El alcalde de San Miguel adjudica por decreto un plan para 2.000 viviendas a cinco días de las elecciones

Juan de Dios Fresneda candidato del PSOE a la Alcaldía y actual primer edil de San Miguel de Salinas ha validado por decreto la aprobación del plan de actuación integrada del sector urbanístico SUS-A Los Invernaderos y la concesión de la condición de agente urbanizador al promotor propietario mayoritario de los terrenos. El proyecto contempla la construcción de más de 2.000 viviendas, en su mayoría turístico residenciales.

El procedimiento está en el punto de mira de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses tras una denuncia de Izquierda Unida.

Fresneda daba el visto bueno a este planeamiento a cinco días de las elecciones municipales. Firmado el pasado martes, es uno de los más importantes de la comarca en estos momentos tanto por superficie a urbanizar como en número de viviendas turístico residenciales a construir, .

El decreto recoge a su vez que como el plan ya contaba con los instrumentos de planeamiento aprobados como el plan de reurbanización y reparcelación -porque se remonta a principios de los años 2000 y se paralizó por la crisis del ladrillo-, la competencia de validarlo es del alcalde, no del pleno.

Urgencia

En declaraciones a INFORMACION.ES Fresneda ha dicho que no es necesario elevar el acuerdo al pleno. Asegura que todo el procedimiento se ha realizado ajustándose a la legalidad urbanística, aunque no ha especificado la urgencia de firmar el decreto ahora, a pocos días de unas elecciones municipales, en vez de esperar a los comicios y contando con todos los parabienes que lo pueda hacer quien presida la Corporación entrante solo unos días después. El alcalde afirmó en este sentido que el plan lleva muchos años sin resolverse "y que va a dar trabajo".

Sobre la validez del procedimiento empleado y las dudas que ha planteado en su fiscalización económica la interventora, el primer edil ha explicado que la tramitación está avalada además por un informe del servicio de asesoramiento municipal e intervención urbanística de la Conselleria de Política Territorial, pese a que el informe de la Conselleria no es vinculante.

Una vez que este diario ha preguntado este jueves por el decreto el primer edil, que inicialmente indicó que no tenía previsto informar sobre el tema, emitió un comunicado celebrando el «desbloqueo» del plan y los ingresos que va a recibir el municipio. 

Patricova y ZEPA

En la resolución del primer edil figura un informe de la Técnico de Administración General y del secretario del Ayuntamiento, donde la técnico de urbanismo se pronuncia sobre las alegaciones al planeamiento. En el mismo se estiman algunas de las presentadas por empresas propietarias de suelo y, de forma muy parcial, las propuestas por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas que advierte que el ámbito de la urbanización está afectado por el riesgo de inundabilidad que figura en el Patricova.

El sector está atravesado por una rambla que se desbordó y provocó graves daños durante las intensas lluvias de la DANA de septiembre de 2019, en amplias zonas verdes concentradas sobre el barranco soterrado en un cauce privatizado con visto bueno de la CHS. También que los 460.000 metros cuadrados de superficie del plan están en el ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves.

Informes de la interventora

Carece de informe de la interventora, que en otras fases del mismo procedimiento ha cuestionado que se hayan confirmado una parte de las licencias de obra de viviendas solicitadas cuando se puso en marcha el plan hace más de una década porque las tasas del impuesto de construcciones estarían prescritas y habría que solicitarlas de nuevo.

Tampoco tiene claro la funcionaria por qué no aparecen en la contabilidad municipal más de 4 millones de euros pagados por la empresa que se ha adjudicado la condición de urbanizadora, por la subasta de suelos que se realizó para liquidar las cargas del plan y que les permitió contar con más del 66% de la propiedad del proyecto. 

Antecedentes

Este proyecto urbanístico se remonta a una recalificación de suelo rústico plantado de bancales de almendro en el boom del ladrillo a principios de los años 2000. El agente urbanizador que llevó a cabo las obras tuvo que abandonarlas cuando estaban ejecutadas al 95% al presentar concurso de acreedores.

El paso del tiempo y la vandalización del sector ha provocado que la inversión necesaria para que se ajuste al planeamiento aprobado en su día rebase ampliamente los cuatro millones de euros, en especial para hacer llegar el suministro eléctrico del que carece. Una cantidad que supera ampliamente el porcentaje del presupuesto municipal que exige una aprobación plenaria, el 10% del total, según Izquierda Unida.

Las tramitaciones relevantes de este plan urbanístico siempre se han abordado al debate y aprobación del pleno. Pasaron por sesión plenaria tanto la primera adjudicación de la condición de agente urbanizador como su reversión, circunstancias que el alcalde recoge en el decreto de adjudicación de la condición de urbanizador y aprobación del PAI para el que paradójicamente no se ha convocado pleno.