Orihuela paga in extremis una deuda de 252.000 euros por el mantenimiento de viales

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela ha autorizado in extremis el pago de cuatro facturas vencidas, de junio a septiembre, por valor de 252.000 euros, que debía a la adjudicataria del mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa. Los trabajadores de la mercantil, la oriolana Zaplana Caselles, habían convocado manifestaciones para este lunes tanto en el Ayuntamiento como en la sede consistorial de playa Flamenca, ya que ante los impagos por parte de la administración local estaba la empresa no iba a abonar las nóminas de diciembre ni la extra.

Con todo, fuentes de la adjudicataria manifiestan que de momento solo se ha producido la autorización, que a su vez está pendiente de la firma de Alcaldía, por lo que temen que, como ha ocurrido otras veces, el proceso se dilate para que el cobro sea efectivo. Porque no es la primera vez que ocurre. Desde que se inició la contrata, en febrero de 2020, por 766.136 euros anuales durante cuatro años, las demoras han sido constantes. Todo ello, recuerdan las mismas fuentes, tiene además un perjuicio para las arcas públicas, ya que genera unos intereses de demora que van a reclamar. Estos, a principios de año, ascendían a 12.000 euros.

Incluso, fue fuente de discusión en el anterior equipo de gobierno en el seno de las juntas de gobierno, ya que Ciudadanos se oponía al pago de las facturas de este servicio por supuesto incumplimiento de contrato por parte de la mercantil, mientras que el PP, con los informes de Intervención a favor, era partidario del abono.

Tras la moción de censura el pasado 25 de abril, que desalojó del poder a los populares con un nuevo bipartito, conformado por el PSOE y la formación naranja, es Infraestructuras, en manos de Ciudadanos, el área que tiene potestad en la materia, desde que estas competencias, antes de la junta de gobierno, pasaron a las concejalías.

Las mismas fuentes señalan que son muchas las irregularidades, incumplimientos y maniobras de la concejalía, que se ha opuesto desde el principio al pago. De hecho, la empresa ha presentado en varias ocasiones escritos para rescindir el contrato. En concreto, señalan que desde que se empezó a prestar el servicio el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, obstaculiza y hasta boicotea el contrato.

Así, la adjudicataria llegó a remitir una recusación; es decir, un escrito que argumenta que quien resuelve, en este caso Noguera, "no es imparcial ni objetivo", basándose en que "viene reteniendo y rechazando" el pago de las facturas desde el inicio de la ejecución del contrato con "la finalidad de llevar a la asfixia económica a la mercantil".

Todo ello, añadía, pese a la aprobación del pago por parte del técnico competente y del área de Intervención del Ayuntamiento, concluyendo que "no existe otro motivo que la animadversión que tiene [Noguera] frente a esta empresa". Este escrito, a su vez, fue una advertencia y un paso previo a otras medidas legales. No obstante, el equipo de gobierno desestimó por unanimidad la recusación, inadmitiendo las pruebas testificales de la empresa.

Antes, la concejalía había iniciado el procedimiento para determinar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato. El principal, que "las instalaciones fijas dispuestas por la mercantil no coinciden con las que propuso en su oferta". Precisamente, fue una mejora con respecto al mínimo que se requería en los pliegos, por lo que fue uno de los aspectos que la llevaron ganar la licitación.

En este sentido, el Ayuntamiento requería a la empresa que subsanara de forma inmediata y voluntaria las incidencias, e incluso proponía detraer una cantidad del pago mensual por el incumplimiento en este punto, algo que, señalaba el informe, supone "una pérdida de calidad en el servicio", ya que los vehículos y maquinaria se depositan en una parcela a la intemperie, en un ambiente agresivo dada la proximidad de la brisa marina, lo que provoca que "su deterioro sea mucho mayor que si estuvieran guardados en un establecimiento cerrado y techado (nave industrial), sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el contrato pasarán a ser de titularidad municipal". También implica "un riesgo potencial de averías, lo que repercute en un peor funcionamiento del servicio diario", añadía.

Por su parte, la empresa insiste en que la concejalía incumple con el adecuado suministro de los materiales.

Quejas vecinales

El estado de los viales es uno de los asuntos que acaparan más quejas por parte de la ciudadanía. La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas ha arremetido en varias ocasiones contra la gestión de Noguera. Dentro de su propuesta con 88 actuaciones para "combatir la grave situación en la que se encuentra Orihuela Costa", demanda la renovación de asfaltado y acerado de los viales en peor estado, con actuaciones completas, que no se limiten únicamente a parchear, con una bolsa específica presupuestaria en torno a 2 millones de euros.

Ahora bien, desde la asociación señalan que son conscientes de que "para que Orihuela Costa salga del marasmo en el que se encuentra es necesaria una inversión media de 2 millones al año durante cuatro o cinco ejercicios". De hecho, han localizado hasta 40 puntos donde hay baches peligrosos en más de 15 urbanizaciones.

Se trata, además, de una reivindicación histórica. Incluso, a principios de mes pusieron en marcha una campaña para reclamar al Ayuntamiento por daños en sus vehículos ante el mal estado de los viales.