Orihuela se une a la Agencia del Territorio para perseguir ilegalidades urbanísticas

El pleno ha dado luz verde a la adhesión de Orihuela a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, por lo que delega en este órgano del Consell las competencias del Ayuntamiento en materia de disciplina urbanística y sanción a construcciones ilegales en suelo no urbanizable, común y protegido, del municipio.

En cuanto a las infracciones graves o muy graves cometidas antes de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión, la Agencia tendrá potestad para iniciar, tramitar y resolver el correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el caso de que no se haya llevado a cabo por parte de la administración municipal.

El equipo de gobierno había elevado una propuesta que finalmente ha tenido que ser retirada por falta de apoyos. PSOE y Ciudadanos han acabado votando a favor de la propuesta de Cambiemos que iba en el mismo sentido, que ha contado con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Cambiemos lleva a pleno la adhesión de Orihuela a la agencia que sanciona las ilegalidades urbanísticas

Ya en el pleno de diciembre, el bipartito tuvo que hacer lo mismo a pesar de que la corporación dio por hecho que contaría con la mayoría absoluta para sacar adelante la adhesión en la rueda de prensa previa al pleno.

PSOE y Cs retiran del pleno de Orihuela su apuesta por la Agencia del Territorio al quedar en minoría

Con todo, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Aix, ha considerado que esta iniciativa permitirá descongestionar el área que dirige, así como "tener más garantías y cargas menos subjetivas". A renglón seguido ha sacado pecho: "Nadie en la Concejalía de Urbanismo ha sido más exigente en protección del territorio", tirando de datos en cuento a número de infracciones impuestas y dinero recaudado desde que en 2019 está al frente en Urbanismo.

Los principales municipios de la Vega Baja no se han sumado a este organismo autónomo de la Generalitat para frenar la construcción ilegal, que tiene su sede en Elche desde marzo del año pasado. Desde su creación en 2019, se han adherido más de 200 ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana para delegar sus competencias en inspección y vigilancia urbanística sobre suelo no urbanizable.

Sin embargo, solo lo han hecho 11 de los 27 municipios, un 40% de la comarca, pese a que las infracciones urbanísticas abultan numerosos expedientes, tanto en el litoral como en el interior: Albatera, Algorfa, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Rafal y San Miguel de Salinas. Todos ellos gobernados por el PSOE, con la excepción de Albatera (PP).

Red Xaloc

A la tercera va la vencida. El órgano plenario también ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, la abstención del PP y en contra de Vox, la adhesión del municipio a la Red de Oficinas Locales de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana (Xaloc), una propuesta que ya llegó al pleno en octubre de 2021 y en septiembre de 2022. Esta vez, el acuerdo supondrá la apertura de una oficina de vivienda en Orihuela que prestará el servicio de ventanilla única para asesoramiento en materia de vivienda, regeneración urbana y rehabilitación de edificios. Los gastos serán financiados a través de una subvención por parte de la Generalitat de 243.320 euros.

No obstante, queda pendiente conocer la ubicación y la disponibilidad de personal, los dos puntos que imposibilitaron su aprobación en anteriores ocasiones.

Sociedad municipal de suelo y vivienda

A propuesta de Cambiemos, con el apoyo del PSOE -PP, Ciudadanos y Vox se han abstenido-, la sesión ha dado luz verde a la creación de una sociedad municipal del suelo y la vivienda para poner en marcha políticas públicas en materia urbanística para dinamizar el uso del suelo, mejorar el acceso a la vivienda, mejorar zonas degradadas y contener los precios de venta o alquiler. Su objetivo es la gestión de alquileres sociales, promoción de viviendas y locales destinados al comercio local.

En palabras de la concejala María García Sandoval, "son muchas las dificultades para el acceso a la vivienda de amplios sectores de la población de nuestro municipio, como jóvenes, familias con ingresos bajos y personas mayores que no desean vivir solas". Por ello, "es inaplazable que el Ayuntamiento cuente con un plan de construcción, rehabilitación y adquisición de vivienda pública con fines sociales", así como para llevar a cabo proyectos de regeneración del casco histórico y barrios degradados.

