Una juez investiga la supuesta inactividad del alcalde de Callosa de Segura con las infracciones urbanísticas
Un vecino denunció en Fiscalía la apertura de un expediente de disciplina por obras en su casa del casco histórico por parte del Ayuntamiento sin que hubiera actuado igual con irregularidades en otras nueve
Casco histórico del centro de Callosa de Segura donde un juzgado investiga si se ha cumplido la legislación sobre disciplina urbanística / TONY SEVILLA
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El juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela investiga al alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez Sirvent (PP), por la supuesta falta de intervención municipal a la hora de tramitar expedientes de infracción urbanística en nueve parcelas con obras irregulares.
Manuel Martínez Sirvent, alcalde de Callosa de Segura / TONY SEVILLA
Denunciante
La denuncia señala que los funcionarios responsables de la disciplina urbanística en Callosa de Segura abrieron un expediente de restauración de la legalidad contra el ahora denunciante sobre una vivienda en el centro del casco histórico.
El afectado denunció a su vez una serie de obras realizadas por particulares muy similares a la suya, contra las que "sin embargo", según la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Callosa de Segura no habría actuado "de la misma forma, ni les ha tratado de la misma forma" con la apertura de un expediente de infracción.
Caso histórico de Callosa de Segura donde se encuentran las viviendas con infracción urbanística / Tony Sevilla
Según el equipo de gobierno las nueve parcelas a las que se refiere la denuncia se encuentran en la huerta y sí que cuentan con actuaciones municipales de infracción, mientras la casa sobre la que recae el expediente del denunciante está en el casco histórico, en una zona de especial protección arqueológica con lo que a juicio del gobierno local "son casos muy dispares".
Ministerio Público
La Fiscalía de Elche-Orihuela recibió esa denuncia del particular contra el Ayuntamiento. El Ministerio Público remitió a su vez al Palacio de Justicia el procedimiento instando al juzgado a que se abrieran diligencias de investigación porque de los hechos que se relataban podrían deducirse indicios de la comisión de delito contra la administración pública.
La jueza resolvió en un auto fechado el pasado 13 de septiembre de 2022 incoar diligencias previas y dirigió el procedimiento contra el alcalde Manuel Martínez en calidad de investigado.
Reclamación del juzgado
En ese momento la jueza María Elena García Moreno solicitó al alcalde y al Ayuntamiento de Callosa que remitiera en el plazo de quince días las referencias catastrales y la actuaciones y denuncias administrativas sobre posibles obras ilegales que recayeran sobre ellas "no pudiendo realizar investigaciones prospectivas", esto es, que no se iniciaran expedientes a raíz de abrirse el procedimiento judicial.
Sin embargo, el Ayuntamiento remitió al juzgado unos expedientes en los que solamente se incorporan informes realizados por los servicios municipales desde el 14 de diciembre de 2022, después del requerimiento judicial.
Razones de la falta de actuación
Por eso la jueza en un nuevo auto fechado el 3 de febrero pasado considera que el municipio no ha dado cumplimiento a ese requerimiento y ha remitido información distinta a la solicitada.
"Revisados los expedientes -dice la juez- remitidos por la Corporación únicamente constan actuaciones realizadas a partir del día 14 de diciembre de 2022 habiendo sido requerido la documentación en noviembre, por lo que resulta necesario concretar si existían actuaciones anteriores y denuncias anteriores, que era lo que se solicitaba y las razones que justificaron la falta de actuación" municipal, indica el auto de la magistrada.
En el nuevo auto además del delito contra la administración se añade una posible prevaricación. Se trata de una atribución del tipo penal orientativa. En la fase actual de instrucción, que es la inicial, el juzgado se limita a analizar hechos no a acusar por delitos.
El alcalde se defiende
Fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular indicaron a INFORMACIÓN este miércoles que los servicios jurídicos están en plazo hasta finales de marzo para aportar toda la documentación sobre la actuación municipal en materia de disciplina urbanística que le ha solicitado el juzgado y que afecta a nueve parcelas-viviendas de Callosa de Segura.
Las mismas fuentes indicaron que esos servicios jurídicos tienen la certeza de que la administración local ha actuado ajustándose estrictamente a la legalidad, y en un dato que consideran relevante para la causa señalan que la denuncia ha sido interpuesta por un familiar directo de la exsecretaria municipal.
Antifraude
El equipo de gobierno, que inicialmente ha realizado esa declaración genérica sobre el asunto sin responder a los detalles concretos sobre la denuncia, ha remitido a última hora de este miércoles un comunicado con declaraciones del alcalde para dar su versión sobre el mismo tras darse a conocer el procedimiento judicial en INFORMACION.ES.
En este comunicado se detalla ahora que la apertura de un expediente de disciplina al familiar del denunciante, propietario de la vivienda situada en el casco histórico, se realizó a instancias de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (Agencia Antifraude) y no de oficio por la administración local.
