El periodo de pago a proveedores en Orihuela se dispara a más de 70 días

Intervención municipal emite una alerta en el informe para prorrogar los presupuestos por el incumplimiento del plazo máximo de 30 días que establece la ley, lo que implica que el Ayuntamiento no pueda optar a determinadas subvenciones

Ayuntamiento de Orihuela

Ayuntamiento de Orihuela / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El periodo medio de pago a proveedores se está disparando en el Ayuntamiento de Orihuela hasta el punto de que desde junio se superan los 30 días, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios, el límite que fija la normativa de morosidad en el caso de las administraciones públicas (60 días en la empresa privada).

Ya en octubre de 2022, comprobando que en junio la media de pago fue de 35,37 días, en julio 38,76 y en agosto 47,81, la Intervención municipal emitió una alerta por el incumplimiento de estos plazos. La tendencia ha continuado al alza, siendo en septiembre de 34,51 y en octubre de 76,10. Fuentes consultadas advierten de que en noviembre y diciembre se podría haber superado los 100 días.

La progresión de los cinco primeros meses de 2022 se sitúa en 30,07 (enero), 29,97 (febrero), 27,62 (marzo), 29,07 (abril) y 29,53 (mayo), cumpliendo en estos casos la ley. Estos datos se recogen en el informe que ha realizado Intervención sobre la estabilidad presupuestaria del presupuesto prorrogado para 2023. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, la interventora, Carmen Corral, manifiesta que se produce incumplimiento de la sostenibilidad financiera por incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

Este trámite se realiza a falta de tener unas nuevas cuentas, que están prorrogadas desde 2018. Pese a que fue una de las justificaciones que se dieron para llevar a cabo la moción de censura en abril y uno de los primeros compromisos adquiridos por el nuevo equipo de gobierno, que incluso afirmó que los tendría listos para antes del verano pasado, finalmente los nuevos presupuestos se encargaron en agosto a una empresa externa, sin que aún haya trascendido el resultado.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluye no solo el control de la deuda pública financiera, sino también el de la deuda comercial. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supera el plazo máximo previsto en la normativa que establece las medidas de lucha contra la morosidad.

El Ministerio de Hacienda realiza un seguimiento del cumplimiento de los periodos medios de pago a proveedores de las comunidades autónomas. De hecho, cuando se supere en más de 30 días el plazo máximo durante dos meses consecutivos la ley lo obliga a emitir una comunicación de alerta indicando el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores. Así, la administración deberá incluir todo ello en su plan de tesorería en el mes siguiente a dicha comunicación de alerta, que tendrá vigencia hasta que se cumpla el plazo establecido.

Una de las consecuencias más graves del incumplimiento del periodo medio de pago es la suspensión de ingresos y transferencias del Estado. Además, este incumplimiento puede impedir al Ayuntamiento acceder a determinadas subvenciones.

En el orden del día de la última junta de gobierno local, que se celebró el martes pasado, figuraba un informe de Intervención del 14 de noviembre y otro de la misma área de evaluación y cumplimiento sobre las obligaciones establecidas en materia de morosidad en el periodo medio de pago a proveedores relativo a noviembre, aunque finalmente estos asuntos no se abordaron.

Moción de censura

La moción de censura del 25 de abril desalojó al PP del poder con el pacto entre PSOE y Ciudadanos -y el apoyo de Cambiemos- que alzó a la socialista Carolina Gracia como alcaldesa, que a su vez asumió las competencias de la Concejalía de Hacienda. A principios de mayo, el vicealcalde del municipio, José Aix (Ciudadanos), manifestó en una entrevista a este diario que "[Emilio] Bascuñana tendrá que explicar cómo ha dejado las arcas municipales", además de avanzar que el nuevo equipo de gobierno puso en marcha la fiscalización de cuentas, gastos y deudas

Pocos días después, el exalcalde, arropado por los ediles populares, informó de la situación económica en la que el grupo municipal dejó el Ayuntamiento tras siete años al frente del gobierno municipal, señalando su "magnífica gestión, avalada por números objetivos", como que el periodo medio de pago a proveedores como que habían reducido a 26 el periodo medio de pago a proveedores cuando en 2015 estaba en 70.

En cuanto a la deuda municipal, subrayó que hacía siete años estaba próxima a los 60 millones, siendo la financiera de 49,6 millones que "hemos reducido a apenas 7". Así, defendió su gestión subrayando que dejan 59 millones de euros en metálico (40 de ellos asignados a proyectos), mientras que había 12 cuando llegaron a la administración local en 2015, siendo también entonces Gracia la concejala de Hacienda. "Nos encontramos un Ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda", recordó.

"Nos preocupa que estos buenos datos y todo el esfuerzo realizado no sirva para nada, después de que Gracia vuelva a tener en sus manos el área económica", concluyó Bascuñana en mayo.