Torrevieja: El director legal del Ayuntamiento alerta de las "consecuencias jurídicas" de usar solo contratos menores

El director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Torrevieja ha advertido en un informe del uso inadecuado del procedimiento de contratación a través de contratos menores. En el escrito de recomendaciones sobre la tramitación de este tipo de contratos señala que su empleo "casi rutinario" en la administración local para algunas áreas, podría tener "consecuencias legales indeseadas" y alerta de que solo debe recurrirse a ellos de manera "excepcional" y para atender necesidades "puntuales y esporádicas".

El contrato menor permite, por su importe, adjudicar a dedo legalmente obras, servicios y suministros, además a través de un procedimiento administrativo mucho más rápido que otras fórmulas de contratación. En algunos casos se solicitan presupuestos a varias empresas.

Tienen esta consideración de contratos menores aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros (sin IVA) cuando sean contratos de obras, y a 15.000 euros (sin IVA) cuando se destinan a suministros o servicios.

Habilitado nacional

El funcionario Fernando Domínguez, que cuenta durante este mandato con toda la confianza del alcalde Eduardo Dolón (PP), detalla que en un periodo de dos años se ha recurrido a la adjudicación de 72 contratos menores de todo tipo. En especial para el encargo de proyectos y servicios -estudios de ingenieros y arquitectos- o la adquisición de herramientas y materiales. Unos contratos que se realizan de "forma recurrente" y "aparentemente sin la adecuada planificación, (y que) dista mucho del carácter excepcional al que se aspira en el uso de la contratación menor", según se indica en el escrito interno que se ha hecho llegar a los departamentos municipales.

Rutinarios

A criterio del principal responsable jurídico de la gestión municipal el hecho de acudir al contrato menor "de forma casi rutinaria para la satisfacción de necesidades recurrentes y/o periódicas" de la gestión municipal "puede dar lugar a contratos incursos en fraccionamiento ilícito, lo que -advierte el director de la Asesoría Jurídica- podría tener consecuencias jurídicas indeseadas".

Es decir, se encargan prestaciones del mismo tipo de forma separada a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto, lo que por otra parte también genera un coste mayor para las arcas municipales aunque el funcionario no alude en sus sugerencias a la cuestión económica, solo a las posibles implicaciones jurídicas.

El técnico lamenta a su vez que en muchos casos el objeto de los contratos no quede determinada de manera inequívoca, evidente y clara en los expedientes, y pide que debería huirse "de las descripciones vagas o genéricas, de modo que quede perfectamente individualizado y permita diferenciarlo de otros similares".

Abiertos

Como alternativa a los contratos menores el informe interno al que ha tenido acceso INFORMACIÓN señala que el caso de prestaciones de carácter periódico -que se repiten cada año- se debe acudir a otros procedimientos abiertos o abiertos simplificados, con una duración de dos años prorrogables, más la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Para el técnico este tipo de procedimientos, "adecuadamente tramitados y diligentemente gestionados aportan eficacia y celeridad -y concreta- sin riesgo de infracción legal de ninguna clase".

Los procedimientos abiertos -eso no lo dice el funcionario en su informe fechado el 27 de enero pasado- impiden las adjudicaciones a dedo a empresas o personas determinadas.

También recomienda realizar un plan anual en el que se recoja la previsión de necesidades y "la forma más adecuada de satisfacerlas, evitando así la posibilidad de incurrir en una ilegalidad manifiesta". 

Nuevo concejal y plan anual

El informe del habilitado nacional ha sido trasladado a la directora general de Recursos Humanos y Contratación, Rosa Ana Narejos y al nuevo concejal de Contratación, Domingo Paredes. El responsable del área y concejal de Hacienda se apunta el tanto de esta llamada de atención y explica por su parte a INFORMACIÓN que el informe parte de su propia iniciativa del área de Contratación que dirige desde finales de diciembre de reclamar un plan anual de Contratación a todas las áreas. Paredes ha especificado que conocía el contenido, lo comparte y forma parte de su iniciativa en el área. Ha remarcado que hasta ahora ese plan anual, que exige la normativa, se realizaba de una forma muy genérica. "Lo que queremos explicar es que fuera de ese plan anual que se está elaborando con la colaboración de todas las áreas se va a tener que justificar cualquier impulso de un contrato menor". Para Paredes el lenguaje del funcionario no es de "advertencia" ni de "alerta" a los técnicos y al equipo de gobierno, y lo califica de "directo".

Ejemplos

Como ejemplos de procedimientos que se han iniciado recientemente y que ni siquiera figuran en la relación estudiada por el director de la Asesoría Jurídica en diciembre pasado, el director general de Proyectos, Victor Costa Mazón validó el inicio de estudios a personal externo del Ayuntamiento para realizar aparcamientos disuasorios en el casco urbano, finalizar el paseo del dique de Poniente del puerto de Torrevieja, impulsar las obras del Plan Renhace con un año y medio de retraso sobre el periodo solicitado por la Generalitat; un centro polivalente en San Roque, la mejora de la vía verde de Torrevieja cuando carece de la concesión de Adif para gestionarla, un estudio de soluciones para el parque abandonado del Alto de la Casilla o la habilitación de un camino entre el cementerio y el hospital sin contar con los suelos necesarios.

Estudios

Entre los que sí figuran en la relación con la que el funcionario ilustra la asiduidad de los contratos menores en el Ayuntamiento se citan el "estudio de soluciones para el frente portuario", "el estudio de alternativas a la CV-95 -sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias-, "viabilidad para construir un edificio para AFA", "soluciones para la Punta La Víbora", la tramitación del estudio de las posibilidades patrimoniales de los edificios de la química de las salinas, que necesitan de una autorización previa de Patrimonio del Estado o el "estudio arqueológico del Muelle Mínguez -situado sobre dominio público que gestiona la Generalitat-.

Del resultado de todos estos últimos estudios y trabajos el Ayuntamiento, que ha invertido una media de 16.000 euros en cada uno, no ha dado cuenta públicamente. En ese listado genérico la asesoría jurídica ha decidido no entrar en la gestión de las áreas de Cultura y Fiestas donde también se emplea la fórmula de contrato menor e incluso la reserva de crédito con mucha frecuencia.

Toda esta intensa actividad contractual se sigue dando pese a que el municipio se ha dotado de un acuerdo marco para agilizar la gestión de contratos, en especial de obras y servicios que sí está funcionando para algunas adjudicaciones de entidad.