En suma, para "lograr que Orihuela sea un municipio en el que el derecho a tener una vivienda digna sea una realidad y no un esfuerzo titánico o imposible para sus vecinas y vecinos", ha añadido la edil de Cambiemos.

Además, la moción aprobada recoge que estas actuaciones deberán llevarse en coordinación con la Conselleria de Vivienda y ser una extensión de la Oficina Xaloc.

Depósito de agua potable

La construcción de un depósito de agua potable en la costa ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Vox, la abstención del PP y en contra de Cambiemos, que se ha mostrado muy crítico con este proyecto al considerar que es "un movimiento a la desesperada" para acelerar planes urbanísticos como el de Cala Mosca, que prevé la construcción de 2.200 viviendas en el último kilómetro virgen del litoral oriolano.

La Concejalía de Patrimonio, que dirige Aix, ha propuesto la aprobación definitiva de los bienes a expropiar para instalar un depósito de agua potable de 6.000 metros cúbicos en Los Dolses, en Orihuela Costa, en una parcela anexa al actual depósito de "El Canal".

Orihuela agiliza un depósito de agua potable en la Costa para abastecer nuevas urbanizaciones

Se trata de la ocupación de 3.384 metros cuadrados para su construcción, que ya se contemplaba en 2001. Esta actuación, pendiente desde hace 22 años, se produce poco después de que Hidraqua, la empresa concesionaria del servicio de agua potable en el municipio, haya emitido un informe en el que se reconocía la imposibilidad de abastecer los desarrollos urbanísticos previstos en la costa. En él la mercantil alertaba de que la capacidad para suministrar agua potable a las viviendas del litoral "se encuentra al 100%".

Las 21.314 nuevas viviendas previstas en Orihuela Costa no tienen garantizada el agua potable

En la actualidad, la demanda hídrica se sitúa en 28.632 metros cúbicos diarios, mientras que, con los desarrollos urbanísticos previstos, alcanzaría los 39.261. Es decir, el horizonte urbanístico de la costa proyecta un déficit de 10.629 metros cúbicos para cubrir las necesidades futuras, situándose un 37% por encima de la capacidad máxima.

Esa demanda diaria proviene de las 56.585 viviendas que hay actualmente en la costa, con un grado de consolidación del 72%. Esto es, aún faltan por construirse 21.314 hasta alcanzar las 77.899 que se contemplan en los 43 sectores urbanísticos.

Plan de movilidad

Otro de los asuntos aprobados ha sido el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Orihuela, que cuenta con un presupuesto para su implantación de 116 millones de euros, a cargo de fondos europeos. El concejal de Movilidad, Luis Quesada, ha explicado que el objetivo es "establecer formas de transporte sostenible para reducir el consumo energético y emisiones".

Este plan, que estará en exposición pública durante 45 días, se compone de dos partes, realiza un diagnóstico de la movilidad en el municipio, determinando que el 45% de los desplazamientos en Orihuela se realiza en vehículo privado, además de que los viales internos de la ciudad soportan una alta intensidad de tráfico a causa de la inexistencia de viales de ronda que desplacen la circulación al exterior del casco urbano.

Asimismo, destaca la necesidad de disponer aparcamientos disuasorios en la periferia y subraya las carencias en transporte público, puesto que no existe conexión en autobús con la costa y es escasa con las pedanías, así como la necesidad de fomentar la movilidad en bicicleta y a pie.

Así, incluye un plan de acción que recoge medidas en torno a la ordenación de la circulación, el aparcamiento, la mejora para la movilidad peatonal, el fomento de la movilidad ciclista, la movilidad eléctrica, la integración del transporte de mercancías y de la movilidad en la planificación urbanística. Del mismo, incluye medidas adicionales como el plan de movilidad escolar y la señalización ciclista y peatonal. Todas estas medidas supondrían, según las estimaciones de los redactores del plan, una reducción de las emisiones del 18%.