Anticorrupción reclama cárcel para Bascuñana por cobrar de Sanidad más de cuatro años sin hacer nada

Tres años de prisión, seis de inhabilitación absoluta y otros cinco y medio sin poder desempeñar cargo o empleo público que suponga el ejercicio de las funciones de prestación de servicios médicos en organismos dependientes de la Generalitat. Es la petición de pena a la que se enfrenta el exalcalde de Orihuela Emilio Bascuñana, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de los delitos continuados de prevaricación y malversación, ambos en concepto de cooperador necesario e inductor, por haber cobrado durante más de cuatro años de la Conselleria de Sanidad sin que conste que desempeñara actividad alguna que justificara ese salario.  

El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Orihuela, después de que en abril del año pasado fuera desalojado de la Alcaldía tras una moción de censura del PSOE apoyada por Ciudadanos, sus socios de gobierno hasta ese momento, se habría embolsado indebidamente 141.031 euros entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011. 

Una cantidad cuya devolución reclama la Conselleria de Sanidad, personada como acusación particular y quien dio origen a la apertura de este proceso a raíz de una denuncia interpuesta por la dirección general de Recursos Humanos.

Las investigación judicial, que comenzó en 2020, ha permitido al Ministerio Público concluir que el también expresidente provincial de la Cruz Roja, cuando era médico en un centro de atención primaria de Orihuela, fue adscrito a la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante «sin que se indicara las tareas ni las funciones que debía desempeñar».

Un adscripción funcional que se fue prorrogando y en la que se hacía constar que mientras permaneciera en esa situación, «percibiría sus retribuciones con cargo al puesto de origen», al que Bascuñana no acudía, pero sin «ninguna descripción de las tareas, trabajos o cometidos que debía desempeñar como tampoco de los motivos que hacían necesario el mantenimiento de esa asignación funcional». 

"Flagrante quebranto de la legalidad"

Anticorrupción sostiene que «se produjo un flagrante quebranto de la legalidad, una adscripción sin quedar acreditados los elementos fácticos y jurídicos necesarios (...), lo que se hizo de forma arbitraria y a sabiendas de lo ilícito de su proceder, y ello gracias al comportamiento de Bascuñana que fue el que, mediante su solicitud, propició la inicial adscripción funcional, la aceptó, pese a saber que no respetaba los parámetros legales, y dio pie a la prórroga con una nueva solicitud, tan ilícita como la primera, la cual también aceptó hasta que fue revocada».  

Presuntas irregularidades que fueron posibles gracias a la actuación de varios entonces altos responsables de Sanidad contra los que no se han podido dirigir las actuaciones por prescripción, según se concreta en el escrito de acusación.

Un escrito en el que se concluye que «de forma indebida al no realizar ningún tipo de prestación a cambio, el acusado se enriqueció injustamente con cargo al erario público al recibir el importe de las retribuciones que le eran entregadas mensualmente por las supuestas actividades que realizaba, cantidades que fueron distraídas de su legítima finalidad al no ser aplicadas a ningún fin público». 

De las presuntas actividades no se ha encontrado rastro.