Torrevieja: La Audiencia condena a 8 meses de cárcel a un exinspector de la Policía Local por quitarle una multa a una amiga

La Audiencia Provincial ha condenado al ahora exinspector jubilado de la Policía Local de Torrevieja a ocho meses y medio de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documento público al probarse que retiró una multa de tráfico de una persona a la que conocía. La vecina multada, y que nunca recibió la sanción de 200 euros, ha sido condenada ahora a siete meses y medio de prisión por un delito de tráfico de influencias y al pago de esos 200 euros y de las costas procesales del procedimiento.

La acusada anunció a los agentes que le impusieron la multa que conocía a un mando, el ahora condenado, y que se la iba a quitar, como así sucedió. Dos agentes responsables de la tramitación de las infracciones que fueron juzgados por los mismos hechos han sido absueltos.

Durante los más de nueve años transcurridos desde la fecha en la que se registró la denuncia, en abril de 2013, a su enjuiciamiento, el agente de base que denunció el caso tuvo que dejar la plantilla de la Policía Local por las supuestas presiones que recibía del mando ahora condenado y de otros agentes de su entorno. 

Hechos probados

La sentencia señala como hechos probados que el 30 de noviembre de 2012 dos agentes de la Policía Local que estaban patrullando por la avenida Rosa Mazón con el cruce de la calle Mª Humildad Jiménez, observaron como la conductora del vehículo conducido por la ahora condenada no respetaba un Stop y estuvo a punto de colisionar con el vehículo policial.  

Ironía

Los agentes le dieron el alto y tras perdirle uno de ellos que firmara el boletín de denuncia, la afectada le espetó, con «cierta ironía» y en tono «burlesco»: «claro que te firmo la denuncia hijo, si no la voy a pagar, escribe lo que quieras que voy a llamar ahora mismo a mi amigo el inspector Vera». Y la firmó. El importe de la sanción era de 200 euros.

Poco después, el 4 de diciembre de 2012, ese mismo agente se dio cuenta de que la denuncia original no estaba en el «buzón» que se empleaba para depositar las multas en el retén de la Policía Local. Lo que hizo entonces fue registrarla en la ventanilla única del Ayuntamiento de Murcia y la dirigió al departamento de sanciones de la Policía Local de Torrevieja. El fallo judicial admite que el policía procedió «de esta manera poco habitual, pero de indudable validez, ante la escasa fiabilidad que demostraban los buzones habilitados al efecto, que en ocasiones se desbordaban, cayendo las denuncias al suelo y sin medida de control alguna».

Un sistema peculiar

Fue a raíz de esta denuncia cuando el sistema de tramitación de multas en el Ayuntamiento de Torrevieja cambió por completo, aunque en ese momento las dependencias adolecían de medidas de seguridad para vigilar la «trazabilidad» de las multas. Cualquier agente podía tener acceso a ellas y no existía ningún registro.

Pero la que se envió por ventanilla única sí llegó a su destino. Fue registrado el 27 de diciembre de 2012. La afectada por la multa «a la sazón -dice el fallo- encargada del servicio de Protección Civil de Torrevieja», se puso en contacto con el entonces inspector y con «ánimo de generar en él la intención de cometer una conducta delictiva», le pidió que «interviniera o hiciera lo necesario para no tener que pagar la multa de tráfico que le había sido impuesta». A ambos, dice la sentencia, les unía una relación de «cercanía consecuencia de sus respectivas profesiones»

De memoria

El mando denunciado se interesó personalmente por esta multa y preguntó a la agente que estaba gestionándola por ella. «Se sabía de memoria la numeración de registro», señala la sentencia y manifestó a la agente que «se olvidara de esa multa y que no volviera a preguntar más por ella». Así el boletín de denuncia no tuvo entrada en el SUMA, ni se tramitó procedimiento sancionador alguno. La multada nunca recibió la multa. 

Era costumbre

El relato de los hechos incide en que el exinspector ya había intervenido en otras ocasiones en la gestión de multas, «obviando a sabiendas el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los expedientes sancionadores, extrajo en colaboración con tercero no identificado, el boletín de denuncia de la carpeta en la que había sido guardada haciéndola desaparecer».

En un sobre cerrado

Solo apareció el boletín original de la sanción cuando, tras la presentación de la denuncia, el exmando se lo entregó en un sobre cerrado al intendente principal. La sentencia afirma sin embargo que no se ha probado que el mando diera a instrucciones a sus subordinados en la gestión de denuncias para que la hicieran desaparecer.

De ahí que haya sido absuelto de los cargos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de caudales públicos y descubrimiento y revelación de secretos por los que fue acusado por la Fiscalía. «No consta conversación mantenida entre los agentes policiales, como tampoco consta probado que la agente (que recibió inicialmente el boletín) se lo entregara al agente encargado de la instrucción de la infracción, denunciado y acusado, que alegó que estaba de vacaciones en las fechas en las que se registró la multa, y que ha resultado absuelto.

Acceso al sistema de madrugada

Sobre el acceso a las dos de la madrugada del día 9 de junio de 2013 al sistema interno de la Policía Local con la clave personal de otro agente para modificar el campo en que constaba la multa, sustituyéndolo por la palabra «archivo», el propietario de esa clave es un agente que también fue denunciado y acusado. Este agente es absuelto porque esta clave se encontraba escrita en un posit pegado a su propio ordenador y, por tanto, visible y de fácil acceso ya que permitía a cualquiera acceder desde todo ordenador que hubiera en dependencias policiales.

Agencia Anticorrupción

El agente que puso la multa y después llevó al juzgado que había desaparecido, ejerciendo además la acusación particular a través del despacho Peñas Roldán, ha agradecido el apoyo que le ha ofrecido en los últimos años la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, que le confirió el estatuto de denunciante protegido. "Aunque hay una condena a prisión no estoy del todo satisfecho con la sentencia. Han sido diez años de lucha", ha indicado.