Anticorrupción cita a la edil de IU de San Miguel de Salinas que denuncia el plan de 2.000 casas

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por Izquierda Unida de San Miguel de Salinas sobre supuestas irregularidades en la tramitación municipal de la adquisición de terrenos por parte de una empresa en el plan urbanístico SUS-A Los Invernaderos para levantar 2.000 viviendas.

En el marco de esas diligencias, el fiscal ha citado a declarar esta semana en la sede de la Fiscalía Provincial en Alicante a la concejala y portavoz de IU Bienvenida Campillo. Es el primer paso en este tipo de procedimientos y busca que el denunciante se ratifique en los hechos que denuncia, y en su caso, que concrete o amplíe algunos de sus extremos.

El Ministerio Público firmó la citación el 29 de noviembre pasado, solo cuatro días después de que la concejala registrara la denuncia junto al abogado de la formación de izquierdas José Luis Romero. 

La denuncia señala al alcalde socialista Juan de Dios Fresneda, miembros de la corporación y empresas por supuestos delitos de prevaricación, nombramiento y aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el procedimiento de liquidación económica del Programa de Actuación Integrada del SUS A “Los Invernaderos”.

Este plan urbanístico cuenta con una superficie aproximada 469.000 metros cuadrados. Es una de las pocas bolsas de suelo urbanizable en segunda línea del litoral de la comarca, junto al casco urbano y tiene capacidad para albergar hasta 2.000 viviendas. Pero el plan, con los viales e infraestructuras casi acabados, ha estado abandonado desde 2008, momento en el que la empresa que se adjudicó la condición de urbanizadora presentó concurso de acreedores.

Quiebra

La denuncia, con 50 documentos anexos, se centra en el proceso administrativo en el que ha participado activamente el equipo de gobierno, responsable de dar viabilidad al plan, en el marco de sus competencias urbanísticas como administración local tras la quiebra en 2008 protagonizada por el primer urbanizador, el empresario Ramón Salvador.

Fruto de esa gestión una constructora e inmobiliaria de la Vega Baja se ha hecho con más del 80% de la propiedad para retomar el proyecto y hacerse con la condición de urbanizadora, con una inversión prevista de cinco millones de euros para finalizar los servicios básicos -como la dotación de suministro eléctrico- y recuperar los que se han vandalizado, y poder vender o en su caso construir las casas en los solares urbanos resultantes.

La denuncia de IU señala irregularidades por el hecho de que la liquidación de embargos y la subasta de suelos no fuera gestionada por SUMA o reseña los "nombramientos arbitrarios" de los funcionarios responsables del expediente en el Ayuntamiento supuestamente para favorecer el proceso en beneficio de la empresa interesada. Y destaca que los terrenos adquiridos por la mercantil, valorados en 17 millones de euros, no le "han costado nada" porque al tiempo era acreedora del plan y había adquirido la deuda.

La empresa, una mercantil con proyectos importantes en toda la comarca como socia de la concesión del puerto de Torrevieja, un proyecto de rascacielos en la misma ciudad o un centro comercial en Orihuela, ha comenzado ya a realizar las labores de limpieza y reparación de infraestructuras en el sector.

Este diario ha pedido una valoración sobre la decisión de la Fiscalía al alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) sin que el primer edil haya respondido.

Investigación

Aunque es poco habitual la Fiscalía podría haber archivado la denuncia al no considerar que hubiese hechos de los que se derivaran indicios penales que investigar. O haber remitido el procedimiento al juzgado directamente para que decidiera. Sin embargo, ha optado por pedir que la edil denunciante se ratifique.