Una de las condiciones para la tramitación de las denuncias que impulsa Antifraude es que no se desvela su autoría con lo que no se conoce quien denuncia. En los dos últimos dos años se han producido dos resoluciones que han recaído en asuntos vinculados con la exfedataria del Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde Manuel Martínez Sirvent señala que la denuncia por la que es investigado "se centra en parcelas rústicas de la huerta muy alejadas del casco urbano que nada tienen que ver con las condiciones que deben cumplir las obras sobre suelo con protección arqueológica. No son en nada similares a la del familiar directo del denunciante".
Periodo electoral
Martínez Sirvent asegura también que el juzgado no solicitó al Ayuntamiento que "aportáramos las referencias catastrales, las mismas venían en la denuncia, se ha distorsionado toda la información para injuriar y calumniar al Alcalde de Callosa de Segura en periodo electoral". La petición de las referencias catastrales al Ayuntamiento sí figura sin embargo en el auto al que ha tenido acceso este diario.
Situación de las viviendas
Respecto a las parcelas denunciadas el comunicado del alcalde explica que "dos de ellas no presentan construcción alguna, en otra hay construcciones legales". De las restantes una presenta obras del año 1998 que "estarían prescritas". Otras tres tienen expedientes de disciplina urbanística tramitados en mandatos anteriores, y solamente dos de las nueve parcelas denunciadas han sido objeto de informe del inspector de obras en este mandato.
En esas dos parcelas el Ayuntamiento procedió a tramitar la disciplina urbanística desde la Concejalía de Obras, "abriendo los expedientes pertinentes tras los informes del inspector de obras y realizando los trámites pertinentes muchos meses antes de que llegara el auto del juzgado". La respuesta municipal niega también que "se haya iniciado ningún expediente a raíz de que llegara el auto del juzgado al Ayuntamiento".
El alcalde solicitó a los funcionarios que realizaran informes específicamente "contestando al juzgado sobre esas parcelas. Esos informes son los que se han realizado con posterioridad a la llegada del auto y no la tramitación de los expedientes de disciplina".
La jueza, insiste el alcalde, únicamente pide “concretar si existían actuaciones anteriores o denuncias anteriores” sobre las que no se haya actuado antes de la emisión del primer auto. "Esas actuaciones o denuncias sobre las que no se haya actuado o se haya actuado tras la llegada del auto no existen, por lo que estamos seguros al 100% de que en el momento en el que el Juzgado reciba todos los expedientes las diligencias previas serán archivadas". "La postura del Ayuntamiento que represento y de mí mismo, siempre va a ser la de colaborar con la justicia, ante quien estoy con total disposición y de total transparencia", según reitera el alcalde.
En materia de disciplina urbanística lo habitual en la mayoría de los municipios es que los servicios técnicos abran expedientes de restitución de la legalidad e impongan multas por la vía administrativa cuando detectan irregularidades en su labor de inspección rutinaria -o tras recibir una denuncia concreta-. Normalmente se levanta acta porque las obras se realizan sin licencia o porque la autorización y el proyecto aprobado no se ajusta a lo que se está realizando. Por ejemplo, actuaciones con licencia de obra menor o autorización responsable que en realidad necesitan una licencia de obra mayor, o construcciones incompatibles con el planeamiento y que no se pueden realizar.
Si el planeamiento urbanístico no admite, por ejemplo, elementos como terrazas, escaleras o piscinas en el centro del casco histórico de un municipio, el pago de la multa por la infracción no legaliza esa obra. Si las obras son ilegalizables, al margen del pago de la sanción, deben demolerse.
En la práctica sin embargo muy pocos municipios llegan a este extremo en el caso de obras de entidad a no ser que medie un procedimiento judicial. Las irregularidades urbanísticas prescribían a los cuatro años pero un cambio legal en 2014 en la LOTUP elevó ese plazo a los 15 años, que se prolongan además durante todo el periodo en el que el expediente de infracción siga "vivo".
La gravedad de la infracción varía en función de si el suelo es urbano o no urbanizable -rústico agrícola-. En suelo urbano algunas actuaciones, como las que se realizan sin licencia pero sí estarían permitidas en el planeamiento, son legalizables. En la huerta todo lo que no esté contemplado en el planeamiento y que carece de servicios básicos es ilegal e ilegalizable. De ahí que la explosión de construcciones ilegales en la huerta haya desbordado por completo a la mayor parte de los municipios de la Vega Baja a la hora de abrir expedientes de infracción y -sobre todo- hacerlos cumplir mínimamente. La Generalitat ha puesto en marcha una Oficina de Protección del Territorio para asumir las competencias de disciplina sobre el suelo no urbanizable. Un organismo al que no se ha adherido Callosa de Segura.
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