URBANISMO
El Ayuntamiento de Torrevieja desoye desde hace cuatro años la sentencia que le obliga a demoler la rotonda ilegal de Cortes Valencianas
El anterior gobierno local dejó preparada la demolición por 144.000 € pero el actual no la ejecuta, mientras autoriza nuevas actividades comerciales en la zona a la que da servicio la glorieta
Rotonda ilegal en la avenida de las Cortes Valencianas frente al IES Las Lagunas / TONY SEVILLA
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El 26 de junio de 2019 el Ayuntamiento de Torrevieja publicó el anuncio previo de licitación de las obras de demolición de la rotonda ilegal de la avenida de las Cortes Valencianas. Faltan cuatro meses para concluir el mandato y del contrato, valorado en 148.000 euros (IVA icluido), nunca más se supo. Aunque el anuncio previo sigue vigente en el perfil del contratante sin que el actual gobierno del PP se haya atrevido a fijar su caducidad -lo ha hecho con numerosos expedientes de licitación en este mandato-.
Peralte y talud de la rotonda ilegal con el carril de servicio de acceso al IES Las Lagunas / D.Pamies
Estas obras para la restitución de la legalidad urbanística en la rotonda del sector 13-A-3 de Torrevieja debían demoler una rotonda que los promotores del plan urbanístico aledaño «plantificaron» en 2007 sobre el vial público propiedad del Ayuntamiento sin autorización alguna. Lo hicieron para ahorrarse los terrenos necesarios para llevar a cabo el acceso y no restar aprovechamiento a su propio plan.
Accidentes
Es una rotonda de escaso diámetro para una avenida de cuatro carriles, con un acusado peralte, que estrecha además el carril de servicio del Instituto Las Lagunas con un terraplén, y ha generado más de un accidente. En uno de ellos un vehículo terminó «aterrizando» en el patio del centro educativo. Afortunadamente la velocidad media de la avenida se ha reducido en los últimos años aunque más de un vehículo sigue «comiéndose» la glorieta.
El Ayuntamiento abrió expediente de disciplina en 2012 a los responsables de la ilegalidad. El asunto terminó en los juzgados con una conclusión paradójica para el municipio: el Ayuntamiento era el responsable de restituir la legalidad porque fue el que consintió que se llevara a cabo la obra sin paralizarla. Para hacer cumplir la sentencia -algo que asumió el área de Urbanismo entre 2015 y 2019-, se tramitó la demolición y su coste, y de ahí surgió la partida presupuestaria y el primer paso del contrato de obras.
Un juzgado determinó que el responsable de restituir la legalidad urbanística y demoler la rotonda era del Ayuntamiento que permitió la obra en 2007 sin actuar / TONY SEVILLA
Concejal de Urbanismo
Sin embargo el área de Urbanismo, que dirige ahora el alcalde Eduardo Dolón (PP), no ha hecho nada por impulsar la restitución de la legalidad y dar cumplimiento a las propias resoluciones municipales en este sentido. Durante el mismo periodo el Ayuntamiento, que impulsa al año cientos de expedientes de infracción por disciplina urbanística a los vecinos -copadas por obras de ampliación de viviendas turísticas o instalaciones de aires acondicionados irregulares-, no ha tenido problema a la hora de autorizar nuevas actividades terciarias a las que se accede además desde la rotonda fuera de ordenación -tampoco se ha cerrado al tráfico-. Una gasolinera y lavadero, y de forma parcial un nuevo negocio de comida rápida inaugurado en los últimos días, entre otros establecimientos de hostelería que completan el sector terciario 13-A-3.
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