España, con una superficie de cultivo de cítricos de 300.504 hectáreas el año pasado y una producción media de 6,8 millones de toneladas desde 2016 a 2021, es el primer país productor de la Unión Europea (con el 60%), seguido de Italia (25%), y sexto del mundo (5%).

Sin embargo, la cosecha en este segmento en la campaña 2022/2023, con una producción de casi 6 millones de toneladas, se situará significativamente por debajo de la anterior, con casi 1,1 millones menos, y también se reducirá con respecto a la media de los últimos cinco años en 852.000 toneladas.

De ese descenso de 1,1 millones, 250.000 toneladas corresponden al limón, de las que 110.000 corresponden a la provincia: un 40% (70.000 toneladas) menos en la variedad Verna. La naranja, con una producción de 600.000 toneladas menos, afecta sobre todo a Valencia y Andalucía, mientras que la clementina, cuya producción mayoritaria es en Valencia, desciende en 250.000 toneladas.

En cuanto a volumen económico, la provincia genera más de 209 millones de euros de producción bruta. Su cultivo principal es el limón, seguido por la naranja y la mandarina. Históricamente la mandarina ha ido ganando terreno a la naranja, y actualmente Alicante está apostando muy fuerte por nuevas variedades de mandarina con un alto rendimiento económico y royalties como Orri y Nadorcott.

En cada campaña citrícola trabajan más de 9.200 trabajadores a tiempo completo. Más del 50% se concentran en el limón, un 25% en la mandarina y un 25% en la naranja.

Son los datos que se han presentado en la II Jornada de Cítricos de Asaja Alicante, que se ha celebrado en el auditorio de la Lonja de Orihuela, donde han asistido más de 200 agricultores, productores y comercializadores.

Así, Lorenzo Chinchilla, técnico de Asaja y profesor de la UMH, ha expuesto un análisis económico y productivo del sector citrícola, afirmando que "la citricultura valenciana, que ha sido el motor económico y social del territorio, se enfrenta a una etapa de profunda reconversión y de adaptación a las nuevas reglas".

Según el diagnóstico del sector en la Comunidad, en lo que llevamos de siglo se han perdido 34.000 hectáreas de superficie dedicada a cítricos, lo que ha supuesto la desaparición de 71.600 explotaciones de menos de 20 hectáreas, en favor de las que ha ganado Andalucía.

"Muchas empresas valencianas se han ido allí a plantar en busca de mayor tierra disponible para ampliar cultivos", ha explicado. En la Comunidad, la mitad de las explotaciones tienen una dimensión económica de carácter familiar vinculada al autoconsumo o como complemento de renta familiar. Precisamente, ha añadido, "el tamaño de nuestras explotaciones es uno de nuestros hándicap", aunque hay una tendencia hacia un proceso de concentración en el sector que implica explotaciones más eficientes y de mayor dimensión.

La principal consecuencia de este declive, ha manifestado, es que "hemos pasado de representar el 80% de la producción nacional a solo un 50%". A pesar de haber perdido 34.000 hectáreas de superficie, la Comunidad Valenciana sigue controlando el comercio y concentrando la confección y venta de cítricos.

Además de ofrecer un monográfico sobre la situación de la producción y comercialización de cítricos en la Vega Baja y Alicante, el objetivo de la jornada, en la que también han colaborado el Instituto Juan Gil-Albert y el Ayuntamiento de Orihuela, ha sido informar sobre la ley de la cadena alimentaria y plantear estrategias de futuro.

Una ley para no vender a pérdidas

De esta forma, la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, ha animado a los citricultores alicantinos a denunciar prácticas ilegales y evitar la venta a pérdidas. En este sentido, ha explicado las oportunidades que tiene la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, sobre todo tras la modificación realizada en diciembre de 2021. "Se trata de un instrumento que tienen los productores para defender unos precios justos en origen", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado la importancia de realizar contratos alimentarios en operaciones de compraventa antes de la entrega de todas las relaciones comerciales, máxime si son superiores a 1.000 euros.

También ha aconsejado "recopilar pruebas que puedan demostrar prácticas desleales o abusivas que estén prohibidas, estipuladas como infracciones, para poder seguir adelante con el expediente sancionador".

Los agricultores "no deben tener miedo a denunciar", ha añadido, porque el objeto de esta modificación de ley es proteger al eslabón más débil de la cadena, así como cambiar algunos hábitos y prácticas que se han impuesto en el mercado de frutas y hortalizas que penalizan al productor.

Enrique Bellés, presidente de Intercitrus, y José Antonio García, director de Ailimpo, han analizado los principales retos del sector. Bellés ha señalado que "para ser líderes en un mercado tan globalizado debemos ser competitivos, pero a la vez preguntarnos si somos eficientes, y para ello hay que trabajar en varios aspectos como la estructuración del sector, la renovación de las nuevas generaciones y la promoción".

Por su parte, García ha recalcado que España es líder en producción y exportación de limón en fresco: "Tenemos la misión de liderar el negocio y que sea rentable para todos los eslabones de la cadena, empezando por el productor". 

Por último, se ha llevado a cabo una mesa redonda para debatir en torno a los desafíos, en la que han participado José Enrique Sanz, gerente de IGP Cítricos Valencianos; Vicente Faro, presidente de Agricultura Ecológica CV; Óscar Orzanco, director de Valencia Fruits, y Antonio Pujante, director comercial de Mundosol Quality.

El agua, la gran batalla de la agricultura

La inauguración ha estado a cargo de Pilar Tébar, directora del Instituto Juan Gil Albert; Carolina Gracia, alcaldesa de Orihuela, y José Vicente Andreu, presidente de Asaja, que ha recordado la incertidumbre que se vive en el campo a causa de los recortes del trasvase Tajo-Segura que tendrán lugar a partir de 2023. "La gestión hídrica frente al cambio climático que nos anuncian desde el Gobierno central implica la desaparición progresiva del 50% de la superficie agraria útil que depende del trasvase", ha lamentado.

A su juicio, la ministra Teresa Ribera "está jugando de una manera desleal con una actividad económica esencial", por lo que "ha llegado la hora de pedirle coraje al presidente del Generalitat para que nos defienda y no se ponga de perfil en el problema del agua".

Gracia ha recalcado que "la posición de la Generalitat es cumplir con la disposición adicional novena, que sigue en el documento aprobado el pasado martes". Es decir, que "no será necesario incrementar los caudales ecológicos, lo cual garantiza la llegada de agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura". De este modo, la alcaldesa ha asegurado que "tenemos que estar atentos y vigilantes a que esta disposición se mantenga y sea de obligado cumplimiento", al mismo tiempo que ha apostado por el consenso y el diálogo.

Para cerrar, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha querido enviar un mensaje: “Después de las últimas decisiones con respecto al agua, quiero mandaros mi ánimo, y reafirmar mi compromiso de que la Diputación va a defender con uñas y dientes nuestros cítricos, nuestros productos y el agua que nos merecemos".