El secretario municipal de Orihuela detecta un uso irregular de documentos
Una circular de la Secretaría General considera que hay procedimientos inapropiados en numerosos expedientes abiertos por distintos departamentos para dejar sin efecto informes técnicos, resoluciones o decretos
La Secretaría General del Ayuntamiento de Orihuela ha enviado una circular, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que advierte que se han observado en numerosos expedientes abiertos por distintos departamentos un uso inapropiado, irregular o erróneo de diligencias, otorgando a estos documentos un contenido o función equivocado, incluso para dejar sin efecto resoluciones o decretos dictados, desconociendo completamente las mínimas normas del derecho administrativo.
En este sentido, el secretario general, Virgilio Estremera, explica que la diligencia es un documento por el cual se hace constar (para uso interno del Ayuntamiento) la ejecución de un trámite en un procedimiento, como la incorporación de un documento a un expediente, la realización de una comparecencia, el desglose de un documento, la toma de posesión de un empleado público, el cotejo o compulsa de un documento... pero no decisorio; es decir, mediante una diligencia no se puede anular una resolución, un informe o cualquier otro documento de un expediente administrativo.
Sin embargo, continúa el escrito, se ha observado que en ocasiones se pretende usar diligencias para dejar sin efecto informes técnicos anteriores, informes de valoración de proposiciones, actas de tribunales y actas de valoración de subvenciones, entre otras cuestiones, siendo este procedimiento erróneo.
Así, lo adecuado es que si en un informe o cualquier documento del expediente elaborado por un empleado público se produce un error que es preciso subsanar se emita un nuevo informe en el que se explique en sus antecedentes el error cometido y se subsane el fondo del asunto.
Por último, recuerda que las diligencias, al tratarse de documentos de constancia, deben ser firmadas por los instructores de los procedimientos administrativos o por la Secretaría General. Por tanto, se solicita a los instructores de los expedientes, y especialmente a los técnicos de Administración General (que habitualmente suscriben diligencias), que no elaboren y firmen diligencias cuyo objeto exceda la mera constancia de documentos en el expediente.
En cualquier caso, prosigue el escrito, la Secretaría General rechazará la validación de documentos posteriores a diligencias erróneas solicitando la confección de documentos administrativos válidos en los expedientes afectados.
Comisión informativa
El grupo municipal del PP está trabajando en una petición de comisión informativa para investigar qué está ocurriendo con las diligencias que se han realizado en el último año. El objetivo es tener conocimiento sobre esos documentos e informes que presuntamente se han pretendido anular en expedientes que podrían afectar sobre todo a Urbanismo y Recursos Humanos.
Los populares ya pusieron de relieve posibles actos administrativos irregulares por parte de Ciudadanos cuando eran sus socios de gobierno. Tras la moción de censura de abril que convirtió a la socialista Carolina Gracia en alcaldesa, el PP se ausentó de la sesión plenaria de junio acusando a la regidora de permitir «los chanchullos» de la formación naranja, que, según los populares, bloqueaba el reglamento de niveles esenciales para «asignar las contrataciones» y «exprimir y sangrar» a Orihuela.
En aquella ocasión, el exalcalde Emilio Bascuñana señaló que Gracia «está cediendo para poner en cargos tan importantes como la asesoría jurídica a personas manipulables que les permitan seguir con sus chanchullos para beneficiarse».
Este asunto también fue criticado por Cambiemos, que también ha puesto de relieve en varias ocasiones la designación del director de Urbanismo, un área en el que además la alcaldesa dio más competencia al concejal José Aix, además de otorgar la mayoría a Ciudadanos en las juntas de gobierno pese a tener menos concejales.
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