Los ecologistas alegan contra las mil nuevas casas en "Mil Palmeras" y urgen reclasificar todo el sector

Colectivos recurren el plan urbanístico de 159.000 metros cuadrados en segunda línea en Orihuela Costa por el valor medioambiental de los terrenos y la masificación del litoral

Imagen aérea de viviendas turísticas en Orihuela Costa

Imagen aérea de viviendas turísticas en Orihuela Costa / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La versión preliminar del plan parcial del sector B-1a "Mil Palmeras", que contempla la urbanización de 159.000 metros cuadrados con capacidad para acoger 954 nuevas viviendas más en una de las pocas zonas sin desarrollar del litoral oriolano, ha salido a exposición pública para propuestas y alegaciones, de forma que su consulta está disponible durante 45 días en la sede electrónica del Ayuntamiento de Orihuela. 

Los terrenos limitan al norte con la urbanización "Dehesa de Campoamor", al sur con Pilar de la Horadada, al oeste con la carretera N-332 y al este con una zona de costa consolidada por edificación, que forma parte del sector B-1b, una de las actuaciones urbanísticas más polémicas de las que se han llevado a cabo en Orihuela Costa. Justo en su franja litoral se construyeron a mediados de los años 80 varios bloques en primera línea que ocupaban el dominio público marítimo terrestre al mismo tiempo que se estrenaba la Ley de Costas. El Ayuntamiento permitió acabar prácticamente toda la actuación, y después tramitó la modificación puntual número 68 del Plan General, actualmente en trámite.

Imagen de la zona a transformar. Al norte Campoamor, abajo la zona oriolana de Mil Palmeras. A la derecha los bloques construidos de forma ilegal en dominio público de Costa en los años 80

Imagen de la zona a transformar. Al norte Campoamor, abajo la zona oriolana de Mil Palmeras. A la derecha los bloques construidos de forma ilegal en dominio público de Costa en los años 80

Iniciada la urbanización de este sector hace más de 32 años, con un expediente complejo y extenso, es especialmente desde el año 2005 y a partir de 2013 cuando se inicia el procedimiento para desarrollar este ámbito. Tras los condicionantes impuestos por la Comisión de Evaluación Ambiental en 2020, así como de las distintas alegaciones e informes sectoriales emitidos durante el trámite de participación pública en 2021, la promotora ha vuelto a presentar informes y una nueva versión con medidas correctoras, que son los que ahora se encuentran en exposición pública.

La asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE), presentará alegaciones para que se reclasifique el sector como suelo no urbanizable de especial protección, aportando por un corredor ecológico entre el espacio protegido de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor y el mar.

En este sentido, el colectivo afirma que 6,6 hectáreas tienen riesgo geomorfológico por inundación según el Patricova, 16 hectáreas están dentro del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y 1.800 metros cuadrados del extremo sureste del sector quedan afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. En este punto, en el borrador se reconoce que hay una parcela que afecta a la servidumbre de protección, por lo que se proyectan zonas verdes, piscinas e instalaciones deportivas descubiertas para cumplir con las limitaciones impuestas por la ley de costas.

Asimismo, estos terrenos conforman un área aún sin urbanizar entre la N-332 y el mar, entre los cauces del Barranco Rubio y la Cañada Hermosa, y limitan por el oeste con la vía pecuaria de la Cañada Real de la Costa. El presidente de ASE, Miguel Ángel Pavón, explica que "su aprobación sería un completo despropósito al suponer la continuidad de la irracional apuesta por la colmatación del litoral".

En contra de urbanizar casi 160.000 metros cuadrados para construir cerca de mil viviendas que alojarían a casi 2.400 personas "en un entorno ya masificado", se precisan "urgentemente medidas que detengan la urbanización de los pocos terrenos que aún restan sin urbanizar en la franja litoral de la Vega Baja", prosigue.

Jarilla cabeza de gato

Además de las afecciones territoriales, los ecologistas critican que se pretendan arrinconar en una zona verde urbana más de 1.200 ejemplares de jarilla cabeza de gato, sin olvidar que el plan parcial obvia en su documentación las zonas que el inventario forestal nacional define como bosque.

En cambio, el borrador del plan sostiene que se han incorporado mejoras para consolidar la infraestructura verde, proyectando una zona verde central, de 32.804 metros cuadrados, que se destinará a la conservación de la especie protegida jarilla cabeza de gato y que se ubica en la zona próxima al dominio público marítimo terrestre.

Diez alturas

Esta nueva versión contempla una superficie de 79.537 metros cuadrados de uso residencial -23.861 de protección pública- para 954 viviendas con un número máximo de 10 plantas en bloques perpendiculares al mar para "mantener las perspectivas paisajísticas y evitar el efecto pantalla", así como un dominio público de 63.766 metros cuadrados con zonas verdes, equipamientos públicos, viales y aparcamientos. En este punto ASE indica que en esa zona del término municipal no se superan las tres alturas.

Equipamiento educativo

El plan, que prevé 2.385 habitantes más, proyecta dos parcelas (11.821 metros cuadrados) destinadas a equipamiento público educativo. Según el informe, deberían implantarse un centro de educación infantil y primaria y un instituto de educación secundaria para atender a la demanda de puestos escolares que se deriven del desarrollo urbanístico.

Abastecimiento de agua potable

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, establece una población estacional de un 80% y un 20% de residentes permanentes que consumirán 182.734 metros cúbicos de agua al año cuando se consolide el sector en 2027 (la demanda en 2024 será de 18.276 metros cúbicos al año).

Con todo, el texto afirma que el plan parcial cuenta con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, emitido el pasado mes de mayo, que considera que "existe margen suficiente para satisfacer la demanda en el horizonte previsto".  

La versión preliminar también indica que la demanda del sector para abastecimiento de agua potable "puede ser perfectamente asumida por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, sobre todo por los nuevos recursos hídricos obtenidos de la desalinización".

Gastos e ingresos de la administración

La memoria económica, que establece un beneficio de un millón de euros para el urbanizador, estima un gasto para las arcas municipales de 218.333 euros al año, que se derivan del alumbrado (64.395 euros), limpieza viaria (88.664) y el mantenimiento de las zonas verdes (65.274), mientras que los ingresos periódicos anuales a recaudar por la administración local ascenderían a 545.249 euros, más los tributos de primer devengo, como ICIO y TASA, que ascenderían a 1,7 millones de euros.  

Movilidad

El proyecto incorpora itinerarios peatonales y ciclistas de conexión entre Pilar de la Horadada y los núcleos poblacionales de Orihuela Costa, y calcula la necesidad de una reserva mínima de 597 de plazas de aparcamiento público, mientras que las plazas privadas de uso residencial serán 1.193.  

En materia de accesos, sustituye el enlace mediante glorieta previsto en la anterior propuesta por uno en T en la avenida Miguel de Cervantes, en la confluencia con la calle Gerardo Diego, de tal forma que "se suprimen por completo los giros a izquierdas, evitando así la formación de colas de espera que pudieran alcanzar la glorieta sobre la N-332", explica.

Asimismo, atendiendo a un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado del pasado mes de mayo, ubica zonas verdes en el frente de la N-332 para delimitar el sector del dominio público viario.