. "Estamos aquí para protegerles y defenderles. Ante insultos, amenazas y agresiones actuaremos sin dudarlo. La tolerancia siempre debe ser cero", ha insistido.
Vigilantes y cámaras de seguridad
Los profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando un incremento de las agresiones verbales por parte de pacientes. Ya en 2020 el Departamento de Salud de Orihuela se vio obligado a aumentar la seguridad en sus centros sanitarios.
Así, a finales de ese año, los tres centros de salud de este departamento que atienden a más usuarios -los de Orihuela, Callosa de Segura y Almoradí- empezaron a contar con un vigilante de seguridad en el acceso principal.
Además, en todos los centros de salud de este departamento sanitario, que atiende a una población de unas 170.000 personas de 18 municipios del interior de la Vega Baja, se instalaron cámaras de vigilancia.
Sin embargo, hace un año la Conselleria suprimió este servicio de vigilancia. Fuentes del Departamento de Salud sostuvieron entonces que al finalizar las restricciones impuestas por la pandemia ya no era necesario que hubiese guardias de seguridad para controlar los accesos y aforos.
Fuentes sindicales manifiestan que los quitaron sin razón justificada, y siguen los problemas. Según fuentes del Departamento de Salud, se ha aprobado una ampliación de personal de seguridad que se incorporará en breve.
