PP y Cambiemos rechazan la ordenanza de convivencia ciudadana de Orihuela

La ordenanza municipal de convivencia ciudadana, que ha aprobado la junta de gobierno local de Orihuela, se está sometiendo a la valoración de los grupos políticos. El texto para promocionar el civismo en el espacio público del municipio establece multas de hasta 750 euros en el caso de infracciones leves y de hasta 1.500 para las graves, salvo en el ámbito de las bebidas alcohólicas, que ascienden hasta 15.000 euros, y cuando se cometa desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse o a que se realicen inspecciones en fábricas, locales, embarcaciones y aeronaves, que está penado con sanciones de hasta 30.000 euros.

PP, Cambiemos y Vox tienen de plazo hasta el próximo jueves para presentar enmiendas. Pese a que el equipo de gobierno ha insistido en que busca el consenso, de momento se encuentra con la oposición de los populares, que no van a presentar enmiendas a este documento y votarán en contra en el pleno, que, según la previsión de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, será en la sesión plenaria ordinaria de este mes. Incluso, fuentes del PP están valorando presentar una enmienda a la totalidad, en caso de que sus servicios jurídicos lo consideren pertinente.

Las mismas fuentes indican que no están de acuerdo con la forma en la que se está tramitando, ya que consideran que PSOE y Ciudadanos deberían haber tenido en cuenta las propuestas de los grupos antes de aprobarse en la junta de gobierno. "Una ordenanza debería ser elaborada con la mayor participación posible y buscando el máximo acuerdo posible habida cuenta de que se trata de un documento que pretende ser duradero en el tiempo, independientemente del gobierno que haya en cada momento", sostienen, a la vez que subrayan la celeridad con la que se está llevando a cabo el procedimiento pese a que el expediente se abrió en agosto de 2019 pero los documentos administrativos se han incorporado recientemente.

Muy críticos son también en Cambiemos. El concejal Carlos Bernabé explica que "abre una espiral de punitivismo" e incluso tiene "un toque autoritario" y un enfoque de "mano dura" no solo por multar la mendicidad sino porque es "invasiva" en algunos aspectos. En concreto, contempla la posibilidad de "multar a los padres de un crío que esté jugando con la pelota" o a "jóvenes que estén realizando acrobacias en un parque", ya que la norma lo prohíbe salvo en sitios habilitados, "y no hay", añade.

Con la ordenanza se persigue la práctica de juegos de pelota, monopatín o similares que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público, así como la de los bienes tanto públicos como privados. De esta forma, no está permitida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas habilitadas para ello.

Su incumplimiento será sancionado con multa de hasta 750 euros, que ascenderá a 1.500 si implica un riesgo relevante para la seguridad de las personas por la circulación temeraria con patines o monopatines por aceras y lugares destinados a peatones. Incluso, los agentes intervendrán de forma cautelar el medio con que se haya producido la conducta.

El texto establece multas de hasta 750 euros para "la mendicidad insistente, intrusiva o agresiva", así como "la encubierta bajo prestación de pequeños servicios no solicitados", citando específicamente la limpieza de los parabrisas de los automóviles y la actividad de aparcacoches, conocidos coloquialmente como "gorrillas". Si además la mendicidad se realiza, directa o indirectamente, utilizando a menores o personas con discapacidad como reclamo o acompañantes la infracción será de entre 750 y 1.500 euros.

En este punto, Bernabé resalta que es complicado determinar con garantías qué es la mendicidad intrusiva e insistente; es decir, se puede caer en una arbitrariedad.

Tampoco está permitido, con sanciones de hasta 750 euros, dormir de día o de noche en las vías y espacios públicos o mobiliario urbano, ni utilizar los bancos y los asientos para usos distintos a los que están destinados, ni bañarse ni lavar ropa en fuentes y estanques, así como rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública.

Queda prohibido, con multas de hasta 750 euros, hacer necesidades fisiológicas -como defecar, orinar, escupir-, la venta ambulante no autorizada, la exposición para venta de vehículos en la vía pública y actividades como tarot, videncia, masajes, tatuajes, mimo, música, etcétera.

Además, prosigue Bernabé, "es inútil" porque "no resuelve los problemas". A esto se suma que, en su opinión, "es peligrosa para la Policía Local", en el sentido de que se le puede empezar a ver como enemigos más que como un Cuerpo que ayuda y media. Por ejemplo, el edil reclama que se tendrá que definir qué se considera "una falta de respeto" a la autoridad, que contempla sanciones de hasta 30.000 euros.

En suma, "abre la puerta a multar conductas cotidianas" como jugar en el parque o problemas sociales como la mendicidad.

Por ello, Bernabé adelanta que su grupo va a presentar una enmienda a la totalidad para que se incluyan informes técnicos y se tenga en cuenta un proceso participativo, así como enmiendas al articulado para que en caso de que salga adelante se puedan mejorar estos aspectos y haya garantías procesales.

Con el rechazo de PP y Cambiemos, los 11 concejales del bipartito (PSOE y Ciudadanos) deberán buscar el apoyo de Vox, que está estudiando el texto sin fijar aún una posición, para sacar adelante la ordenanza en el pleno del 26 de enero.