Callosa de Segura recauda solo un 3% de las multas urbanísticas previstas en este mandato
La liquidación de presupuestos de 2020, 2021 y 2022 refleja que se esperaban 510.000 euros pero ha ejecutado 7.151 - El PSOE cree que los datos demuestran «la ausencia palpable" de resolución de expedientes
Zona de huerta en Callosa de Segura / Tony Sevilla
El Ayuntamiento de Callosa de Segura apenas ha recaudado un 3% de lo que ha presupuestado en los últimos tres años en materia de ejecución de infracciones urbanísticas, según señalan los informes de liquidación de los presupuestos municipales de los ejercicios 2020,2021 y 2022. La previsión municipal era recaudar en total 510.000 € en multas urbanísticas en la suma de esos tres años.
Recaudación
La información oficial sobre esa gestión, aportada por el PSOE local, señala que en ese periodo solo se han ingresado 7.151 euros. En 2020 sobre 200.0000 € se recaudaron 5.325. En 2021 la cantidad prevista fue de 150.000 de los que se llegaron a las arcas municipales solo 1.029 € (0,69% de lo previsto). Mientras que la última liquidación señala que sobre los 160.000 € previstos en 2022 los servicios municipales solo han sido capaces de recaudar 797 € (2,19%).
Un problema en suelo de huerta
La previsión municipal de la gestión del área de disciplina es relevante porque también lo es el volumen de infracciones. En especial en suelo no urbanizable de la huerta y pedanías -que supone una infracción grave-.
Como ocurre en otros municipios de la Vega Baja, donde la ocupación de suelo por viviendas, y en menor medida naves, fuera de ordenación y sin licencia es el principal problema urbanístico desde hace décadas.
El PSOE, grupo mayoritario en la oposición al gobierno del PP cree que estos datos reflejan «obviamente la falta de intervención municipal a la hora de tramitar expedientes sancionadores de infracción urbanística. Queda demostrada y hay una ausencia palpable de incoación de expedientes», en palabras del portavoz socialista Fran Maciá. La misma fuente indica que en 2019 sí se reconoció en el presupuesto la obligación de recaudación de 100.000 € de los 200.000 presupuestados.
Vista del casco histórico de Callosa de Segura / Tony Sevilla
Los primeros seis meses de esa anualidad corresponden al último tramo del mandato de Maciá en el Ayuntamiento. El gobierno local ha asegurado en un procedimiento judicial que investiga la actuación municipal en materia de disciplina urbanística que entre junio de 2019 y marzo de este año ha incoado 263 expedientes de disciplina urbanística. Algo que contrasta con las pobres cifras de recaudación de multas por esos expedientes.
INFORMACIÓN ha intentado conocer la versión sobre los datos de liquidación en este área municipal por parte del gobierno del PP, que no se ha pronunciado.
Disciplina
Cuando los servicios técnicos municipales detectan algún tipo de irregularidad urbanística, ya sea de oficio por su labor ordinaria o al investigar una denuncia, la legislación exige que abran dos procedimientos en paralelo. Uno de sanción administrativa por el incumplimiento de la normativa y otro de restitución de la legalidad.
El primero conlleva multa. Y el segundo, en caso de que el infractor no restituya la legalidad, multas coercitivas para obligar al infractor a restituir esa legalidad si no lo hace de forma voluntaria.
Las infracciones sobre suelo no urbano solo prescriben 15 años después de detectarse y nunca prescriben sobre suelo protegido.
ACUSACIÓN POPULAR EN LA CAUSA QUE INVESTIGA LA GESTIÓN URBANÍSTICA DEL ALCALDE
El particular que denunció la supuesta pasividad del actual equipo de gobierno a la hora de actuar en el impulso de expedientes de infracción urbanística y ejecutar las órdenes restauración de la legalidad, en especial sobre viviendas en la huerta, se ha personado en la causa que instruye un juzgado de Orihuela al depositar la fianza -3.000 euros- que le ha pedido la sede judicial.
El denunciante familiar de la exsecretaria municipal, ahora como acusación popular, puede desde ahora contar las diligencias realizadas sobre el procedimiento, solicitar otras y participar en los interrogatorios de los investigados, entre los que se encuentra el alcalde Manuel Martínez Sirvent, en caso de que finalmente, si no se archiva la causa antes, acudan a declarar.
El mismo juzgado ha pedido al gobierno local aportar la información «ordenada y las actas» de los 263 procedimientos de infracción que asegura que ha abierto entre junio de 2019 y marzo de 2023.
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