El Ayuntamiento de Guardamar deberá pagar 3,2 millones por anular la licencia para un centro comercial

La oposición del Partido Popular de Guardamar al gobierno socialista presentó ayer una moción al pleno en la que cuestionaba con dureza el hecho de que el Ayuntamiento vaya a tener que pagar una indemnización por lucro cesante de 3,2 millones de euros a una empresa.

El Ayuntamiento decidió revocar en su día la licencia que la propia administración había concedido a una empresa para levantar una zona comercial. La mercantil recurrió y el juzgado le ha dado la razón, en un asunto que lastra la gestión municipal desde hace veinte años, fecha del acuerdo de adjudicación a la empresa de la concesión a 75 años.

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Los populares lamentan enterarse de la condena, aseguran, a principios de noviembre cuando el fallo se remonta a febrero. El portavoz del PP, Vicente Zaragoza acusa al primer edil socialista José Luis Sáez de «haber ocultado deliberadamente la sentencia».

También le reprocha que no se haya informado a la junta de portavoces en tiempo y forma sobre el fallo, ni tampoco de la forma de pago con la que va a afrontar el municipio el abono millonario.

Y reclamaban este viernes -perdieron la votación- que una parte de la indemnización la sufraguen los miembros del equipo de gobierno con una reducción de su sueldo del total de 433.000 euros en total que perciben los ediles socialistas al año. 

En 2003

El alcalde Sáez tiene una visión del mismo asunto bien distinta. El primer edil asegura que los acuerdos de indemnización previstos por el último gobierno del PP -2011/2015-, bajo mandato de Carmen Verdú, eran mucho más perjudiciales para las arcas municipales. Mantiene que hubieran supuesto el pago de 11,6 millones de euros. 

El origen del pleito se remonta a una década antes. En 2003, en la recta final del gobierno del PP del alcalde Francisco García adjudicó a una empresa, la única que se presentó, la concesión por 75 años la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas y un centro comercial en la parcela en la que confluyen las calles Cartagena, Mercat, Jorge Juan y Crevillent.

Aunque en el expediente de ejecución aparecían 1.200 metros cuadrados de superficie comercial en el contrato privado se elevaban a 4.800. El proyecto contemplaba la puesta en marcha de cines, entre otras ofertas comerciales.

Casal de la Música

Pero se produjo un cambio de gobierno en las elecciones de 2003. Marylène Albentosa (PSOE) no vio claro que fuera una preferencia para el municipio contar con un centro comercial en esa zona del casco urbano, porque el suelo sobre el que se iba a realizar la obra era dotacional público y no comercial, y revocó la licencia para el centro comercial -no del aparcamiento-, cuando ya se había iniciado la estructura del edificio.

Sobre el solar se levantó el casal de la música municipal, la escuela de música, ahora referencia a nivel comarcal en formación musical con conservatorio y sede de la banda de música de Guardamar -y con las empresas empresas Ingepark y Gespark reclamando ya el lucro cesante porque la zona comercial y los cines eran el supuesto tirón para llenar el aparcamiento-.

En 2011 hubo nuevo cambio de gobierno. Con Carmen Verdú al frente de la Alcaldía el PP negoció esa indemnización de 11,6 millones. A punto de rubricarse el acuerdo se produjo otro relevo en el gobierno municipio. 

Estructura

En 2015 asumió el gobierno Sáez. Ya antes de concluir el último mandato de Verdú, el Ayuntamiento fue condenado a abonar un millón de euros por los daños ocasionados a al empresa por la paralización de la obra con la estructura comenzada. Pago que está prácticamente liquidado y que ha supuesto, según el PP, 270 euros a cada guardamarenco. 

Y ahora llegan esos 3,2 millones. Que el Ayuntamiento, atendiendo a que la empresa tiene una concesión por 75 años va a pagar sin prisas: en 25, con una cuota anual por determinar. «Para nosotros es un éxito haber rebajado una indemnización de 11 millones a 3,2 cuando el último gobierno del PP estaba dispuesto a pagarlos sin más», asegura Sáez.

El PP por su parte asegura que esa deuda por saldar, va a impedir, a su juicio, por ejemplo, que se destinen los 100.000 euros previstos inicialmente a la renovación de maquinaria de la empresa municipal de limpieza.